UMSA ofrece aval técnico para certificar talleres y dar certezas a afectados por “gasolina desestabilizada”

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ofrece su respaldo técnico para la certificación de talleres mecánicos, con el objetivo de garantizar que los informes sobre averías tengan respaldo serio y verificable. La iniciativa busca dar mayor certeza a quienes esperan un resarcimiento a través del seguro solidario anunciado por el Gobierno

Este anuncio se realiza en medio del conflicto provocado por la distribución de gasolina contaminada, que afectó a 2.000 vehículos, según los cálculos realizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El director de la carrera de Ingeniería Mecánica, Jaime Sánchez, explicó que la universidad puede asumir distintos roles en este proceso, desde establecer estándares técnicos, capacitar al personal que evaluará talleres o incluso participar directamente en su evaluación para certificar a los mismos, según una nota de prensa de la UMSA.

Requisitos mínimos que debe tener un taller para realizar este tipo de trabajo

Según Sánchez, para que un taller sea considerado apto, debe cumplir requisitos mínimos como infraestructura especializada, herramientas adecuadas, personal capacitado y certificado.

“No se trata solo de emitir un documento, sino de garantizar que quien diagnostique y certifique un daño tenga la competencia técnica necesaria, evitando improvisaciones o informes poco rigurosos”, aclaró.

El Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas (IIME) de la UMSA, que depende de la Carrera de Ingeniería Mecánica, cuenta con la capacidad técnica para apoyar este proceso, además de equipamiento y personal idóneos. Como prueba de ello, se encuentra en segunda etapa de la certificación ISO 9001 (norma internacional de gestión de calidad), lo que refuerza su capacidad para asumir un rol técnico en este ámbito), precisó.

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De consolidarse esta propuesta, la certificación respaldada por la UMSA permitiría que los conductores afectados cuenten con un aval técnico sólido que sustente sus reclamos para el resarcimiento, según la nota de prensa.

De esta forma, la universidad pública pone su conocimiento al servicio de la población, contribuyendo a dar transparencia y confianza en un proceso que impacta directamente en la economía de las familias.