50/50: Gobierno debe gestionar ley de coparticipación, ampliar el dominio tributario y profundizar las autonomías a favor de las gobernaciones

El Gobierno nacional debe cumplir una serie de tareas para poner en marcha la distribución del 50/50 a partir del próximo año; entre ellas, gestionar una ley que establezca la coparticipación tributaria y la ampliación del dominio tributario a favor de las gobernaciones y profundizar la autonomía regional, devolviendo algunas competencias al Estado central.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, informó que en la reunión con el presidente, Rodrigo Paz, se acordó una hoja de ruta y una serie de tareas que se deben culminar en esta gestión para que, a principios de 2027, ya se establezca la coparticipación tributaria de las gobernaciones, que en la actualidad no está vigente.

Aclaró que hoy solamente coparticipan municipios y universidades; no se ha definido cuáles serían esos tributos coparticipables. Podrían ser algunos nuevos o solamente los que están vigentes.

Tampoco se ha definido el porcentaje; sin embargo, aclaró que esa medida no significa el recorte de recursos a los gobiernos municipales, en relación con algunos anuncios en contra por parte de autoridades locales. “Estamos hablando de una asignación nueva, diferente y gradual para las gobernaciones”, precisó en entrevista con Radio Fides.

También precisó que este 2027 no se pondrá en vigencia la distribución del 50/50, pero se empezará esa coparticipación gradual y, de acuerdo con los porcentajes que se establezcan, se definirán los porcentajes finales. Reconoció que esta discusión será compleja y será llevada a cabo en las siguientes semanas.

“Son temas técnicos, no muy fáciles de resolver, pero está puesta la voluntad política del Gobierno y la nuestra para arribar a una ley; se tiene que aprobar una ley en el curso de este año, que será la que permita la coparticipación de los tributos a partir del próximo año 2027”, afirmó.

Otra de las tareas, según la autoridad departamental, será la devolución de obligaciones al Estado central, debido a que la Ley de Autonomías, aprobada en el gobierno del expresidente Evo Morales, dio lugar a una “autonomía declarativa”, porque no permite que los gobiernos departamentales asuman decisiones sobre el destino de sus recursos y la posibilidad de generar nuevos. “La verdad es que la decisión es del Gobierno central y no de las autonomías que tienen que tener las regiones”, puntualizó.

Además, mencionó la transferencia de mayores responsabilidades a las gobernaciones, que legalmente corresponden al Gobierno central, entre ellas, el pago de prediarios de los centros carcelarios, los bonos de vacunación para los médicos, los costos de los títulos de bachiller, entre otras. “Estas normas se van a derogar, de hecho, ya está aprobada en el Senado una norma que está dejando sin efecto estas confiscaciones de recursos”, afirmó.

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Dijo que el presidente comprometió hablar con los diputados para que ese proyecto de ley se apruebe esta misma semana y se restablezca el hecho de que no se puede asignar a las gobernaciones arbitrariamente el costo de algunos servicios que le corresponden al nivel nacional.

El gobernador recordó que, además, hay una serie de disposiciones en las que las gobernaciones deben pedir permiso a algunas autoridades nacionales para que autoricen los gastos e incluso créditos, que están definidos por normas aprobadas en los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), que deben ser anuladas para dar autonomía a las regiones.

Consultado sobre cómo se hará efectivo el 50/50, Revilla reconoció que se tiene que determinar cuál es el 100% de los recursos económicos para realizar esa distribución, considerando que hay recursos del Estado central que hoy cubren una serie de servicios que se prestan al conjunto del país; por lo tanto, reconoció que no es tan sencillo decir si los recursos provendrán de los que administra el Estado central o de todo lo que generan los nueve departamentos.

Además, sostuvo que a ello se suman las realidades de cada uno de los departamentos: “una cosa son los recursos que genera Santa Cruz, La Paz y quizá Cochabamba y otra cosa son los recursos que se generan en Beni, en Pando, en Oruro; son realidades muy diferentes”.

Sostuvo que, en la reunión con el presidente, no se precisó de qué 100% de recursos se estaba hablando; por ello es que en 2027 empezará con un porcentaje que no será del 50/50. Es un tema técnico, difícil, una discusión que va a tomar tiempo, no es un trabajo de dos días.

“Vamos a empezar a trabajar esta semana con los equipos técnicos y; la verdad es que esto va a tomar semanas, sino meses de discusión, de análisis, hasta que realmente arribemos a una conclusión y a saber en el proyecto de ley que se va aprobar, de que tributos exactamente estamos hablando y; ahí vamos a saber cuál es el 100, el 50/50 y cuáles son los porcentajes preliminares que se van a empezar a distribuir a partir del 2027”, afirmó.

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En relación con la posibilidad de crear otros impuestos para garantizar la distribución del 50/50, el gobernador manifestó que hay mecanismos previstos por la CPE que necesitan de la voluntad y reglamentación.

“En la Constitución Política del Estado se habla de contribuciones especiales; ese término significa que en determinados lugares, la gente, por ejemplo en los municipios de área mineras pueden aportar una contribución especial a cambio de un servicio específico en esos lugares: como por ejemplo, la construcción de un hospital o la construcción de una carretera; lo mismo puede ocurrir con tasas o sobretasas que son contribuciones por un servicio que son contribuciones para el conjunto de la población”, explicó.

En el caso de los tributos, informó que se habló de ampliar el dominio tributario de las gobernaciones: “ahí tenemos que saber de qué estamos hablando, no se le puede cargar con más impuestos a la gente; pero podría haber algunas áreas vinculadas a los temas ambientales, a la explotación de algunos recursos que podrían discutirse como parte de la ampliación del dominio tributario”, manifestó.

Sin embargo, en Bolivia lo que más genera recursos para el Estado central son los propios impuestos que cobra el propio Estado nacional, como el Impuesto a las Utilidades, el Impuesto a las Transacciones y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que los distribuye a las universidades y municipios, de los cuales no participan las gobernaciones y podrían participar en algún porcentaje, dijo.

“Estamos hablando de que los gobiernos departamentales podrían generar algunos impuestos, pero no a la generalidad de la población, sino a sectores específicos y; no se habla de que el Gobierno transfiera, sino que se coparticipe, es decir que un porcentaje de ese impuesto que cobra el Gobierno nacional vaya también a las gobernaciones que es algo que hoy no sucede”, afirmó.

En el caso del departamento de La Paz, se podrían generar impuestos por la explotación de madera, porque en el caso de la minería pagan actualmente regalías mineras, eso está establecido en la ley; es un tema que hay que discutir, no es un tema fácil, porque además no es lo mismo hablar de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, los departamentos del sur y otros que no generan los mismos ingresos, o generar por otros servicios; tampoco puede ser una cuestión homogénea, exactamente igual para las nueve gobernaciones.

Además, sostuvo que, en la reunión con el Gobierno, se habló de generar un fondo de compensación para los departamentos que “tienen déficit en la generación de sus ingresos propios”; ese es un tema que se va a trabajar de manera paralela a esta discusión.

Revilla informó que planteó que la asignación de recursos o de coparticipación tiene que estar acompañada de una evaluación permanente de indicadores, del buen uso de esos recursos, que no pueden ir a pagar burocracia, sino a inversión pública, infraestructura, salud, educación, desarrollo productivo, pero además que tiene que ser medibles en el impacto a la población.