La SIP expresa alarma por aumento de violencia contra la prensa en Bolivia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este lunes su “profunda preocupación por el aumento de la violencia, la estigmatización y las restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia, lo que representa una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa”.

La organización, con sede en Miami, instó al Gobierno a fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

El informe semestral de la SIP consignó que en Bolivia “las restricciones tienen cuatro escenarios: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria y el discurso contrario al trabajo de la prensa libre, que a su vez se transforma en violencia”, y agregó que “el discurso ideológico en contra de medios y periodistas se expresa en consignas estigmatizantes en las que se los califica de ‘prensa vendida’ y ‘cárteles de la mentira’’".

Se ha denunciado además hostigamiento judicial contra periodistas para que revelen su fuente de información. La semana pasada, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusó al canal privado Unitel de “un afán conspirador”.

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El presidente de la SIP José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, expresó, citado en el sitio web del organismo, que “resulta alarmante constatar cómo la violencia y la estigmatización afectan directamente a periodistas y medios en Bolivia. Es indispensable proteger la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia y garantía de que la ciudadanía pueda acceder a información libre y veraz”.

Mientras que Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó al Gobierno a “mostrar tolerancia frente a la diversidad de opiniones y a garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre cualquier acto de violencia o amenaza contra periodistas y medios”. Agregó que “el Estado debe asumir su responsabilidad de promover un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, desalentar todo tipo de discurso estigmatizante y poner fin a cualquier incitación a la violencia”.

El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó que Bolivia la calificación de “alta restricción” en el país “es indicativa de los múltiples casos de violencia en contra de periodistas y medios; de impunidad ante estos hechos, del cierre de medios y de las crecientes restricciones para informar y expresarse”.

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Concluye que “la labor periodística es víctima múltiple de la asfixia económica gubernamental, del acoso y de los ataques físicos, verbales, cibernéticos, policiales y judiciales, entre otros, que ahondan la vulnerabilidad de su ejercicio y que conculcan la garantía democrática de una sociedad informada y con libertad de expresarse”.

El país se ubicó en el puesto 18 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

La alerta de la SIP se suma al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) sobre la escalada de “ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica” desde enero.

Entre otras violaciones a la libertad de prensa, los y las periodistas han sido víctima de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas; amenazas y decomiso de equipo.