Quiroga dice que los bloqueos ya configuran el delito internacional de “exterminio” y plantea a Paz aplicar el Estatuto de Roma

El bloqueo de caminos que deja sin abastecimiento de alimentos, medicamentos y carburantes a La Paz y El Alto configura el delito internacional de “exterminio” establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo que el gobierno de Rodrigo Paz debe aplicarlo, afirmó el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

“Sabemos que en los últimos días ha bajado un poco el nivel de convulsión urbana, se ha aquietado y tranquilizado, pero se están multiplicando los bloqueos y el cerco a La Paz que impide el ingreso de los insumos necesarios para llevar adelante la vida con salud, educación y comida (…) y este exterminio sigue en curso”, advirtió.

El apartado b) del artículo 2 del Estatuto de Roma incorpora en los delitos de lesa humanidad al exterminio, que “comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

Precisamente, el bloqueo que lleva 22 días en El Alto y las carreteras a Desaguadero, Copacabana y Oruro terminó de aislar a La Paz y El Alto, provocando escasez de alimentos, medicamentos y carburantes en demanda de la renuncia del presidente Paz. En los últimos días se oficializó la muerte de cuatro personas, entre ellas un menor, por no haber sido evacuadas a un centro hospitalario debido a los bloqueos.

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Si bien existen puentes aéreos para trasladar alimentos de Santa Cruz y Cochabamba a La Paz, estos son mínimos respecto a la demanda. Los mercados están prácticamente vacíos y en los hospitales se advirtió sobre la falta de oxígeno medicinal y la imposibilidad de trasladar a algunos pacientes a nosocomios de alta complejidad.

Quiroga exigió al presidente Paz aplicar el Estatuto de Roma, del que Bolivia es parte. “Es un instrumento internacional, tiene aplicación supraconstitucional y debemos trabajar en aplicarlo”, planteó el expresidente en una evaluación de los conflictos y las acciones que asume el gobierno.

En casos de delitos de lesa humanidad, estos no prescriben y la Corte Penal Internacional puede juzgarlos.