Paz Pereira hereda la burocracia del MAS

La administración del presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta una contradicción que refleja los problemas estructurales de la gestión pública en Bolivia. Aunque su gobierno prometió una renovación institucional y una clara distancia con la gestión anterior de Luis Arce, en la práctica ha mantenido en funciones a numerosos servidores públicos que trabajaron durante casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS). Varios de ellos ocuparon cargos jerárquicos importantes, como viceministerios, direcciones nacionales y posiciones administrativas estratégicas que hoy continúan operando dentro del aparato estatal.

Esta continuidad ha generado críticas desde distintos sectores políticos y ciudadanos, quienes cuestionan la coherencia entre el discurso de cambio y las decisiones administrativas del nuevo gobierno. La polémica se intensificó cuando algunos funcionarios apelaron a mecanismos legales para preservar sus cargos, presentando certificados de inamovilidad laboral por gravidez o por el cuidado de personas con discapacidad, derechos protegidos por la legislación boliviana. Desde el Ejecutivo, autoridades como el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el canciller Fernando Aramayo han justificado estas permanencias señalando limitaciones legales y, sobre todo, una realidad más profunda: la escasez de técnicos especializados con experiencia real en la administración pública.

Sin embargo, este debate trasciende el simple cambio de caras en la estructura estatal y remite a un problema estructural de larga data en Bolivia. Desde mediados de los años ochenta, el país ha implementado reformas económicas profundas, cambios de modelos de desarrollo y una expansión significativa de su aparato estatal. A pesar de estos esfuerzos, nunca logró consolidar un servicio civil profesional, meritocrático y estable. La administración pública boliviana se caracteriza por una institucionalidad frágil, alta rotación de personal y una fuerte influencia política en la designación de cargos.

El origen de este problema se remonta a las reformas impulsadas durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, cuando el Decreto Supremo 21060 fue implementado para enfrentar la hiperinflación que golpeaba al país. Aunque esa política incorporó perfiles técnicos en la gestión pública, no logró consolidar una carrera administrativa protegida de las presiones políticas. En la década de 1990, gobiernos como los de Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer impulsaron nuevas reformas institucionales, incluida la Ley del Estatuto del Funcionario Público, destinada a establecer una carrera basada en concursos de mérito. Sin embargo, su aplicación fue limitada y no logró erradicar las prácticas de designación política.

A partir de 2006, con la llegada de Evo Morales al poder, el Estado boliviano experimentó una expansión institucional sin precedentes. Impulsado por los altos ingresos provenientes del gas y otras materias primas, el gobierno creó nuevas empresas públicas, amplió ministerios y aumentó significativamente el número de funcionarios. Este crecimiento permitió incorporar nuevos profesionales y fortalecer ciertas áreas del Estado, pero también produjo un efecto adverso: una creciente politización de la burocracia.

Muchos cargos comenzaron a asignarse principalmente según afinidades políticas o vínculos con organizaciones sociales cercanas al gobierno. En lugar de consolidarse una verdadera meritocracia, la administración pública se convirtió con frecuencia en un espacio donde la lealtad política adquiría un peso determinante en el acceso a puestos de trabajo. El resultado fue un aparato estatal más grande, pero no necesariamente más eficiente ni más profesional.

Diagnósticos coinciden en que la burocracia boliviana presenta rotación excesiva de personal, debilidades en la profesionalización del servicio civil y clientelismo persistente. Los equipos administrativos cambian con cada ciclo político, lo que dificulta la continuidad de políticas públicas y debilita la memoria institucional del Estado. A esto se suma otro factor crítico: incentivos laborales insuficientes. Los salarios públicos resultan poco competitivos frente al sector privado o a organismos internacionales. La consecuencia es previsible: profesionales altamente capacitados migran con frecuencia, generando una constante fuga de capital humano que reduce la capacidad técnica estatal.

Existen, sin embargo, excepciones notables. El Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mantienen niveles relativamente altos de profesionalización. Funcionan con personal especializado, procedimientos institucionalizados y culturas organizacionales menos expuestas a los cambios políticos. El contraste es evidente en ministerios, empresas públicas y gobiernos subnacionales, donde la escasez de profesionales especializados limita la ejecución de proyectos y reduce la calidad de los servicios públicos.

Ante este panorama, algunos círculos técnicos discuten una alternativa polémica: recurrir temporalmente a cooperación internacional para fortalecer la capacidad estatal. La propuesta implicaría solicitar apoyo de organismos multilaterales para incorporar especialistas y ejecutivos con experiencia que contribuyan a mejorar la gestión pública mientras se forma una nueva generación de profesionales bolivianos. Aunque genera resistencias por razones de soberanía, experiencias similares han sido aplicadas en países que atravesaban procesos de reconstrucción institucional.

Bolivia enfrenta desafíos económicos, fiscales e institucionales que exigirán decisiones técnicas de alto nivel y una gestión estatal mucho más eficiente. El verdadero reto del gobierno de Paz Pereira no se limita a reemplazar nombres dentro del aparato público, sino a reconstruir la capacidad técnica del Estado y formar servidores públicos comprometidos con la profesionalización. Esto implica también establecer programas permanentes de capacitación para los nuevos miembros del gobierno central y procesos de actualización y formación continua para los funcionarios que ya forman parte de la administración pública.

Sin ese cambio estructural, cualquier intento de reforma corre el riesgo de repetir las inercias que han limitado la gestión pública boliviana durante décadas. En el fondo, el debate no gira únicamente en torno a funcionarios heredados o tecnócratas, sino al tipo de Estado que Bolivia necesita para ejecutar políticas públicas eficaces, estables y orientadas al bienestar colectivo.

*La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360