Jurista ve que el anuncio de dimitir de Saucedo parece ser parte de una “presión” contra el Gobierno por el tema del presupuesto

De acuerdo con la Ley 025 del Órgano Judicial, el período de mandato del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es de tres años. Sin embargo, el actual presidente de ese órgano, Romer Saucedo, que lleva un año y seis meses en el cargo, anunció que dejará la presidencia. ¿Entonces, qué sucede al interior de la institución? El constitucionalista Julio Veizaga sostuvo que la postura asumida por Saucedo parece ser parte de una “presión” contra el Gobierno por el tema del presupuesto judicial.

“Según la ley, tienen tres años como presidente, entonces quiere decir que al subsiguiente año que viene debe haberse renovación, entonces esta renuncia anticipada de que van a dejar, parece que fuera parte de una presión que quiere ejercer el órgano judicial frente al Gobierno en el tema de presupuesto, que no lo han asignado de la manera adecuada. Hay que fijarse en el comportamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Está haciendo un protagonismo institucional y además un protagonismo político”, indicó Veizaga en contacto con Visión 360.

La Ley 025 establece, en su artículo 39, que el período de presidencia dentro del TSJ es de tres años, como mencionó Veizaga. “El período de su mandato será de tres (3) años, pudiendo ser reelegida o reelegido. No integrará las salas especializadas”, dice el parágrafo II del artículo en cuestión.

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La polémica surge luego de que Saucedo anunciara que pondrá a disposición su cargo como presidente del TSJ una vez que se apruebe el calendario de las vacaciones judiciales. “Es triste cuando toca despedirse, es triste cuando uno da todo lo que puede dar y no encuentra respaldo de otras instituciones que tienen la obligación y que dijeron comprometerse. (…). Elegiremos un nuevo presidente, nueva presidenta, nuevo decano, nueva decana, y apoyaremos. Con seguridad va a ser una decisión unánime la que se tome en nuestra sala plena, pero este va a ser el último año, es una decisión ya asumida”, indicó Saucedo el pasado jueves en un acto en San Ignacio de Velasco.

Además de él, la decana de ese mismo órgano, Rosmery Ruiz Martínez, también confirmó que dejará el cargo, en línea con la decisión de Saucedo. Ruiz aclaró que su decisión no implica que dejará sus funciones como magistrada, sino la representación que ejerce en la actualidad.

“La elección sería más o menos en esas fechas, para que los nuevos magistrados asuman a partir de la primera semana del mes de enero. Queremos dar la oportunidad también a los otros magistrados para que puedan asumir el mismo reto”, afirmó Ruiz.

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Para Veizaga, ambos anuncios responden a la negativa del Gobierno de otorgar un mayor presupuesto al Órgano Judicial, una demanda que Saucedo planteó en una reunión de emergencia realizada en junio, cuando advirtió con un paro de actividades.

“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado. Lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, sostuvo Saucedo en ese entonces.

Veizaga, al respecto, manifestó: “Es un discurso que lo está utilizando políticamente para ejercer presión frente al Gobierno, que no lo ha atendido en el presupuesto. Anunció que iban a ir a un paro, exigió varias cosas más, esas cosas están fuera del lenguaje de una autoridad nacional de esa naturaleza. Él planteó que en lo mínimo debería ser un 5% del Presupuesto General al Órgano Judicial. Actualmente el presupuesto, con lo que han aprobado también no ha mejorado mucho y más bien es así 0,0037 creo que es el presupuesto actual, o sea, no llega ni al 1%. Quiere decir que hay un maltrato efectivamente al Órgano con la manera como se distribuye el presupuesto. El reclamo era válido, porque ellos con recursos propios están sustentando la vigencia de la Justicia”.