Alanoca advierte con proceso penal contra el Gobernador Quispe por daño económico en la planta de “Jinchaca”

El asambleísta departamental Israel Alanoca advirtió con el inicio de un proceso penal en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe, por un posible daño económico. El legislador desmintió a esa autoridad, que el jueves anunció el cierre de la Planta procesadora de pescado de “Jinchaca”, asegurando que en su gestión no se invirtió “ni 10 centavos” en el fallido proyecto instalado en el municipio de Copacabana.

Alanoca basó sus acusaciones con respaldo en los informes presentados ante la Asamblea Legislativa Departamental, por los propios funcionarios dependientes de Quispe. Por su lado, el gobernador responsabiliza del daño económico a su antecesor, Félix Patzi, contra quien anunció el inicio de otro proceso penal.

Datos que lo implican

Los documentos revelan que en la gestión del actual Gobernador se dispuso la inversión de cinco millones de bolivianos, para el “relanzamiento” de “Jinchaca”. Alanoca precisó que esa inversión, programada en 2021 y debía ejecutarse hasta 2026, además que, durante dos años, se ejecutaron más de 800 mil bolivianos de ese presupuesto, dinero con el cual solo se produjeron 960 enlatados de trucha.

“Sobre la defraudación de recursos que estaban destinados a la Planta procesadora de pescado Jinchaca, de acuerdo al procedimiento, lo que sigue es la interpelación ante el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, de los dos directores (del Servicio Departamental Agropecuario – Sedag y del de Desarrollo Económico y Transformación Industrial). Pero al margen del tema administrativo, consideramos que existen suficientes pruebas y la ley nos faculta a presentar un proceso penal contra el gobernador Quispe -porque es la cabeza de la institución- los dos funcionarios y todo el equipo técnico que los acompaña, lo estamos analizando con nuestros abogados”, afirmó el asambleísta Alanoca, en entrevista con Visión 360.

Admiten el hecho

El legislador explicó que las irregularidades fueron admitidas por los secretarios departamentales de Desarrollo Económico y Transformación Industrial (Sddeti), Celso Anaya y Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), Hugo Aduviri, en dos informes orales que dieron ante la Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa departamental de La Paz.

Previo a ese informe, ambos funcionarios confirmaron que existe un daño económico generado por la mala planificación y administración de “Jinchaca”, atribuyendo esas falencias a quienes trabajaron en la gestión de Patzi.

No obstante, Alanoca afirmó que Anaya fue “estratégicamente” removido del cargo en lo últimos días, con el fin de entorpecer la interpelación ante el Legislativo Departamental.

“Este programa de la planta de Jinchaca ha continuado con la gestión de Santos Quispe y él no se puede lavar las manos, porque habría un daño económico (…) Se ha ejecutado en los ítems de viáticos, viajes al interior del país, consultores en línea, publicidad, servicios de imprenta, fotocopiado y fotografías, servicios manuales, gastos por refrigerios al personal eventual, útiles de escritorio, equipo de computación y otros. En el año 2022 se ha gastado un monto de 379.966 bolivianos y el 2021 se gastó 433.206 bolivianos”, apuntó Alanoca.

Contradicciones

El pasado miércoles, el Gobernador de La Paz anunció el cierre de la planta de “Jinchaca” y aseguró: “Nosotros no hemos invertido ni 10 centavos. ¿Por qué vamos a invertir en una cosa que no da frutos? ¿Para qué vas a tener una enlatadora manual? No nos sirve de nada”, según reportó la ANF.

Otra irregularidad que en criterio de Alanoca involucra la responsabilidad de la actual gestión, es la falta de un estudio técnico que evidencie la mala administración de “Jinchaca” en las anteriores gestiones, o que justifique el cierre de esa instalación en Copacabana, pese a que el lugar está abandonado, según la versión del propio Anaya.

Alanoca precisó que el 8 de abril ya se entregó la solicitud de interpelación para Anaya y Aduviri, al presidente de la Asamblea Departamental, Alex Arteaga. Recordó que, de acuerdo a la norma, dicha interpelación debe ser programada en un plazo máximo de cinco días (hasta el miércoles 16 de abril).

“Si este acto no se programa en la Asamblea, también lo debemos denunciar, porque consideramos que habría complicidad por parte de algunos asambleístas, para favorecer a estos malos funcionarios”, remarcó Alanoca.

En la gestión del gobernador Quispe se proyectó una inversión de cinco millones de bolivianos, para el programa de la planta de “Jinchaca” y se logró una ínfima producción de 960 enlatados. Mientras las ocho maquinarias compradas por la Gobernación paceña se encuentran oxidadas y cubiertas polvo.