martes 24 de febrero de 2026

Norma

Industriales aseguran que la Ley de Diferimiento de Créditos es "un golpe directo al sistema financiero nacional"

Para la CNI, la norma debilita la economía nacional, erosiona la cultura de pago y vulnera el principio de consenso.
Sesión de la ALP en la que se aprobó la Ley de Diferimiento de Créditos. FOTO: APG
Sesión de la ALP en la que se aprobó la Ley de Diferimiento de Créditos. FOTO: APG
jueves 06 de noviembre de 2025

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechazó, mediante un comunicado público, la aprobación de la Ley 547/2024-2025, denominada Ley de Diferimiento de Créditos, por considerarla un golpe directo a la economía nacional. La entidad advirtió que, de aplicarse, la norma reducirá aún más la liquidez del sistema financiero.

"Esta norma no representa un beneficio para el país; por el contrario, constituye un golpe directo al sistema financiero nacional. Lejos de fortalecerlo, reduce su liquidez y limita su capacidad de otorgar créditos, afectando a las empresas y familias bolivianas que dependen del financiamiento para invertir, producir y generar empleo", señala el comunicado de la Cámara.

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Al igual que otras organizaciones, como la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la CNI identificó tres grandes perjuicios que la nueva norma ocasionaría al sistema financiero.

En primer lugar, debilita la economía real, ya que al restringir el acceso al crédito se frena la inversión, la producción y el abastecimiento de los mercados. Además, erosiona la cultura de pago, pues, según los industriales, "premia la irresponsabilidad y castiga la solvencia, dañando una cultura de cumplimiento financiero que tomó décadas construir. Se transmite el mensaje equivocado de que las obligaciones pueden incumplirse sin consecuencias".

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Finalmente, la CNI advierte que la ley vulnera el principio de consenso. "En un Estado de derecho, las decisiones deben ser resultado del diálogo y la concertación con los actores directamente involucrados. Imponer normas de manera unilateral solo agrava la desconfianza y la incertidumbre", señala el pronunciamiento.

Las instituciones calificaron de irresponsable la decisión de las autoridades salientes de aprobar la norma sin evaluar sus efectos sobre la economía y el sistema financiero nacional.