Canciller aseguró que cerca de 250 mil empleos directos e indirectos se perdieron en los más de 50 días de bloqueos

El canciller del Estado, Fernando Aramayo, informó hoy que los bloqueos de carreteras que se registraron en el país por más de 50 días provocaron la pérdida de cerca de 250 mil empleos directos e indirectos, en una entrevista con la cadena CNN.

“Lamentablemente, estas movilizaciones han generado la pérdida de cerca de 250 mil empleos directos o indirectos, han alejado las intenciones de inversión, han generado un proceso inflacionario y obviamente han demandado la inversión de recursos para poder, en algún sentido, normalizar las actividades”, afirmó.

A raíz de la decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) de instruir el bloqueo de carreteras indefinido, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, varios departamentos quedaron aislados, situación que afectó al sector productivo e industrial, que quedó paralizado e imposibilitado de realizar sus actividades con normalidad.

A medida que el bloqueo fue cumpliéndose por parte de los afiliados a la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, las empresas e industrias fueron reduciendo parcialmente sus actividades y, en otros casos, optaron por paralizar sus operaciones y obligar a sus trabajadores a tomar vacaciones colectivas forzosas, licencias sin goce de haberes e incluso vacaciones adelantadas de la gestión 2027.

A raíz de esta situación, varias centrales obreras departamentales conminaron a la COB a aceptar el diálogo con el Gobierno, a tiempo de denunciar que, debido a las medidas asumidas, estaban en riesgo las fuentes laborales, sobre todo de los fabriles.

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Para Aramayo, esta medida asumida por los sectores movilizados afectó negativamente los resultados de algunas políticas asumidas por el Gobierno, como el retiro del subsidio a los combustibles y el incremento al salario básico nacional en un 30%, sin que medie ningún proceso de negociación, sino como un mecanismo de shock no solamente económico, sino también social.

Adicionalmente, mencionó que se llevaron adelante medidas que tuvieron que ver con definir una agenda de protección social, orientada a realizar transferencias de recursos económicos a los hogares que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, para compensar los efectos inflacionarios.

Paralelamente, “se logró estabilizar la economía, lo que se tradujo en reducir los dígitos de la inflación de dos a un dígito; se logró recuperar la confianza del país bajando de 2.200 puntos básicos a menos de 350 y se logró acceder a créditos que se están traduciendo en una agenda y portafolio de proyectos que para la gestión 2026 totalizan cerca de 8.000 en todo el país, proyectos orientados sobre todo a dinamizar la economía”, afirmó.

Sin embargo, ante el daño provocado por el bloqueo de carreteras, el Gobierno nacional se vio obligado a aprobar el diferimiento de créditos y un conjunto de programas, subsidios a las actividades productivas, medidas orientadas a aliviar el gasto en bienes y servicios básicos, como el acceso a la electricidad, el pago de deuda, y también se han generado una serie de facilidades para que los hogares alivien el gasto al que se han visto enfrentados, como por ejemplo el uso de internet, tan necesario para la educación de los niños, informó.

También mencionó que el Gobierno asumió acciones en favor de los sectores sociales más vulnerables en el corto plazo, que estaban movilizados, en referencia a las 20 provincias del departamento de La Paz.

Aramayo dijo que se creó una comisión para “procesar proyectos en las 20 provincias que se han movilizado y se está definiendo ya los créditos prioritarios que puedan redinamizar la economía”.

Al mismo tiempo, dijo que se han llevado adelante políticas que puedan llevar alimentos de la canasta básica familiar, “como por ejemplo el pollo a un precio fijo, de manera que esto no genere repercusiones en la canasta básica familiar y no genere un proceso inflacionario”, sostuvo.

Las primeras medidas justamente han ido a aliviar el gasto disponible de los hogares en la canasta básica de alimentos y el gasto en el que incurren financieramente, sobre todo quienes han estado en actividad económica comprometida, sin actividad propiamente dicha, que no han podido pagar en el corto plazo, como sectores del transporte.

Se están dando facilidades también para poder activar la demanda interna, de manera que el Estado pueda activar el consumo de bienes y servicios producidos por nacionales y eso genere una demanda agregada mucho más potenciada como oferta desde el Estado; esta es una propuesta keynesiana que puede activar rápidamente el crecimiento del gasto público, la demanda interna y reactivar los sectores de la micro, mediana y pequeña empresa.

Aramayo diferenció a los sectores sociales que tienen demandas justas, que dialogaron con el Gobierno y suscribieron acuerdos, con los cuales se trabajará en un portafolio de proyectos y se canalizarán los recursos para dar respuesta rápidamente con el propósito de redinamizar la economía y crear una red de protección social.

Con relación a los que anuncian nuevas movilizaciones y que han dado un plazo hasta octubre de este año para poder materializar su aspiración de “romper el orden constitucional”, advirtió que deberán enfrentar a la justicia.

“Estamos hablando de una acción en contra del orden democrático y constitucional, y el tratamiento para ellos va a ser diferente, porque lo último que vamos a permitir, y lo ha planteado el presidente Rodrigo Paz, es la impunidad”, afirmó.