“Han pedido su cabeza”: abogado de Zúñiga afirma que el Grupo de Puebla presionó a Arce para “emboscarlo”

El abogado del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, Eduardo León, aseveró este miércoles que el Grupo de Puebla presionó para que el gobierno del entonces presidente Luis Arce cometiera una supuesta “emboscada” contra las Fuerzas Armadas y el propio Zúñiga el 26 de junio de 2024, cuando ocurrió la asonada. Señaló que esa presión surgió luego de que Zúñiga expresara que estaba dispuesto a aprehender a Evo Morales y declarara que el exmandatario ya no podía ser candidato a la Presidencia.

“Claro que sí, ha habido no solamente una injerencia interna, sino ha habido una injerencia internacional con el Grupo Puebla en todo el trazado de esta emboscada a las Fuerzas Armadas. Y esto ha resultado siendo, justamente, uno de los elementos que ha detonado definitivamente la manera en cómo se ha atacado al general Zuñiga”, declaró León a Visión 360.

El Grupo de Puebla fue fundado en julio de 2019. Es considerado un foro político y académico integrado por expresidentes, dirigentes e intelectuales de izquierda y centroizquierda de América Latina y España.

El 24 de junio de 2024, Zúñiga participó en un programa de la periodista Jimena Antelo, en el que señaló que, constitucionalmente, Morales estaba inhabilitado y que, si era necesario, las Fuerzas Armadas lo aprehenderían.

“Legalmente está inhabilitado, la Constitución Política dice que no puede ser más de dos gestiones y el señor ha sido re-re-reelegido y el Ejército, las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país”, señaló. Antelo, entonces, le preguntó si estaría dispuesto a detener a Morales. Al respecto, respondió: “si el caso lo amerita, yo creo que sí”.

Tras esos dichos, según León, Zúñiga fue convocado a la Casa Grande del Pueblo y, antes de ingresar, los efectivos de seguridad lo despojaron de su celular e, incluso, de sus zapatos. En ese lugar lo esperaban Arce y algunos de sus ministros, quienes le reprocharon sus declaraciones y le manifestaron que el Grupo de Puebla había pedido su destitución.

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“Entonces, de esta forma, fue convocado al Palacio de Gobierno, a la Casa Grande del Pueblo, donde él había sido llevado encapuchado y despojado de su celular, inclusive de los zapatos, etcétera, donde lo esperaban en el lugar Luis Arce Catacora, Hugo Moldiz, Marianela Prada, Eduardo del Castillo y Edmundo Novillo, y le habrían manifestado de que el Grupo de Puebla estaba muy molesto por esas declaraciones, que han pedido su cabeza, no solamente para que les denuncie o para que sea apartado del cargo, sino que, en definitiva, para que él pueda desaparecer del gobierno. En esas circunstancias que se confirma esta declaración y, más que todo, la manera en cómo este grupo delincuencial del Puebla ha actuado en este caso”, aseveró el abogado.

El 26 de junio, el Grupo de Puebla repudió las declaraciones de Zúñiga y, mediante un comunicado, pidió a Arce “hacer valer el principio sagrado del carácter no deliberativo en política de la Fuerza Pública”.

Zúñiga fue relevado de su cargo, pero durante la mañana del 26 de junio participó, pese a esa decisión, en un acto de imposición de grados a uniformados. “Hubo una decisión política de un grupo externo y, además, en la organización de esta emboscada a las Fuerzas Armadas participaron agentes externos cubanos, a la cabeza de Hugo Moldiz, y también rusos que fueron asesorados por Moldiz”, indicó León.

“Se deben iniciar acciones legales”

Además, León anunció que se iniciarán acciones legales contra Arce y algunos de sus ministros por la vía de un juicio de responsabilidades y por el presunto delito de traición a la patria, por todo lo que sucedió el 26 de junio de 2024.

“Principalmente contra Luis Arce Catacora, Edmundo Novillo, Eduardo del Castillo, María Elena Prada, el viceministro (Jhonny) Aguilera, el viceministro (Roberto) Ríos, Hugo Moldiz y algunos ministros y otros viceministros que han estado involucrados en este caso. En definitiva, creemos que esto va a posibilitar que haya un juicio de responsabilidad serio, por el delito de traición a la patria, porque ha habido actos de utilización e instrumentalización del Estado, de manera política, una emboscada a las Fuerzas Armadas”, declaró.

Agregó que, por la comisión de ese delito, pedirán 30 años de prisión para los implicados en el penal de Chonchocoro. A su vez, el otro abogado de Zúñiga, Eusebio Vera, indicó a este medio que el inicio de un juicio de responsabilidades es prematuro, pero que sí debe presentarse una vez que se cuente con la resolución del juicio que se lleva adelante. Además, indicó que se sumarían otros delitos: terrorismo y concusión.