Conflictos sociales se radicalizan, cooperativistas mineros y choferes se suman a las protestas, pese al diálogo convocado por el Gobierno

Cooperativistas mineros y choferes de La Paz decidieron sumarse a las protestas sociales que demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la abrogación de la Ley 1720 y el incremento salarial, entre otras exigencias, en medio de la tensión social y la radicalización de las movilizaciones, pese a la convocatoria al diálogo realizada por el mandatario.

En medio de la escalada de la tensión social, debido al bloqueo de carreteras y calles, la escasez de productos en los mercados, el alza de precios y la llegada de campesinos de varias provincias paceñas, Paz, a través de sus redes sociales, hizo la convocatoria al diálogo a los sectores movilizados.

“Quiero convocar y dialogar, como siempre, con los dirigentes que están representando hoy día estas posiciones de bloqueo, también con los comités de bloqueos y también con las bases”, posteó Paz.

La convocatoria fue realizada tres días después del Encuentro Nacional por el País, realizado en Cochabamba, donde participaron alcaldes y gobernadores, jefes políticos y autoridades del Ejecutivo.

“Tras el encuentro nacional en Cochabamba, iniciamos una nueva forma de hacer política basada en el consenso con todos los sectores; es momento de dejar atrás la confrontación porque Bolivia necesita reconciliarse, trabajar unida y dialogar”, afirmó.

Esta convocatoria se da después del inicio de movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), el Primero de Mayo, en un cabildo que decidió ir al paro indefinido, debido a que el Gobierno no dio respuesta al pliego petitorio de la organización sindical. Posteriormente, la COB, en un ampliado, aprobó pedir la renuncia del primer mandatario e instruyó el bloqueo nacional de caminos la pasada semana.

La instrucción fue acatada por los campesinos e interculturales del departamento de La Paz, que paulatinamente fueron dejando aislada a la sede de Gobierno, y el fin de semana los puntos de bloqueo fueron aumentando en las carreteras que conectan, sobre todo, a la ciudad de La Paz con el resto del país y con las provincias.

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El fin de semana, la Policía Boliviana reportó la existencia de 54 puntos de bloqueo, mientras sectores productivos informaron de pérdidas por la imposibilidad de trasladar sus productos a los mercados del país, y en los días siguientes el bloqueo de vías se extendió a otras regiones de la sede de Gobierno y a otros departamentos.

Además, las organizaciones que representan a los conductores del transporte pesado denunciaron que alrededor de 7.000 vehículos se encuentran en las carreteras y que los conductores carecen de alimentos, agua, medicamentos y servicios, y se hallan en condiciones inhumanas en las carreteras de Patacamaya, Konani, Panduro, en el trayecto de La Paz a Oruro y también en el puente Desaguadero-Arica.

También reportaron que los camiones no pueden llegar de Perú y Chile, ni tampoco al interior del país, como Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.

Desde las provincias paceñas, centenares de campesinos tomaron varias zonas de la ciudad de El Alto, desatando violencia para obligar a los habitantes a sumarse a las protestas iniciadas a principios del mes de mayo.

Los pedidos que tienen los sectores movilizados son diferentes. La COB, que representa a los trabajadores asalariados, después de romper el diálogo sin siquiera asistir a la convocatoria realizada por el Gobierno, plantea la renuncia del primer mandatario, exigencia que es compartida por la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, que inició el bloqueo de carreteras la pasada semana, dejando a la sede de Gobierno aislada del resto del país.

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Al margen de esta exigencia del máximo representante de la COB, Mario Argollo, se plantean otras demandas por parte de sectores campesinos, como la abrogación de la Ley 1720, que permite la conversión de la pequeña en mediana propiedad.

El presidente del Estado gestionó ante la Asamblea Legislativa esa demanda, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que generó el rechazo de los sectores empresariales de Santa Cruz, quienes advirtieron con asumir medidas de protesta escalonadas si se abroga la norma.

Además, el magisterio urbano y rural tiene sus propias demandas, que tienen que ver con garantizar la educación pública, dejando de lado la propuesta gubernamental del 50-50 que, desde la perspectiva de los dirigentes del sector, tiende a privatizar la educación.

Otros sectores demandan la distribución de combustible de buena calidad, considerando que, a principios de año, el Gobierno suspendió parcialmente la subvención de los carburantes y anunció que, a mediados de año, se tendría que revisar esa medida, con el propósito de permitir que el precio de los combustibles sea definido por el mercado.

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En medio de esa variedad de exigencias de los sectores sociales movilizados, las protestas protagonizadas por los denominados ponchos rojos llegaron a El Alto ayer, portando sus chicotes de forma amenazante para los habitantes de esa ciudad. Hoy agredieron a los propietarios de tiendas de barrios, a quienes exigieron cerrar sus negocios, desatando el miedo entre la población.

Posteriormente, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto salió en una marcha, sumándose al pedido de renuncia del primer mandatario, y anunció el inicio del bloqueo de calles en los diferentes distritos de esa ciudad.

Este grupo inició también el bloqueo de la carretera a Copacabana, en la ciudad de El Alto. Ellos exigen la renuncia del primer mandatario y amenazan con cercar la ciudad de La Paz en caso de no ser escuchados.

Además, maestros y mineros realizaron este martes el bloqueo en la autopista La Paz-El Alto, a la altura de la Cervecería, reforzando la presión sobre el Gobierno central y provocando el corte del tráfico vehicular. La protesta exigía una respuesta a sus demandas y no descartaron que las protestas continúen en las próximas horas.

Este martes, la COB instruyó el bloqueo de las mil esquinas en La Paz y El Alto a partir de las 08:00, impidiendo el normal tránsito vehicular. El lunes y martes de esta semana, la población se vio obligada a desplazarse a pie ante los bloqueos y las marchas protagonizadas por los sectores movilizados.

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Sectores sociales de Coroico bloquean la carretera hacia Caranavi en rechazo al paquete de leyes y a los últimos decretos emitidos por el Gobierno. La medida de presión surgió como una protesta contra disposiciones que, según los movilizados, afectan a la población.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán su medida hasta obtener una respuesta de las autoridades. El cierre de la vía generó preocupación entre transportistas y viajeros que circulan por esta ruta del norte paceño, informó Red Yungas.

La Paz-Oruro, además de las rutas hacia el lago Titicaca y Desaguadero, en la frontera con Perú, figuran entre las vías afectadas. Entre los sectores afectados están Panduro, Patacamaya, Achica Arriba, el cruce a Luribay, Viacha, Botijlaca, San Andrés de Machaca, Alto Lima-Río Seco y el puente Yolosa, entre otros puntos.

Los bloqueos también alcanzan tramos como San Silverio-Caranavi, Huayrapata, Santa Bárbara-Choro Bajo y la ruta Entre Ríos-Palos Blancos.

A esa situación de conflictividad se sumó la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”, protagonizada por sectores afines al expresidente Evo Morales, que también exige la renuncia de Paz y advierte con tomar la sede de Gobierno hasta lograr su propósito, un día después del inicio del juicio oral en rebeldía por el presunto delito de trata de personas agravada, debido a que la víctima era menor de edad.