Reforma constitucional

Se ha iniciado un nuevo periodo de gobierno el sábado 8 de noviembre pasado. Don Rodrigo Paz juró como Presidente del Estado, o de la República, por si acaso los términos no son incompatibles; quizá muchos y muchas deben estar lanzando el grito al cielo al leer esto, más por su tan arraigado racismo socapado que por temas teóricos, pero volveremos sobre esto más adelante, dado el tema escogido para esta columna de opinión.

Antes de los actos del anterior fin de semana, ya se hablaba hasta el hartazgo, en medios escritos, televisivos, radiales y por supuesto en las redes sociales, de la titánica tarea que tienen nuestros nuevos gobernantes de rencausar al país, en lo económico, social, político, moral y, cómo no, jurídico, luego del descalabro que fueron tantos años de hacer lo que no se debe.

Mucha tinta se ha gastado en señalar todas las medidas económicas que se debería emprender, sus riesgos, oportunidades y acciones concretas para el gas, el litio, el turismo, la industria incipiente, las empresas públicas, los inexistentes dólares, etc., pero en lo jurídico, lo único que se ha podido leer, es que debe modificarse la Constitución de 2009, pero nuevamente de manera nada racional o debidamente fundamentada, solo tratando al texto fundamental como una herencia del MAS, los “progres”, los “zurdos” y esos “indígenas molestos” que arruinaron nuestro hermoso “reino” ¡ah no, perdón!, nuestra correcta, idílica y “decente” República.

Entonces, surgen algunas preguntas: ¿Es necesario reformar la Constitución? ¿Será posible hacerlo en el actual contexto? ¿Reforma total o parcial? ¿Qué se debería reformar?

En general todas las Constituciones pueden ser reformadas o enmendadas, con variable dificultad, existen países donde es más fácil que en otros, pero generalmente las normas fundamentales se construyen con la idea de cierta estabilidad en el tiempo (como la nuestra) o incluso perennidad (como la norteamericana); pero lo central es que la reforma responda a la dinámica social que sabemos va variando en el tiempo. Por supuesto una Constitución redactada hace 100 o 200 años ya no responde a la realidad de este siglo en el que vivimos. Es así que las normas fundamentales de la mayoría de países de la región se han redactado o modificado en los últimos años del siglo pasado (Argentina 1994, Brasil 1988, Colombia 1991, Ecuador 2008, Paraguay 1992, Perú 1993, Venezuela 1999) pensando en los desafíos de esta centuria y en las nuevas corrientes constitucionales progresista - garantistas muy propias de nuestra región y continúan rigiendo a los diferentes Estados.

Una constitución está pensada para durar mucho tiempo, debe ser estable, para dar seguridad jurídica y política al país, por ello, no se cambia con frecuencia, la nuestra solo tiene 16 años de vigencia (casi nada), deberíamos preguntarnos más bien si esta norma fundamental – con sus luces y sombras - se ha cumplido a cabalidad ¿El amplio catálogo de derechos individuales y colectivos han beneficiado a cada uno de nosotros? ¿Los pueblos y naciones indígenas están mejor que hace 30 o 40 años atrás? ¿Los departamentos y municipios gozan de su autonomía plena y se han desarrollado más? ¿Ya somos un país sin discriminación, racismo, con igualdad entre hombres y mujeres? ¿Tenemos instituciones fuertes como están diseñadas en varios artículos de la CPE?  ¿Somos un país próspero, industrializado y potencia energética de la región? ¿Respetamos el medio ambiente, bosques, aguas, fauna y flora, como dice todo es capitulo constitucional? Verdad que no, y que les hace pensar a aquellos y aquellas que despotrican por ver quemada la norma de 2009, que esto cambiará o mejorará como por arte de magia con otra redacción.

Es bastante claro que quizá no es necesario modificar la norma fundamental. Como vemos, el tema no es alterarla sino cumplirla, no entender aquello se explica solo por sentimientos negativos de otro tipo, desde una clara incomprensión, conservadurismo o dogmática, hasta otros más oscuros como un rancio racismo, clasismo o presunta superioridad.

Aquí surge el tema de la segunda pregunta que nos hicimos. En sí, se hace muy difícil - dada la actual coyuntura - pensar en una reforma constitucional; el nuevo gobierno, quiérase o no, tiene una patente debilidad, no cuenta con una estructura política ni presencia territorial. En suma, sus votos fueron prestados por los sectores populares e indígenas que les facilitaron la victoria, que estarán muy atentos a cualquier intento serio de retroceder en sus reivindicaciones, por muy simbólicas que estas fueran. Esto, al parecer, lo tienen claro nuestros noveles gobernantes, que lanzan señales para un lado (Biblia, crucifijo, escudo, etc.), pero inmediatamente cuidan de no desportillar a nadie por el otro (léase el discurso del vicepresidente Lara), se dan cuenta que el más mínimo error puede derrumbar el castillo de naipes. Un segundo elemento importante, es que pensar en una reforma constitucional antes de solucionar el tema del bolsillo de la gente, puede estar condenada al fracaso y ser contraproducente, por ello mejor bicicletear el tema.

Lo anterior tiene además relación con el tipo de reforma (la tercera pregunta), nuestra norma fundamental admite en su artículo 411 una total y otra parcial, la primera, solo por Asamblea Constituyente y la segunda a través de iniciativa popular (pedido del 20% del electorado) o por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (aprobada por 2/3 de votos) previo dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sin embargo, hay candados interesantes, la reforma parcial no puede tocar los temas que afecten las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías o la primacía y reforma constitucional, entonces los detractores no se ilusionen con intentar modificar el Estado Plurinacional (art. 1), las acciones afirmativas para los pueblos indígenas (art. 2 y 3), sus derechos colectivos (art. 30), la primacia de los derechos humanos (arts. 13. IV. 256 y 410) entre algunos puntos relevantes. Llamar a una Asamblea Constituyente ¡Uf!, demasiado complicado social, política y hasta económicamente hablando.

Pero bueno, necesitamos responder nuestra última pregunta ante la eventualidad de que el gobierno se aventure en una reforma parcial de la norma fundamental, debería analizar a profundidad algunos aspectos, como por ejemplo: quitar poder al presidencialismo tan profundo que tenemos y que tanto daño hace, no permitir que el Vicepresidente sea parte del Órgano Legislativo; alejar de la preselección de candidatos/as a magistrados y magistradas a las entidades máximas de justicia al poder político partidario; garantizar la independencia de entidades clave del Estado que han sido desinstitucionalizadas (Contraloría General del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Bolivia, etc.); reforma de la estructura territorial del Estado, procurando la disminución de municipios y fortaleciendo las autonomías departamentales. Reformas en materia económica que permitan mayor dinámica, transparencia y rendición de cuentas, prohibición de reelección o prorrogas de autoridades, son algunas ideas a debatir seriamente.

¡Ah! Para no dejarles con la duda, República y Estado no son aspectos contradictorios como tanto se cacarea, si un país no es una monarquía es una República porque el poder pertenece al pueblo, que elige a sus representantes mediante elecciones, aspecto que Bolivia no ha dejado de lado nunca (arts. 7 y 11 CPE); mientras que el Estado es la organización política y jurídica de un país, en sí, es solo la estructura que ejerce autoridad sobre un territorio y una población (art. 1 CPE).

El término Estado no indica cómo se gobierna, solo que hay una organización soberana en un territorio y con una población determinada. Ahora que la población boliviana sea plural y diversa, por cual se ha denominado plurinacional, es otro cantar y responde a nuestra realidad histórica, social, étnica y comunitaria tan particular, por ello podríamos denominarnos perfectamente República Plurinacional de Bolivia, que se traduciría en: “país que pertenece a un pueblo plural cultural, política, económica, jurídica y lingüísticamente diverso”, que la verdad suena más bonito.

Entonces creo que el análisis nos permite ver que por ahora no es tan vital una reforma constitucional, mas importante sería cumplir lo que la actual constitución manda, más adelante cuando haya mayor estabilidad económica, social y política, quizá podamos sentarnos a meditar y analizar una modificación sólida, razonable y principalmente útil, no perdamos el tiempo.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360