Gobierno lanza un plan de lucha contra incendios forestales, con componentes que prevén capacitar y reponer áreas afectadas

El Gobierno boliviano lanzó un plan de lucha contra incendios forestales con cinco líneas estratégicas de acción, entre las que se prioriza la organización para el combate, comunicación, capacitación, , ante la llegada de la época seca y el inicio de chaqueos, pese a la pausa ambiental que rige en el país.

El presidente Luis Arce señaló que junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio Defensa, las Fuerzas Armadas, a través del comando conjunto de respuesta ante eventos adversos, "se crea la Unidad Especializada de Atención de Desastres Naturales, con gobernaciones, alcaldías y otras instituciones", que desempeñaron un papel importante en los incendios forestales de 2024.

En ese marco, lanzó el plan "En Defensa de la Vida y el Medio Ambiente Lucho contra el Fuego 2025, que propone líneas estratégicas de acción orientadas a la prevención y control de las quemas, respuesta inmediata a los incendios forestales, así como la restauración de las áreas afectadas con la finalidad de resguardar los derechos del Madre Tierra".

Los cinco componentes base para la implementación del plan, según explicó, son:

1. El fortalecimiento institucional.
2. La institucionalización y promoción del manejo integral del fuego.
3. Generación de capacidades, comunicación y sensibilización en la prevención de incendios forestales y en el manejo integral del fuego.
4. Articulación y socialización de la información para la atención de incendios forestales.
5. Restauración de ecosistemas afectados por incendios forestales mediante la reforestación.

Arce recordó que en 2024 Bolivia enfrentó una de las peores crisis ambientales de la historia, cuando se quemaron 12 millones de 57% eran bosques y el 44 por ciento eran pastizales o áreas de vegetación baja.

Tras el lanzamiento, junto con autoridades de Defensa y Medio Ambiente, hizo enetrega de dotación y herramientas para el combate contra e incendios a militares, policías, funcionarios municipales y bomberos voluntarios, por un monto superior a los 3,4 millones de bolivianos.