Gobierno analiza acudir a la CIDH y a la ONU para que indaguen los bloqueos "evistas"

El ministro de Justicia, César Siles, anunció este lunes que el Gobierno no descarta pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que envíen misiones que investiguen los daños de los bloqueos “evistas”.

“Lo que estamos haciendo nosotros es pedir que se hagan los análisis correspondientes, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (…), que puedan hacer una visita para comprobar no solamente estos bloqueos criminales, anuncios de cercos criminales de este año, sino también lo sucedido el año pasado”, expresó Siles en conferencia de prensa.

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Además, se analiza la posibilidad de solicitar la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tal como sucedió con la crisis de 2019.

“Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un GIEI para el tema de los bloqueos del pasado año como de este año que, sin duda, han afectado y están afectando la libre locomoción, a la salud, a la educación”, declaró el titular de Justicia, que lamentó “que haya muchas personas afectadas, heridos y hasta fallecidos”.

Siles calificó a los bloqueos como acciones “criminales” que traspasaron el derecho a la protesta para convertirse en delitos con impacto humanitario. Entre los casos más graves se encuentra la obstrucción del paso de ambulancias, el incendio de vehículos de emergencia, la agresión a médicos y enfermeras, entre otros hechos violentos.

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Sectores “evistas” bloquean las carreteras troncales de Cochabamba para exigir la inscripción de Evo Morales como candidato para las elecciones presidenciales pese a un fallo constitucional que pone freno a esa intención. Los movilizados además exigen la renuncia del presidente Luis Arce.

Además, Siles recordó que el pasado viernes se presentó una denuncia penal contra Morales, la dirigente Suset Rodríguez y otras personas, por ocho delitos, entre ellos atentado contra la salud pública, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.