Poder contra justicia

“No puede haber paz sin justicia. No puede haber justicia sin verdad. Y no puede haber verdad, a menos que alguien se levante para decirte la verdad”, decía Louis Farrakhan. La frase nos recuerda algo esencial: cuando una sociedad abandona la verdad, la justicia se debilita; y cuando la justicia se debilita, el poder empieza a ocupar el lugar de la ley.

La independencia judicial no es un lujo institucional ni una consigna decorativa. Es una condición básica para que el Estado no se convierta en propiedad de quienes gobiernan temporalmente. Un Órgano Judicial funcional no solo debe resolver causas y emitir sentencias; debe hacerlo con autonomía, sin miedo y sin obediencia política. Porque un juez sometido al poder deja de ser juez y se convierte en funcionario de conveniencia.

Montesquieu sostuvo que, para evitar el abuso, “el poder debe detener al poder”. Esa idea sigue siendo el corazón del constitucionalismo moderno. La división de poderes existe para impedir que una sola autoridad concentre la fuerza, la ley, la interpretación constitucional y el destino institucional de un país.

Por eso preocupa cualquier intento de modificar el equilibrio judicial mediante mecanismos de designación política. En Bolivia, el debate sobre la posible designación transitoria de magistrados interinos no puede verse como un simple trámite administrativo. El problema de fondo es constitucional y democrático: ¿puede el poder político participar decisivamente en la elección de quienes luego deben controlar sus actos?

La Constitución reconoce principios como independencia, imparcialidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales. Es cierto que el sistema judicial boliviano atraviesa una crisis profunda: retardación procesal, desconfianza ciudadana, denuncias de corrupción, politización y falta de meritocracia. Pero precisamente por eso la solución no puede ser entregar más poder al poder. La crisis judicial no se resuelve debilitando la independencia; se resuelve fortaleciéndola.

Muchas heridas institucionales empiezan como excepciones. En nombre de la urgencia, la estabilidad o la necesidad, los gobiernos pueden abrir puertas que después resultan difíciles de cerrar. La historia latinoamericana demuestra que la concentración del poder rara vez se presenta con rostro autoritario; suele vestirse de solución rápida, salida transitoria o aparente gobernabilidad.

Bolivia necesita justicia, pero no cualquier justicia. Necesita una justicia que no sea oficina del poder, que no incline la cabeza ante el Ejecutivo y que no funcione como escudo de impunidad ni como espada contra adversarios. Necesita jueces que comprendan que la toga no es un privilegio, sino una responsabilidad ética frente a la historia.

No habrá paz sin justicia. No habrá justicia sin verdad. Y no habrá verdad si nadie se atreve a decir que la independencia judicial está en riesgo cada vez que el poder intenta nombrar, condicionar o domesticar a quienes deberían controlarlo.

Defender la independencia judicial no es defender a unos magistrados ni idealizar un sistema que necesita reformas profundas. Es defender la posibilidad de que Bolivia siga siendo una república constitucional y no una administración sometida al capricho de sus gobernantes.

Porque cuando el poder pretende ocupar el lugar de la justicia, la democracia deja de tener jueces y empieza a tener guardianes del poder.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.