26J: Las víctimas civiles no se presentan al juicio y abogado de Zúñiga apuntala la tesis de la emboscada a los militares

Eduardo León, abogado defensor del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, indicó que las supuestas víctimas civiles del caso del presunto golpe fallido no se presentaron a la audiencia del juicio que comenzó el lunes. El jurista apuntaló la tesis de que los militares sufrieron una emboscada del poder el 26 de junio de 2024 (26J).

“No hay víctimas civiles, ayer fueron declaradas en abandono (…). Solamente se está impulsando por las carteras de Estado. Está el anterior Gobierno representado por los abogados de este Gobierno. En la mañana se presentó uno, con su abogado, pero ya en la tarde ya no se presentó y se declaró su abandono. Es decir, que en este caso ya definitivamente han sido apartados”, manifestó León en contacto con Visión 360.

El jurista sostuvo que la justicia decidió apartar de forma definitiva a las supuestas víctimas civiles de aquella asonada, después de que no se presentaran al juicio, lo que, según dijo, significa que no hubo civiles afectados por esos hechos.

“(Significa) de que nunca ha existido gente civil que haya sido afectada por este supuesto hecho, de que simplemente estas personas respondían a un afán de querer engrosar o darle mayor fuerza a esta sindicación, en primera instancia, y posteriormente imputación y acusación. Pero que, en definitiva, no existió nadie que haya sido afectado directamente porque esto ha sido un acto de emboscada, nada más que se ha hecho a las Fuerzas Armadas”, señaló León a este medio.

El 26J: la revuelta 

El 26 de junio de 2024, un grupo de militares, liderado por Zúñiga, protagonizó una asonada en la plaza Murillo y el entonces presidente Luis Arce denunció un intento de golpe de Estado. Esa misma jornada, por la noche, el ahora exgeneral fue aprehendido y enviado a la cárcel. Dos años después de aquel hecho, este lunes se inició el juicio contra Zúñiga en La Paz.

En su primera declaración ante la prensa, aquel 26 de junio, mientras era trasladado tras ser aprehendido, Zúñiga aseguró que la revuelta se trató, en realidad, de un autogolpe, supuestamente organizado a pedido del entonces mandatario, versión que fue desmentida por el gobierno de Arce.

El abogado León afirmó a este medio que todo se trató de una emboscada contra las Fuerzas Armadas y no de un golpe contra el gobierno de Arce, porque los militares salieron por órdenes del entonces presidente.

“Ellos fueron convocados para un ejercicio en la plaza Murillo, ellos fueron convocados para cumplir una misión de defensa de la patria, como les dijo textualmente Luis Arce Catacora, y cuando llegaron al lugar las cosas cambiaron totalmente, aparecieron organizaciones sociales, funcionarios públicos y generaron un escenario similar al del Hotel Las Américas, donde querían que haya un derramamiento de sangre”, apuntó el abogado.

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El jurista añadió, además, que se confirma que “no hubo víctimas” porque no hubo un derramamiento de sangre. Sostuvo que existen “simplemente acusadores”. “No ha habido en los supuestos hechos del 26 ninguna víctima, no ha habido ningún acto de violencia, más que los que ya se conocen, pero en definitiva esto continúa a demostrar que la teoría de un golpe, de un falso golpe, de un golpe montado, etcétera; simplemente ha resultado ser una emboscada que se ha hecho por parte del poder político en contra del ejército y particularmente de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

En otra audiencia, el lunes por la tarde, la justicia determinó otorgarle detención domiciliaria a Zúñiga. Con esa medida, el excomandante deberá pagar una fianza, presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y cumplir con un arraigo. Además, tiene prohibido comunicarse con los demás sindicados.

Esa disposición fue calificada por su abogado como “una victoria”, quien manifestó que “todo lo que vaya en beneficio de Zúñiga, sea pequeño, grande o mediano, es finalmente una victoria que va abriéndole paso para establecer la verdad de los hechos”.

Además, anunció que, tras no establecerse la existencia de víctimas y luego de que estas no se presentaran, formularán una demanda contra el gabinete del entonces mandatario Arce por el presunto delito de traición a la patria.

“Vamos a iniciar una demanda de juicio de responsabilidades contra estas personas, con la prueba que se va a ir generando en este proceso para poderlos llevar a un juicio de responsabilidades por los delitos de traición a la patria”, aseveró.