Colectivo feminista entrega al Gobierno propuesta para endurecer sanciones por impago de asistencia familiar

Acompañada de un numeroso grupo de personas, la activista María Galindo intentó llegar hasta la puerta de ingreso del Palacio de Gobierno, pero fue contenida por la seguridad policial. Su objetivo era entregar un proyecto de decreto para endurecer las sanciones contra los padres de familia que incumplen con el pago de la asistencia familiar.

La protesta de las movilizadas ante la valla de seguridad y el control policial logró que la directora de Igualdad de Oportunidades, Durby Blanco, y Ximena Galarza, de la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado, bajaran de sus despachos en el edificio de Gobierno y dieran encuentro a Galindo, quien se había negado a entregar el proyecto por la ventanilla de correspondencia.

Ambas partes acordaron el ingreso a instalaciones del Gobierno de un grupo de representantes para entregar y explicar el contenido del documento.

El proyecto de decreto establece la suspensión de la licencia de conducir particular del deudor hasta el pago total de la deuda, sin posibilidad de renovación mientras persista el incumplimiento; la prohibición de renovar la cédula de identidad hasta cancelar la totalidad de lo adeudado; y la restricción de acceso a créditos en entidades financieras para personas registradas como deudoras de asistencia familiar hasta que salden la deuda completa.

“Dentro del marco de nuestras competencias institucionales, hemos recibido el documento y, desde donde corresponda según la materia, vamos a coordinar con las autoridades para que esta propuesta sea una realidad. Reiteramos nuestra apertura al diálogo”, afirmó Galarza, según un boletín institucional.

Lee también: Defensoría del Pueblo pide al Estado garantizar la protección a las mujeres víctimas de violencia

Rayza Zeballos, de la oficina jurídica de Mujeres Creando, explicó que es necesario este mecanismo porque, actualmente, muchos infractores optan por permanecer en la cárcel seis meses —como establece la norma— y salir sin cumplir con la obligación económica hacia sus hijos.

“Para la asistencia familiar, la sanción es de seis meses de cárcel en San Pedro, Patacamaya o donde corresponda. ¿Qué es lo que pasa? Los padres irresponsables entran a la cárcel los seis meses y salen después, aunque no hayan pagado la asistencia”, explicó.

Tras recibir la propuesta, las oficinas del Estado y las representantes del colectivo acordaron un nuevo encuentro para el siguiente miércoles. “Asumiremos este compromiso de seguimiento”, señaló Blanco.

Después de que su propuesta fuera recibida, las mujeres movilizadas se retiraron del lugar.