Propuesta de reglamento establece que el bono de Bs 660 se otorgará a hijos de víctimas de feminicidio mediante registro y controles

La propuesta de la Reglamentación de la Ley 1680, presentada conjuntamente con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, permitirá crear un registro de todos aquellos hijos que perdieron a sus progenitores y quedaron huérfanos a causa de un feminicidio o algún otro delito contra la vida. Asimismo, establecerá controles para la otorgación del bono de más de 660 bolivianos a los afectados.

“Este proyecto de reglamento es un paso fundamental para materializar la ley 1680, es decir, que va a permitir establecer los mecanismos para que todos aquellos aspectos que han sido reconocidos en la ley 1680 tengan, de ahora en adelante, un mecanismo para poder cumplirlos”, indicó el vocero de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Arce, a Visión 360.

Explicó que uno de los aspectos fundamentales de la reglamentación es que se dará cumplimiento al registro de cada niño, niña o adolescente que haya quedado huérfano en un hecho de feminicidio, debido a que actualmente no existe un sistema con datos sobre la cantidad de menores afectados.

“Se hará un registro único de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio y otros delitos. Hasta el día de hoy, lastimosamente el Estado no cuenta con datos oficiales sobre cuántos niños han quedado huérfanos por este delito. Entonces, este registro va a permitir, primero, establecer y contar con datos fidedignos”, dijo.

Además de este aspecto, previsto también en la Ley 1680, la norma establece la entrega de un bono mensual para los menores, equivalente al 20 % del salario mínimo nacional, que será otorgado por el Gobierno. Esto representa un monto de 660 bolivianos, considerando que el salario mínimo nacional actual es de 3.300 bolivianos.

“Se establece con la otorgación de un bono mensual como medida afirmativa en favor de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio y, para aquellos niños hasta los 5 años, un paquete alimentario correspondiente al 20 % de lo que se entrega por subsidio pre o postnatal. Entonces, el Estado es donde debe afirmar y aplicar medidas afirmativas que restituyan estos derechos”, explicó Arce.

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Sobre este punto, señaló que, para otorgarse el beneficio, se establecerán equipos interdisciplinarios en las Gobernaciones del país para acompañar a las víctimas.

“Establecen mecanismos de control y de fiscalización. Aquellas personas que tengan bajo su guarda, custodia o tutela a niños víctimas de feminicidio, pensemos, por ejemplo, en una abuela materna, será quien cobrará este monto de dinero a nombre del niño o de la niña, pero será a través de una orden judicial y de los equipos interdisciplinarios de seguimiento y monitoreo. Se establecerá el uso y destino de esos dineros a favor de los beneficiarios directos, y se presentarán informes periódicos a la juez o al juez de niñez y adolescencia para garantizar que se cumpla con la finalidad de la ley 1680 y su reglamentación”, manifestó el vocero defensorial.

Bono individual 

Añadió que el bono será entregado de forma individual para cada niño de una familia que perdió a sus progenitores.

“Será de forma individual, pensemos en un ejemplo: son cinco niños de 2, 5, 7, 9 y 13 años; cada uno tiene sus necesidades, cada uno, por su edad y por su madurez, requiere la atención y medida afirmativa por parte del Estado. Entonces, el reconocimiento que hace el Estado de otorgar este bono es de forma individual”, precisó.

Asimismo, indicó que la reglamentación ya está en manos del presidente Rodrigo Paz y de sus ministros, y que la propuesta puede ser aprobada mediante decreto supremo. Se propuso ponerla en vigencia el 12 de abril, Día del Niño boliviano, o lo antes posible.

“Se lo debe promulgar por mandato constitucional; es decir, el reglamento debe ser aprobado mediante decreto supremo por el presidente y por el Ejecutivo. Hemos propuesto como fecha el 12 de abril, se ha lanzado como fecha tentativa, pero en este momento la propuesta está con el Presidente del Estado y con el Ministro de la Presidencia, para que pueda ser tratada a la brevedad posible”, señaló.

La Ley 1680 fue promulgada el 5 de noviembre de 2025 por el entonces presidente Luis Arce y tiene por objeto “establecer medidas de atención integral y protección social por parte del Estado", destinadas a los hijos que quedan huérfanos como consecuencia de delitos de feminicidio, "cuando la persona procesada sea pareja o ex pareja de la víctima, y en casos de homicidio-suicidio de una persona como consecuencia de una situación de violencia", dejando en orfandad a los hijos.

Los requisitos para acceder a este beneficio son los documentos de identidad de la víctima (en este caso, de feminicidio), de los huérfanos víctimas de feminicidio, la denuncia del caso, los actos investigativos realizados por las autoridades policiales y la imputación formal por parte del Ministerio Público. Arce añadió que, cuando ya se tenga una sentencia condenatoria, el bono adquiere la calidad de permanente hasta los 18 años.