¿Acuerdo o capitulación?

Después de cincuenta días de bloqueos, muertos, escasez, pérdidas económicas y un país secuestrado por la violencia política, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron un acuerdo que pretenden vender como una victoria del diálogo. Sin embargo, basta leerlo con atención para descubrir una verdad incómoda: los únicos ganadores son los que utilizaron el conflicto como instrumento de poder. El único perdedor fue el pueblo boliviano.

El acuerdo firmado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana no representa una solución al conflicto, sino una capitulación del gobierno. El Ejecutivo asume compromisos, crea comisiones, se obliga a responder a una extensa lista de exigencias, en 90 días. La COB, en cambio, no asume compromiso alguno. No se compromete a evitar futuros bloqueos, ni a respetar la libre circulación, ni a condenar la violencia, ni a reparar los daños causados.

El desequilibrio es evidente: una de las partes debe rendir cuentas; la otra, solo presenta un pliego de demandas. La COB actúa como si hubiera sido una observadora neutral del conflicto, y no la organizadora del bloqueo. En el documento, la Central Obrera aparece investida de una autoridad moral que la realidad no la tiene: exige, supervisa, fiscaliza y el gobierno obedece.

Si un lector desinformado examinara el acuerdo, podría concluir que la COB fue la víctima de los bloqueos y el Gobierno el responsable de haberlos permitido. Porque en ninguna parte del texto se encuentra una sola línea donde la Central Obrera asuma responsabilidad alguna por el desastre nacional. No hay mención a los veinticuatro fallecidos, ni a las miles de empresas quebradas, ni a los productores que perdieron sus cosechas, ni a los enfermos que no pudieron llegar a un hospital, ni a los millones de bolivianos que vieron sus recursos económicos pulverizados por el alza desmedida de precios.

La COB exige explicaciones como quien reclama un servicio mal prestado, sin asumir que fue la parte que exigía la renuncia del presidente. Y el Gobierno, en lugar de recordar que fue elegido para gobernar y no para administrar la agenda de las corporaciones sindicales, acepta el papel de acusado frente a un fiscal que no representa a nadie más que a sí mismo.

El diálogo no despejó las carreteras, no detuvo la violencia, no restituyó el orden. Cincuenta días de conversaciones estériles, de comisiones que se reunían mientras el país ardía, de promesas que nunca se materializaron. Y al final, cuando no quedó otra salida, el gobierno decretó el estado de excepción. Fue esa figura constitucional, y no el diálogo, la que finalmente permitirá desbloquear las vías y restaurar la paz social.

¿Por qué no se activó en los primeros días? ¿Por qué esperar cincuenta días de sufrimiento innecesario? ¿Por qué permitir que veinticuatro ciudadanos perdieran la vida, que miles de empresas quebraran, que millones de bolivianos fueran afectados, cuando la solución estaba al alcance de la mano desde el minuto uno?

El documento firmado no parece un acuerdo entre partes responsables que buscan solucionar una crisis. El acuerdo es una verdadera capitulación del gobierno que deja un saldo desolador, al mantener intacto el “modelo económico social comunitario productivo” al congelarse los precios de los hidrocarburos, el gobierno garantiza el contrabando, hacia países vecinos, y fomenta la corrupción en YPFB, Botrading y todas sus afiliadas, y lo peor de todo es que volveremos a las colas interminables por un litro de gasolina o Diesel, anunciadas como un regreso al pasado.

Lo que este acuerdo garantiza, en los hechos, es la continuidad del modelo que los bolivianos rechazaron en las urnas. La corrupción y la ineficiencia de las mal llamadas empresas estratégicas del Estado seguirán siendo la norma, con el clientelismo político como eje de su gestión y pérdidas millonarias camufladas en balances que nadie fiscaliza. El intervencionismo estatal, que convierte al Estado en un competidor desleal de la iniciativa privada, queda una vez más blindado. Nada de libre mercado, ni apertura a la inversión, ni siquiera la posibilidad de recurrir a préstamos multilaterales del FMI u otros organismos para oxigenar la economía. Todo está vetado de un solo tiro, en nombre de una soberanía que en realidad es la coartada perfecta para el despilfarro y la ineficiencia.

La inversión privada, nacional y extranjera, seguirá brillando por su ausencia. Volverá el Estado Plurinacional, garante y motor del despilfarro y la dilapidación de los escasos recursos del país. Volverán las bartolinas y los interculturales, con otros nombres y otras vestimentas y seguirán definiendo los destinos de Bolivia. Nada ocurrirá sin la censura previa de estos grupos que se autonombran representantes del pueblo, pero que en realidad son la correa de transmisión de un proyecto político que ha demostrado su incapacidad para gobernar en beneficio de todos.

En las últimas elecciones, la mayoría de los bolivianos votó para derrotar el modelo económico, social y político del MAS. Ese voto estaba orientada a cambiar radicalmente un sistema que había demostrado su incapacidad para gobernar con transparencia, eficiencia y equidad.

Sin embargo, la capitulación del gobierno ante la COB y los movimientos sociales afines al MAS neutraliza ese mandato popular. Lo que el pueblo rechazó en las urnas, el gobierno lo restaura en la mesa de negociaciones. El MAS no ha desaparecido; simplemente se ha reinventado.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.