Gobierno: Informe del grupo de trabajo de la ONU sobre Camacho no es vinculante y no generará un proceso para el Estado

El Gobierno aseguró que el desacato al pedido de libertad que realizó la defensa del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, basado en un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (Onu), no es vinculante y no generará sanciones o procesos internacionales que culminen con el pago de indemnizaciones.

“Este es un informe de un Grupo de Trabajo, opinión que puede ser revisada, independientemente cual sea la posición final del Grupo de Trabajo, el responsable de derechos humanos, el propio Alto Comisionado de los Derechos Humanos, no es vinculante, no es obligatorio y no va generar ninguna responsabilidad internacional”, declaró el ministro de Justicia, César Siles, ante una consulta hecha por Visión 360, sobre posibles procesos internacionales que podrían incluir sanciones a las actuales autoridades.

El Ministro anunció que solicitará “enfáticamente”, al Grupo de Trabajo de la Onu, actualizar dicho informe e incluya elementos probatorios, que afirma les fueron entregados y que por alguna razón no se tomaron en cuenta, “seguramente por algún descuido”, sostuvo.

Asimismo, el Gobierno solicitará a dicho grupo, que se incluya informes del estado actual del proceso, tal como lo señala el manual para este tipo de grupos de trabajo, que establece normas para realizar reuniones y consultas a los estados que son requeridos por diferentes casos.

Siles afirmó que el Grupo de Trabajo que se refirió al caso de Camacho no cumplió con el manual y que este solo emitió una nota de requerimiento que fue atendida por la Procuraduría.

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Datos del informe

"La privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria. Contraviene los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V", señala la primera resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención del gobernador electo de Santa Cruz en la cárcel de Chonchocoro.

El documento fue conocido la pasada semana y ayer, en conferencia de prensa, la defensa de Camacho, con el apoyo de la Human Right Foundation, exigieron al Gobierno de Luis Arce, adoptar las medidas necesarias para remediar la situación del gobernador de Santa Cruz, “sin dilación”, en conformidad con las normas internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Al contrario del ministro de Justicia, los representantes de Human Right Foundation aseguraron que la “opinión” del Grupo de Trabajo de la ONU “no es solo una declaración o recomendación, sino un mandato vinculante”, por lo que solicitaron que el Gobierno viabilice la libertad inmediata de Camacho.

El informe del grupo “considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

Al respecto, por sus redes sociales (administradas por sus familiares), el Gobernador de Santa Cruz anunció que iniciará acciones jurídicas ante organismos internacionales, a fin de que “se sancione penalmente y personalmente” a todos los funcionarios del Gobierno de Arce, el Órgano Judicial y del Ministerio Público, “que participaron de forma directa o indirecta del operativo de mi secuestro el 28 de diciembre de 2022, de mi detención preventiva ilegal en Chonchocoro y de todas las torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos en mi contra por estos funcionarios hasta la fecha”.

Camacho considera que, si las autoridades judiciales no toman en cuenta los lineamientos del informe del Grupo de Trabajo de la Onu incurrirán en la figura de prevaricato. Concluyó advirtiendo que: “las autoridades judiciales que decidan mantenerme secuestrado, serán llevadas a procesos internacionales, para que respondan ante los diferentes organismos internacionales y sus Estados miembros por sus decisiones violatorias contra mis derechos humanos”.