OEP: de árbitro técnico a protagonista político

El presidencialismo ha definido la historia política de Bolivia, generando un sistema donde Legislativo, Judicial y Electoral han tendido a alinearse con el gobierno de turno. No es un fenómeno exclusivo de una ideología, sino una práctica recurrente. El problema surge cuando esa subordinación alcanza al Órgano Electoral Plurinacional, institución encargada de garantizar elecciones transparentes. Al percibirse como un actor con influencia propia en la disputa política, su papel de árbitro imparcial se debilita y la preocupación deja de ser circunstancial para convertirse en un cuestionamiento estructural sobre la calidad democrática.

En las contiendas electorales actuales se observan desequilibrios que afectan la equidad. La eliminación del financiamiento estatal a los partidos, presentada como medida de austeridad y transparencia, ha permitido que intereses económicos privados financien campañas. Este apoyo, condicionado a futuros compromisos, compromete la independencia de los candidatos. Como resultado, el principio de igualdad de condiciones se ve vulnerado, ya que no todos los aspirantes cuentan con los mismos recursos ni acceso a redes de respaldo, generando una competencia desigual que favorece a quienes reciben apoyo económico externo con influencia política.

A ello se suma la ventaja de ciertas autoridades subnacionales, como alcaldes y gobernadores en ejercicio, quienes, electos en 2021, buscan ahora nuevos cargos o la reelección. Estas figuras cuentan con el aparato institucional bajo su administración, lo que les proporciona visibilidad constante y la posibilidad de utilizar la publicidad oficial para reforzar su imagen. Aunque no se trate formalmente de propaganda electoral directa, en la práctica esto se traduce en promoción personal. Además, su capacidad de influir en designaciones administrativas o de movilizar estructuras locales puede inclinar la balanza a su favor. Esta situación genera una competencia desigual frente a candidatos que carecen de esos recursos y de esa exposición mediática.

El debate sobre la cancelación de personerías jurídicas también ha encendido alarmas. La decisión de anular alianzas políticas por no haber alcanzado el 3% en elecciones nacionales previas puede encontrar respaldo en la normativa vigente, pero el momento en que se ejecuta resulta crucial. El caso de Acción Democrática Nacionalista (ADN) es ilustrativo: más allá de la legalidad del argumento, el hecho de que la cancelación no se produjera de oficio inmediatamente después de los comicios correspondientes, sino semanas antes de una nueva elección, genera sospechas sobre la oportunidad política de la medida. La previsibilidad es un elemento esencial en materia electoral; cuando las reglas se aplican de forma tardía o selectiva, la confianza se resiente.

La historia boliviana ya ha conocido crisis profundas en el ámbito electoral. El episodio de 1989, que afectó al entonces candidato Gonzalo Sánchez de Lozada, dejó una huella duradera en la memoria política del país. Tras ese momento, se impulsaron reformas orientadas a fortalecer la independencia y la credibilidad del sistema. Durante más de una década, el funcionamiento del organismo electoral se mantuvo relativamente estable y sin mayores cuestionamientos públicos. Esa etapa demostró que es posible construir institucionalidad cuando existe voluntad política y reglas claras.

No obstante, con el paso del tiempo reaparecieron tensiones. Durante el gobierno de Evo Morales se amplió el padrón electoral. Aunque estas medidas respondían a la necesidad de incorporar a más ciudadanos al sistema democrático, también dieron lugar a cuestionamientos persistentes sobre la transparencia del padrón. Las denuncias de irregularidades, aun cuando no siempre fueron demostradas de manera concluyente, alimentaron una percepción de vulnerabilidad que debilitó la confianza ciudadana. En democracia, la percepción es tan importante como la realidad jurídica: si los ciudadanos dudan de la limpieza del proceso, la legitimidad de los resultados se erosiona.

En la actualidad, las críticas se centran en decisiones que parecen inconsistentes ante situaciones similares. La habilitación de la candidatura presidencial de Manfred Reyes Villa pese a cuestionamientos sobre el requisito de residencia, y su posterior participación en elecciones subnacionales, contrasta con el tratamiento dado a otros casos. El de Mario Cossío, aspirante a la Gobernación de Tarija, fue observado debido a que no residía en el país, respaldado por certificaciones emitidas en el extranjero. Asimismo, Yerko Núñez fue habilitado como candidato pese a cuestionamientos respecto al cumplimiento del requisito de residencia mínima. Cuando el órgano electoral adopta criterios aparentemente distintos frente a circunstancias comparables, la discusión deja de ser meramente técnica y adquiere una dimensión política.

El problema de fondo radica en que el órgano electoral ha dejado de ser percibido exclusivamente como un árbitro técnico para convertirse en un protagonista indirecto del escenario político. Sus resoluciones no solo organizan el proceso, sino que pueden definir quién compite y quién queda fuera. Esa capacidad implica una enorme responsabilidad y exige coherencia absoluta en la aplicación de la norma. La discrecionalidad, incluso cuando se fundamenta en interpretaciones legales, puede interpretarse como parcialidad si no se explica con transparencia y consistencia.

En un sistema presidencialista como el boliviano, donde históricamente el Ejecutivo ha concentrado gran parte del poder, la independencia de los demás órganos es fundamental para equilibrar el sistema. Si el árbitro electoral pierde credibilidad, el resultado de cualquier elección será cuestionado, independientemente de quién resulte vencedor. La estabilidad democrática no depende solo de la existencia de normas, sino de la confianza en quienes las aplican.

Bolivia necesita un órgano electoral fuerte, pero sobre todo imparcial, previsible y coherente. Su misión no es influir en la contienda ni convertirse en factor determinante del resultado, sino garantizar que la voluntad popular se exprese en igualdad de condiciones. Solo cuando el árbitro se limita a su función esencial y actúa con absoluta transparencia puede sostenerse una democracia que aspire a ser sólida y legítima.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360