Entre Pinochos y ministros

En política, como en el viejo cuento de Pinocho, la mentira tiene una particularidad: tarde o temprano termina creciendo frente a todos. El problema es que en Bolivia las narices políticas ya no parecen provocar sorpresa. Nos hemos acostumbrado tanto a las contradicciones del poder que aquello que debería generar una explicación inmediata termina convertido en otra polémica pasajera.

Esta vez el protagonista es José Gabriel Espinoza, ministro de Economía y Finanzas Públicas. La controversia surgió después de conocerse documentación sobre la adquisición de una vagoneta Audi Q4 e-tron. Según la Escritura Pública N.º 1685/2026 difundida por medios de comunicación, la transferencia habría sido registrada por Bs 50.000. Sin embargo, el propio ministro afirmó posteriormente que el vehículo tuvo un valor de Bs 350.000.

La diferencia no es pequeña. Son trescientos mil bolivianos entre una cifra y otra.

Espinoza aseguró que realizó el trámite mediante una tramitadora y sostuvo que, si existe un error, debe corregirse.  Esa explicación puede ser cierta. Precisamente por eso debe comprobarse. Porque cuando se administra la economía de un país no basta con decir “hubo un error”. La función pública exige algo más incómodo y, al mismo tiempo, más sencillo: mostrar los documentos y despejar las dudas.

El vicepresidente Edmand Lara pidió al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Contraloría revisar la operación.  Y aquí conviene evitar el espectáculo político: esto no debería convertirse en una pelea de funcionarios, sino en una cuestión de transparencia institucional.

No existe, hasta ahora, fundamento suficiente para afirmar como hecho probado que el ministro evadió impuestos. Lo que sí existe es una inconsistencia pública entre el monto consignado en una escritura y el precio que el propio ministro reconoce haber pagado. Y esa diferencia plantea una pregunta inevitable: ¿sobre qué monto se realizaron los pagos tributarios correspondientes a la transferencia? Esa cuestión todavía merece una respuesta documental clara.

El asunto resulta especialmente sensible porque hablamos del ministro encargado precisamente de las finanzas públicas. Quien exige formalidad tributaria al ciudadano debe estar dispuesto a exhibir una formalidad todavía mayor en sus propios actos. No porque un ministro pierda sus derechos como ciudadano, sino porque adquiere responsabilidades superiores como servidor público.

Bolivia está cansada de discursos que predican austeridad mientras alrededor del poder aparecen interrogantes que nadie termina de responder. Está cansada de que las explicaciones oficiales lleguen después del escándalo y no antes. Está cansada de descubrir que, cuando los números incomodan, siempre aparece algún error administrativo, algún tercero responsable o alguna interpretación conveniente.

Quizá el problema no sea el Audi. Ni siquiera los Bs 50.000 o los Bs 350.000.

El verdadero problema es la confianza.

Pinocho mentía y le crecía la nariz. En nuestra política contemporánea las contradicciones pueden crecer mucho más: crecen hasta convertirse en desconfianza ciudadana.

Y un ministro de Economía debería saberlo mejor que nadie: cuando se pierde la confianza, recuperarla siempre cuesta mucho más caro.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360