¿Gasolina a bs 5, sin subvención y durante 5 años?

En marzo de 2025, el presidente del Estado, Luis Arce, reconoció que Bolivia importa el 90 % de su combustible y destina aprox. $us 3.000 millones anuales a esas compras, señalando que el principal problema no sería la subvención, sino las dificultades de adquisición por la escasez de divisas (Los Tiempos).

Desde un enfoque macroeconómico vinculado al sector hidrocarburífero, puede colegirse que la escasez de divisas no responde a un simple "desbalance coyuntural", sino a un deterioro estructural. La crisis obedece al desplome del volumen de exportaciones, provocado por el agotamiento de reservas, la falta de inversión en exploración, producción y modernización energética, el fraude en las "reservas certificadas" —que de 10,7 TCF en 2018 disminuyeron a apenas 4,5 TCF en 2023— y la pérdida del mercado argentino que representaba el 28 % del total exportado (2022). Todas negligencias del régimen.

Durante la que denomino "burbuja wiphaleña", la renta hidrocarburífera sostuvo artificialmente la balanza de pagos, encubriendo la ausencia de una diversificación productiva real. Concluido ese ciclo, las debilidades estructurales quedaron expuestas: en 2024, las exportaciones totales cayeron cerca de un 40 %, mientras que las de combustibles descendieron en torno al 60,9 %.

Recientemente, el presidenciable Manfred Reyes Villa, atendiendo dos problemas estructurales —el desabastecimiento de combustibles y el creciente déficit público por la importación subvencionada—, ha planteado garantizar el abastecimiento de gasolina a un precio accesible de Bs 5 por litro, sin necesidad de subvención estatal y por un periodo de 5 años.  Analicemos.

La propuesta de “Gasolina y Diésel a Bs 5, sin subvención por 5 años” es técnicamente viable si Bolivia, mediante una alianza público-privada implementa un esquema de compra directa y transparente a refinerías internacionales, suscribiendo contratos quinquenales que eliminen intermediarios y sobreprecios. La adopción de contratos "Free on Board" (FOB), por ejemplo, permitiría evitar inflaciones ficticias disfrazadas de “servicios logísticos” sobrefacturados.
Además, la política de contratos de suministro de largo plazo reduciría la exposición a la volatilidad de precios, aseguraría abastecimiento continuo y garantizaría estándares de calidad, como gasolinas de “93 RON” como mínimo, optimizando el desempeño vehicular y reduciendo riesgos ambientales. El despacho acelerado desde terminales, a su vez, minimizaría la degradación de combustibles almacenados, preservando su calidad hasta el consumidor final.

En contraposición, el actual régimen —ya en retirada— estaría operando un esquema de compra irregular de combustibles, recurriendo a buques sin bandera confiable —frecuentemente denominados "piratas"— que desviarían cargamentos en alta mar. Estas adquisiciones se efectuarían con sobreprecios tanto en el producto como en su transporte mediante cisternas desde puertos externos, lo que facilitaría esquemas de triangulación ilícita.

A ello se sumaría un grave deterioro logístico y técnico: gran parte de estos combustibles, de origen incierto, permanecería almacenada durante un tiempo en condiciones inadecuadas debido a la incapacidad de pago, acelerando su degradación química. La gasolina, sin aditivos estabilizantes, perdería capacidad de combustión a menos de tres meses, transformándose en un producto ineficiente y potencialmente dañino para motores, redes de distribución y el medio ambiente.

Peor aún, existirían denuncias de adulteración mediante el “estiramiento” de la gasolina con etanol u otros alcoholes en proporciones no reguladas, lo cual reduciría su octanaje, afectaría el rendimiento de los vehículos y pondría en riesgo la seguridad mecánica y vial de la población civil. Con lo que el costo de la corrupción terminaría superando al de la propia subvención.

En síntesis, mientras la propuesta de Reyes Villa —técnicamente viable— apuesta por eficiencia, transparencia y calidad para proteger al pueblo, el régimen actual institucionaliza el robo, el deterioro técnico y el riesgo social.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360