Gobierno denuncia toma ilegal de la planta Ecebol en Potosí y revela contrataciones irregulares

El Gobierno, a través del gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Roberto Justiniano, denunció la toma ilegal de la planta de cemento Ecebol en Potosí por parte de un grupo de personas cuyos contratos eventuales finalizaron el pasado 31 de diciembre.

Calificó la medida como “un atentado al patrimonio estatal” y reveló un esquema de malversación de fondos heredado de la gestión anterior.

Explicó que el conflicto actual tiene su origen en el manejo irresponsable de los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), provenientes del Tesoro General del Estado (TGE), que tenían como destino exclusivo la construcción e implementación tecnológica de la planta.

“Para entender la gravedad de lo sucedido, debemos hablar con la verdad: el préstamo del FINPRO es para comprar maquinaria y levantar infraestructura, no para pagar sueldos. Sin embargo, las exautoridades utilizaron dinero de inversión para pagar planillas operativas de una planta que aún estaba en construcción”, afirmó.

Ecebol de Potosí no cuenta con el MRC

Mientras tanto, el jefe de la planta de cemento, Edson Zárate, según Satel de Potosí, informó que se registró un allanamiento por parte del gerente técnico de Ecebol de La Paz, debido a que la planta no cuenta con un MRC aprobado.

Explicó que el MRC es el organigrama de trabajo y establece los requisitos que deben cumplir los funcionarios contratados, de acuerdo con las funciones que desempeñan en la planta, como se hizo en la planta Ecebol de Oruro.

Lamentó que “las anteriores autoridades, los exgerentes, dejaron estos temas tan importantes pendientes y ahora se están pagando las consecuencias”; sin embargo, anunció que anteayer se envió el organigrama al Sedem para que el MRC sea aprobado.

La solución a este problema, dijo, es la aprobación del MRC para que se pueda contratar al personal, aunque señaló que desconoce en qué tiempo se concretará.

Denuncia

Según la denuncia técnica del Sedem, en el año 2023 se cometieron irregularidades administrativas severas: el manual de cargos preveía la contratación de un máximo de 15 personas para la etapa de transición; no obstante, se contrataron 80 personas.

“Se pagaron salarios por operar máquinas que todavía estaban en proceso de ensamblaje e instalación y se utilizó capital de inversión para gasto corriente, acción prohibida por la normativa vigente”, dijo Justiniano.

Desmintió que se haya procedido a realizar “despidos masivos”, como manifiestan los afectados. “El personal que hoy toma la planta sabía perfectamente que su relación laboral era eventual y que concluía indefectiblemente el 31 de diciembre. No podemos seguir sosteniendo un modelo de financiamiento irregular que consume el capital del Estado antes de producir la primera bolsa de cemento”, aseguró.

Anunció que no cederá ante presiones que busquen “perpetuar la ilegalidad”, por lo que se interpondrán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma.

“El Gobierno está enfocado en trabajar en una fábrica que genere utilidades para Potosí, no una agencia de empleos políticos. La ley se cumple y el patrimonio del Estado se defiende”, sostuvo.