En Bolivia rige el perdonazo total tributario y aduanero al 2017 y para la gestión 2020

Ya rige en Bolivia la Ley 1733, la cual condona las deudas tributarias con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional inferiores a Bs 10 millones, acumuladas al 31 de diciembre de 2017, así como las correspondientes al año 2020, cuando el país fue afectado por la pandemia del COVID-19, que tuvo un fuerte impacto en los pequeños emprendedores.

Mientras tanto, el resto de los deudores del período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2025 se beneficiará con la condonación del 50% del mantenimiento de valor, intereses y multas; el saldo restante podrá ser pagado al contado o en cuotas, según establece la ley promulgada por el presidente Rodrigo Paz el miércoles 27 de mayo.

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Los beneficiarios directos serán, principalmente, al menos 60.000 pequeños emprendedores y trabajadores independientes. El presidente Paz destacó el impacto económico de esta iniciativa legal, debido a que contribuirá a incentivar la formalización de quienes abandonaron la legalidad por deudas con el fisco.

“Acabo de promulgar la ley del perdonazo tributario para gremiales, cuentapropistas y transportistas. De una deuda de 10.000 bolivianos has pasado a tener 130.000, 150.000 o 200.000 bolivianos, y claro, ya no eres formal, pasas a la informalidad", explicó el mandatario durante la reunión del Consejo Económico y Social, que reunió a diferentes actores sociales y económicos.

Del perdonazo total de deudas, multas e intereses también se beneficiarán quienes arrastren obligaciones de 2020, año en que la crisis sanitaria golpeó con fuerza a la economía nacional. “También se condonan las deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a la gestión 2020, independientemente del monto del tributo omitido”, establece un fragmento de la normativa.

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Para las deudas devengadas desde enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, se mantiene invariable el pago del capital y la condonación del 50% del mantenimiento de valor, intereses y multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravención por omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, derivados del tributo regularizado.

La ley también reduce de ocho a un máximo de cuatro años el período de fiscalización tributaria y aduanera. Además, establece que cada proceso de fiscalización debe iniciarse y concluir en un plazo no mayor a dos años.