miércoles 27 de mayo de 2026

Un nuevo episodio

Litio: Escala la violencia en la Comisión de Economía Plural; gritos, insultos y jalones

Los hechos se suscitaron a raíz de la irrupción de la diputada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, en la sesión, quien ingresó con un cartel que señalaba: “el litio no se vende”, y después actuó con violencia.
Violencia en la Comisión de Economía Plural. Foto: APG
Violencia en la Comisión de Economía Plural. Foto: APG

La violencia en la Comisión de Economía Plural escaló la tarde de este martes, con insultos, jalones, empujones y gritos, todo con el objetivo de evitar el análisis del contrato de litio que el Gobierno firmó con la empresa rusa Uranium One Group.

Los hechos se suscitaron a raíz de la irrupción de la diputada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, en la sesión, quien ingresó con un cartel que señalaba: “el litio no se vende”, y después actuó con violencia.

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Los integrantes de la comisión le pidieron respeto y que abandone el lugar; no obstante, lejos de lograr el cometido, se desató una pelea en la que intervinieron otras legisladoras más, quienes intentaron mover una mesa.

De acuerdo con videos difundidos en las redes sociales, la diputada “arcisita” Tania Paniagua y otra de sus colegas jalaban la mesa ante la vista de otros legisladores. Entre tanto, la diputada “evista” María Alanoca se sacó su manta, sombrero y aretes, dispuesta para un pugilato más, aunque solo se quedó gritando.

Paniagua también empujó al diputado de Creemos, Walthy Égüez, quien no respondió, más bien dejaba ver su sonrisa, y seguía ayudando con el pie a mantener la mesa.

Égüez, luego de lo sucedido, indicó que había el compromiso de sesionar en la ciudad de Potosí, pero se argumentó que no hay los recursos económicos suficientes para el traslado de los diputados.

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Los contratos del litio, uno firmado con una empresa rusa y otro con una compañía china, se encuentran en el Legislativo. El primero en la comisión y el segundo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Los legisladores potosinos, además de los cívicos de la región, demandan que se suspenda su tratamiento hasta que asuma el próximo Gobierno.

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