Dos mundos en una sola carretera: un país a medio hacer

A más de 200 años de su independencia de España, Bolivia, a través de sus pocos intelectuales críticos, se sigue preguntando si su proyecto-país es viable. El cuestionamiento no nace necesariamente de la amargura, sino de la reflexión crítica en torno a un fenómeno disfuncional que pocos bolivianos se atreven a describir sin temor al escrache. Pero, en realidad, varios pensadores del mundo —como la Generación del 98 o el mismo V. S. Naipaul, quien reflexionó sobre la viabilidad de los Estados postcoloniales sugiriendo que la independencia pudo haber creado solo repúblicas de fachada que recubrían “sociedades a medio hacer”— se atrevieron a cuestionar la viabilidad de sus respectivos países, los cuales, finalmente, no dejan de ser meros mitos que viven en la mente humana.

Uno de los fenómenos más recurrentes en la historia de Bolivia es el bloqueo, en todas sus variantes: desde cercos a las ciudades y cortes de caminos, hasta revoluciones que truncan la conclusión de gobiernos constitucionales. Últimamente, para frenar los cortes de vías, se viene proponiendo una “Ley Antibloqueos”. No obstante, políticos e intelectuales de lo nacional-popular y corrientes afines no tardaron en poner el grito en el cielo, argumentando que quienes pretenden prohibir los bloqueos no entienden la historia de Bolivia ni su esencia pues, según ellos, las clases populares ya bloqueaban incluso antes de la independencia.

Sin embargo, aquí conviene hacer aclaraciones. El hábito de cortar vías es mucho más usual, si no exclusivo, en el occidente del país y, en particular, en la etnia aimara; por otra parte, la antigüedad de un fenómeno no tiene por qué atribuirle legalidad ni, mucho menos, legitimidad. Pero la crítica también podría recaer sobre los promotores de la mentada ley, ya que, como indican los defensores del bloqueo —y en esto coincido con ellos—, no se pueden borrar 245 años (el primer gran bloqueo registrado es el cerco de Julián Apaza) con una simple ley, que, a fin de cuentas, en Bolivia suele ser papel mojado. Si en el país la ley es violada y pisoteada sistemáticamente y vista como un obstáculo a evadir, ¿por qué habríamos de pensar que una norma antibloqueos eliminará el mal?

Salvando las complejidades del fenómeno, podría asegurarse que en Bolivia coexisten dos maneras de entender el mundo: una que tiene la mirada puesta en la modernidad, con todo lo bueno y malo que esta representa (democracia, republicanismo, propiedad individual, capitalismo), y otra que continúa anclada en el mundo premoderno (intuición, comunitarismo, animismo, verticalismo, autoritarismo). Y también podría asegurarse que quien más se aferró a esta última fue la nación aimara, históricamente belicosa y politizada.

En los últimos días, se difundieron en redes sociales videos de dirigentes que, rememorando dolorosamente la conquista española, propagaban prédicas de supremacismo aimara y amenazaban con “alfombrar la carretera La Paz-Oruro con cadáveres”, esa misma ruta donde se desarrollaron los sangrientos enfrentamientos de la Guerra Federal hace 127 años. Por otra parte, un legislador de apellido Villca dijo hace poco que “ningún q’ara asqueroso va a seguir metiendo bala a mi pueblo, porque esta tierra es de nosotros”. Por si fuera poco, muchos intelectuales de izquierda alimentan el resentimiento secular entre los indígenas del Collao y quienes poseen un cutis un poco más claro. Hace unos días, por ejemplo, una socióloga habitualmente invitada a los medios recordaba que Frantz Fanon indicaba que “la violencia de los oprimidos es una respuesta legítima a la violencia estructural de un sistema que los oprime”. Luego, hablando ya desde su propia voz, remataba: “Si el Estado y la sociedad normalizan la violencia contra los pueblos indígenas, su respuesta no tiene por qué ajustarse a normas que sólo protegen el statu quo”. De esta manera, se tiene que el problema es más sociológico que político.

Además, cabe recordar que el discurso de legitimación y la práctica de la violencia no solo son de sectores indianistas, sino también de la ideología trotskista (la “revolución permanente”) incrustada en el magisterio.

Entonces, uno se pregunta cómo puede haber soluciones en el marco democrático si una o varias de las partes rechazan la vía pacífica y solo practican la beligerancia. Ante este panorama, ¿no es una necesidad cuestionarnos sobre la viabilidad del país que le debe a Simón Bolívar su nombre, si fue acaso el mismo Libertador el primero en tirar la toalla, para morir luego triste y deprimido?

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360