El paralelismo sindical está detrás de las violentas protestas del magisterio rural en La Paz

Detrás de la violencia ejercida por los maestros rurales el día de ayer en la ciudad de La Paz y la presencia masiva de miles de profesores, que provocaron destrozos en el Ministerio de Educación y daños al ornato público, se encuentra una disputa por el paralelismo sindical, respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que reconoció a una cúpula prorrogada desde 2025.

El día de ayer, el magisterio rural informó de la ruptura del diálogo con la ministra de Educación, Beatriz García; posteriormente, los profesores procedieron a destrozar parte de la estructura de esa dependencia estatal, lanzaron piedras, destruyeron las jardineras y contenedores de basura y agredieron físicamente a los efectivos policiales que resguardaban el lugar.

La pasada semana, la Confederación de Trabajadores de la Educación Rural, acusada de prorroguismo por otro grupo que disputa la dirección de esa organización laboral, declaró un paro de 48 horas en demanda de atención a sus demandas, tras el fracaso del diálogo con la ministra de Educación, Beatriz García.

En medio de esa situación, se conoció la disputa entre dos grupos desde diciembre de 2025, cuando en el XXVI Congreso Nacional realizado en Tarija no se llegó a acuerdos debido a la división, por lo que se eligió un comité ad hoc que debía convocar a un nuevo congreso. El evento fue convocado en 2026 en Tarija; sin embargo, el grupo que denuncia el prorroguismo señaló que este intento fracasó.

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El comité ad hoc, en el que se encontraban los dirigentes William Mendoza y Freddy Terrazas, cuestionados por el otro grupo, fue reconocido por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ministerio de Trabajo como la nueva dirección de esa confederación, lo que provocó la molestia de los representantes elegidos, que reclaman su legitimidad y se encuentran movilizados en la sede de Gobierno, y fueron quienes desataron la violencia el día de ayer, al extremo de destruir parte de la infraestructura del Ministerio de Educación.

En ese congreso, según los representantes realizado en el departamento de La Paz, en Viriloco, Viacha, se eligió un nuevo comité ejecutivo liderado por Juan Carlos Mamani, que reclama su reconocimiento legal, lo que provocó la existencia de dos comités ejecutivos de esa confederación que se disputan la representatividad.

Los dirigentes que se declaran legítimos y expresan su rechazo a los prorrogados hicieron conocer un documento en el que se dirigen al pueblo boliviano e informan de la Resolución General emanada del XXVI Congreso Ordinario del Magisterio Rural Boliviano, máxima instancia orgánica y revolucionaria de decisión sindical.

El 21 de abril de este año, José Luis Arispe, vicepresidente del Comité de Maestros Rurales, aseguró que el bloque de William Mendoza, durante un congreso en Tarija donde se debía elegir a la nueva dirigencia, presentó situaciones irregulares, entre ellas la presencia de la policía sindical, además de autoprorrogarse en sus cargos por intereses políticos.

“Hemos llevado adelante un congreso en Tarija, en Camasmodo, en el cual se tenía que elegir un nuevo comité ejecutivo del magisterio rural boliviano. Prácticamente, ese congreso ha sido amañado, digitado; nos han impuesto lo que es la dictadura sindical y a las bases no se les ha cedido la palabra, no nos han dejado participar de este evento; más al contrario, han implementado controles por parte de la policía sindical”, declaró a Tele Estrella.

“Los que se han autonombrado son los mismos del comité ejecutivo saliente, ellos han vuelto a ratificarse y nosotros no vamos a permitir eso; de las nueve federaciones, seis estamos en contra de esta dictadura sindical, pidiendo que se respete la democracia sindical”, manifestó.

Desde este congreso, dijo en referencia al evento convocado por ellos, se emitió un documento en el que “se ratificó la unidad inquebrantable del magisterio rural y la firme defensa de las conquistas sociales, laborales y educativas frente a cualquier intento de vulneración de nuestros derechos”.

Una de las confederaciones está dirigida por el profesor Mendoza y la otra por Mamani, y cuando se realizaban las negociaciones con el Ministerio de Educación, no se permitió el ingreso de las representantes del grupo que no cuenta con el reconocimiento legal del Ministerio de Trabajo, lo que provocó la molestia de quienes respaldan a esta dirigencia.

Los dirigentes acusaron que la ministra no permitió el ingreso de la ejecutiva de Valles, Margarita Veneros, y del Oriente, José Luis Ligerón, elegidos en el Congreso de Viliroco, La Paz, de forma legal, legítima y orgánica, con respaldo de las 33 federaciones, según manifiesta un comunicado de esa representación.

En esa reunión, la autoridad propuso un bono único de 1.500 Bs, que no fue aceptado por estos dirigentes, quienes cuestionaron que la propuesta fue realizada para frenar las movilizaciones que se realizaban en el país.

También observaron que la propuesta de la autoridad no establecía fechas ni mecanismos de entrega de equipos tecnológicos, además de que no respondió a demandas como el incremento salarial y la asignación de un mayor presupuesto para la educación.

Mamani denunció el acuerdo con la ministra y acusó al comité ejecutivo liderado por Mendoza y Terrazas de ser aliado del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

“El magisterio rural boliviano no está a la venta, señora ministra; el maestro rural tiene dignidad y memoria, usted es un chiste como autoridad, no vamos a permitir privatizar la educación, ya que ese es el plan; el magisterio rural boliviano luchará hasta las últimas, no permitiremos las recetas racistas”, afirmó.

El 13 de mayo, el directorio que no cuenta con reconocimiento se reunió con el ministro de Trabajo, Edgar Morales, para presentar su pliego petitorio y exigió la atención inmediata de sus demandas laborales y sindicales, informó Red Uno.

Mamani informó que: “En una primera instancia no nos quisieron recibir. Nosotros solamente queríamos dejar una nota, pero las bases desbordaron y hubo enfrentamientos y gasificación de parte de la Policía”.

Entre las principales demandas presentadas está el incremento salarial del 30%, pedido que, según Mamani, fue respaldado con argumentos técnicos y datos económicos reales.

El dirigente indicó que las autoridades comprometieron una respuesta formal en las próximas horas mediante una notificación escrita.

Además del tema salarial, el magisterio rural solicitó la regularización y reconocimiento legal de su nueva dirigencia departamental y nacional, elegida recientemente en Viacha.

Según Mamani, también se pidió revisar la Resolución Ministerial 518/2026 y desconocer a dirigentes que se habrían “autoprorrogado” en sus cargos durante un congreso realizado en Tarija en 2025.

“Pedimos que exista legitimidad y legalidad. Ambas tienen que ir agarradas de la mano”, afirmó.

A raíz de la falta de reconocimiento, este sector del magisterio también marcó distancia de la COB, acusando a sus dirigentes de promover el paralelismo y el divisionismo en el sector.

La Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz instruyó el inicio de un paro general movilizado e indefinido desde las 00:00 horas del martes 12 de mayo de 2026, en cumplimiento de las determinaciones asumidas en el Primer Ampliado de Secretarios Generales de distritos, núcleos y unidades educativas, informó Achacachi Informa.

Según el instructivo del sector, la medida contempla una concentración a las 08:00 en el puente de la avenida Perú, a la altura de la Cervecería Nacional de Bolivia. La movilización fue denominada: “Sin maestros no hay futuro y sin lucha no hay dignidad”.

Este sector exige la reposición del salario básico del 30% de acuerdo con la canasta familiar, la jubilación digna del 100%, la defensa del bono de zona y el reconocimiento de sus organizaciones sindicales.

Asimismo, el documento incorpora la exigencia de la renuncia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, además de la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García, y del ministro de Trabajo, a quienes responsabilizan por la falta de atención a sus demandas.