De normas contra el avasallamiento a la modificación de la función de la tierra: la CAO propone ocho leyes al Gobierno

Desde proyectos de normas para combatir crímenes relacionados con el sector agropecuario hasta la liberación de restricciones en el uso de eventos genéticos, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) presentó al Gobierno un paquete de ocho propuestas legales. Al mismo tiempo, la Cámara reafirmó su compromiso de trabajar en la mejora de la economía nacional.

Klaus Frerking, presidente de la CAO, se reunió este viernes con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, a quien entregó el documento. Las medidas propuestas son consideradas por el sector como urgentes para mejorar la competitividad del país y dinamizar la economía.

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Entre las propuestas destacan cuatro anteproyectos de ley vinculados a la lucha contra el abigeato, robo o hurto de ganado, y el avasallamiento.

Según la CAO, estas iniciativas buscan proteger la propiedad agropecuaria y garantizar seguridad jurídica.

Además, se plantea la creación de una ley para la conversión de pequeña a mediana propiedad agraria, con el fin de actualizar la clasificación de tierras y facilitar el acceso a beneficios y financiamiento.

Otra propuesta incluye la modificación de la verificación de la Función Económica Social de la Tierra (FES), con el objetivo de revisar los criterios de uso productivo de la tierra.

Finalmente, se propone una norma para la liberación de exportaciones, destinada a eliminar restricciones y aprovechar plenamente los mercados internacionales.

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La CAO también elaboró un proyecto de decreto sobre la regulación para la introducción de organismos genéticamente modificados (OGM). Esto permitirá el uso de semillas mejoradas con el objetivo de incrementar la productividad y la sostenibilidad del sector.

Asimismo, se propone la liberación de exportaciones para fortalecer la producción nacional y generar divisas.

El paquete de medidas incluye incentivos tributarios para la importación de maquinaria, equipos, insumos y genética, con la exención de IVA y aranceles durante cinco años, con el fin de modernizar el agro.

Finalmente, se plantea la autorización y optimización de la libre importación y comercialización de diésel y gasolinas, centralizando los permisos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para garantizar transparencia y eficiencia en el suministro energético del sector.