Rodrigo Paz pierde un aliado en un momento político clave y a 52 días de que venza el estado de excepción

A 12 días de cumplir 9 meses de gestión y a 52 de que se levante el estado de excepción que permitió al Gobierno contener una protesta social en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Gobierno perdió oficialmente el respaldo de Unidad Nacional (UN), en un momento político clave por la urgencia de aprobar en el Legislativo el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado y las leyes consideradas fundamentales para encaminar al Estado en un nuevo rumbo.

Aunque ya lo había anticipado verbalmente la anterior semana, el líder de UN, el empresario Samuel Doria Medina, publicó un mensaje en sus cuentas en redes sociales anunciando que a partir de este lunes pasan a formar parte de la oposición, por ética y por las debilidades en la lucha contra la corrupción.

UN forma parte de la alianza Unidad, conformada además por Creemos y una decena de agrupaciones ciudadanas, que en las elecciones nacionales consiguió la tercera bancada legislativa más numerosa, con 35 representantes: 7 senadores, 15 diputados plurinominales, 11 uninominales y 2 supraestatales.

La segunda fuerza legislativa, la alianza Libre, tiene 53 representantes: 12 senadores, 17 diputados plurinominales, 20 uninominales, 2 supraestatales y 2 diputados de circunscripción especial. Esta fuerza no llegó a formar parte del Gobierno y, por el contrario, fue muy crítica con el Ejecutivo, por su lentitud, debilidad y su incapacidad para actuar contra el expresidente Evo Morales, quien burla la justicia desde hace más de un año atrincherado en el Trópico de Cochabamba.

“En noveno mes de gestión ni una ley estructural presentada y cuando surgen iniciativas, el gobierno se lava las manos o culpa a otros”, señaló hace dos semanas el líder de Libre y expresidente, Jorge Quiroga. Luego fue aún más duro: “Bolivia votó para cambiar, no para tilinear frívolamente con cuate-cracia nepotista”.

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta este complejo escenario con las dos fuerzas políticas de las que depende la gobernabilidad política, justamente cuando urge la aprobación legislativa del PGE y del paquete de leyes que han sido denominadas fundamentales y que son el cimiento de la transformación política y económica ofertada durante la campaña electoral y esperada por Libre y Unidad.

“Tienen la libertad de ver las acciones que vean necesarias, pero aquí hay otra cosa, hay que apoyar el sistema democrático, el sistema de la Constitución y un gobierno electo. Y para aquello nosotros, con la mayor humildad, decimos a todos los líderes políticos que el presidente Rodrigo Paz siempre está abierto a todos los consejos, a todo el apoyo que se tiene y a todo aquel ciudadano que quiera trabajar por el bien del país”, afirmó el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, al enterarse de la decisión de Doria Medina.

El exgobernador de La Paz y actual secretario de cultura de la Alcaldía de El Alto, Santos Quispe, advirtió: “Toda ruptura tiene consecuencias. Ahora los diputados que sacó UN serán oposición del presidente. Seguramente se complicará aprobar cualquier ley. Es una preocupación, seguro ya no se aprobarán muchas leyes y eso será una preocupación para el país”.

El exsenador y exministro de Economía, Óscar Ortiz, consideró que el Gobierno debe tomar acciones inmediatas para contener este panorama de debilitamiento político y de deterioro de la imagen de la gestión.

“En estos casi nueve meses de gestión se ha ido diluyendo ese gran apoyo que tenía la gestión del presidente Rodrigo Paz. Hoy, las últimas encuestas ya dicen que la desaprobación de la gestión gubernamental es superior a la aprobación. Quienes querían confiar en él, o en su gestión se han visto desilucionados por la falta de acción, por ejemplo, frente a los bloqueos”, opinó en entrevista con la red Unitel.

Una encuesta realizada en julio por la firma Ipsos- Ciesmori refleja una marcada caída en el nivel de aprobación del presidente Paz Pereira, de 46% en mayo a 38% en junio. El Jefe de Estado comenzó el año con 65% de aprobación.

El distanciamiento de UN se produce a 52 días de que concluya el estado de excepción que permitió al Gobierno contener la movilización social en demanda de la renuncia del presidente Paz Pereira y que entró en vigencia gracias al respaldo legislativo de las alianzas Unidad y Libre.