miércoles 17 de junio de 2026

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La respuesta ya no depende de quienes bloquean caminos. Depende, sobre todo, de quienes tienen la responsabilidad de conducir el país.

La teoría del conflicto desarrollada por el sociólogo Lewis Coser contiene una advertencia que conviene recordar en estos días de aparente distensión. Los conflictos no terminan hasta que se terminan. Parece una obviedad, pero no lo es. La historia está llena de gobiernos, movimientos políticos y sociedades enteras que confundieron una tregua con una solución, una pausa con una victoria o un repliegue con una derrota definitiva. Por eso, aun cuando los bloqueos comiencen a levantarse (si se levantan) y la normalidad empiece lentamente a regresar a nuestras carreteras, ciudades y mercados, sería un error monumental declarar prematuramente el fin de la crisis. También lo sería caer en la tentación de la revancha o de la demostración de fuerza. El conflicto que ha paralizado Bolivia durante semanas puede recrudecer en cualquier momento si quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado confunden prudencia con debilidad o firmeza con violencia.

Los costos de esta confrontación han sido devastadores. Miles de familias han visto interrumpidos sus ingresos. Pequeños productores han perdido cosechas enteras. Empresas ya debilitadas por años de estancamiento enfrentan nuevas dificultades para sobrevivir. Los servicios públicos han sufrido interrupciones. La incertidumbre ha vuelto a instalarse en la vida cotidiana de millones de bolivianos. Pero los daños no son solamente económicos. También son sociales y políticos. Hemos profundizado la desconfianza mutua, la polarización y el resentimiento. Hemos vuelto a comprobar que cuando la política abandona los caminos institucionales y se entrega a la lógica de la confrontación permanente, nadie gana realmente. Todos terminamos perdiendo.

La paradoja es que Bolivia ya se encontraba en una situación extremadamente delicada antes de que estallara esta crisis. El Movimiento al Socialismo dejó un país al borde del colapso económico, con reservas agotadas, desequilibrios fiscales insostenibles, una estructura productiva debilitada y una institucionalidad profundamente erosionada. Lo que hemos vivido durante estas semanas no hizo más que profundizar una condición de fragilidad que ya existía. El verdadero alcance de los daños probablemente tardará meses, e incluso años, en ser medido con precisión. La ciudadanía ha llevado la peor parte. Como ocurre casi siempre, quienes menos responsabilidad tienen en la generación de los conflictos son quienes terminan pagando las consecuencias más duras. Sin embargo, sería ingenuo pensar que el gobierno sale indemne de esta experiencia. También llega golpeado, desgastado y cuestionado.

Pero precisamente allí reside la oportunidad. Si Rodrigo Paz logra superar este momento sin recurrir a la violencia y preservando la legitimidad democrática de su mandato, se abrirá para su gobierno una segunda oportunidad que pocos presidentes reciben en su gestión. La crisis habrá funcionado como una prueba de realidad, una demostración brutal de las fortalezas y debilidades del proyecto gubernamental. Las lecciones parecen evidentes. Gobernar exige mucho más que ganar elecciones. Exige construir consensos, anticipar escenarios, formar equipos competentes y transmitir certidumbre. Exige también reconocer errores y corregirlos a tiempo.

Ha llegado pues el momento de actuar con estrategia. De convocar a los mejores, sin mezquindades, amiguismos, ni cálculos de corto plazo. Ahora es cuando se deben incorporar capacidades donde hagan falta. De construir puentes donde hoy existen trincheras. De ofrecer a la sociedad una hoja de ruta clara, comprensible y realista. La población necesita algo más que discursos y consignas. Necesita saber hacia dónde va el país. Necesita percibir que existe un rumbo. Que las decisiones responden a un plan y no a la improvisación. Que los sacrificios que se le piden tienen un propósito y una meta alcanzable. La salida de esta crisis no debería ser únicamente el restablecimiento de la circulación en las carreteras o la normalización de las actividades económicas. Debería ser el punto de partida para un gran acuerdo político y social que permita enfrentar los desafíos estructurales que Bolivia viene postergando desde hace demasiado tiempo.

Porque, una vez despejado el humo de la confrontación, seguirán allí los mismos problemas que explican nuestra fragilidad. El corporativismo, el caudillismo, la crisis económica, la debilidad institucional, la falta de inversión, la precariedad del empleo, la dependencia de un modelo agotado y la ausencia de consensos básicos sobre el futuro nacional. Después de la tormenta viene la hora de la construcción. Y construir siempre exige más liderazgo, más inteligencia y más generosidad que destruir. La pregunta que Bolivia tendrá que responder en las próximas semanas es simple, aunque decisiva: ¿seremos capaces de convertir esta crisis en una oportunidad para corregir el rumbo o volveremos a desperdiciar, otra vez, una ocasión histórica? La respuesta ya no depende de quienes bloquean caminos. Depende, sobre todo, de quienes tienen la responsabilidad de conducir el país.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360

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