Crisis energética: el país entre el colapso hidrocarburífero y el salvavidas minero

Bolivia enfrenta una crisis energética que no puede ser superada en el corto tiempo. El Gobierno está obligado a endeudarse para garantizar el abastecimiento de carburantes, no solamente diésel y gasolina, sino también, a futuro, gas natural, para evitar la crisis de electricidad provocada por la caída en la producción, la falta de inversión en exploración y los subsidios estatales, según coinciden especialistas consultados por Visión 360.

A ocho meses de gestión del presidente Rodrigo Paz, el panorama no es alentador. Analistas en hidrocarburos advierten que las soluciones de fondo tardarán por lo menos cinco años, periodo en el que se deberán asumir medidas radicales, entre ellas, dejar atrás la subvención no solo del diésel y la gasolina, que fue suspendida parcialmente. Sin embargo, el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán provocó el alza de los precios del petróleo y, con ello, Bolivia volvió a aplicar la subvención.

Las posiciones de los expertos coinciden sobre las medidas que deben asumirse para no agudizar la crisis que se vive en el país. En ese caso, se advierte sobre cortes de electricidad similares a los que se registran en Cuba y Venezuela; esta posibilidad genera temor en la población, que se resiste a que se deje de lado la subvención aplicada durante los dos gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde otra área, se plantea que la minería podría sacar al país de esta crisis; sin embargo, existen condiciones para ello que, al igual que en el área de hidrocarburos, deben cumplirse para que el Estado tenga divisas que le permitan la importación de carburantes y paliar los efectos de esta amenaza que se cierne sobre los bolivianos.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, se declaró “totalmente pesimista” sobre la situación. Advirtió que la única condición para que el país esté abastecido es que se cuente con los dólares, ya sean del sector público o privado, para poder importar combustibles y que el país pueda seguir trabajando y operando con normalidad.

“El Gobierno tiene pocas salidas, la única que le queda es la deuda, prestarse cada vez más plata para importar el combustible que necesitamos para que el país no se pare, y por eso es que está gestionando préstamos, que era lo que sabíamos que iba a pasar”, sostuvo.

Advirtió que la importación se extenderá por tres o cuatro años más, hasta que se tenga una nueva Ley de Hidrocarburos que permita tener nueva producción de petróleo, gas natural, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y condensados a partir del gas natural.

“Pero para que esa ley funcione se tiene que quitar los subsidios: el subsidio a la gasolina, el subsidio al diésel; se puede focalizar el subsidio al GLP, es decir, a las familias más vulnerables darles el GLP subsidiado directamente y luego hay que quitar el subsidio al gas natural. Si no quitamos el subsidio, la Ley de Hidrocarburos no funciona y sin Ley de Hidrocarburos las importaciones son cada vez más grandes”, advirtió.

Manifestó que, mientras tanto, si no se toman esas medidas de quitar subsidios, hacer la Ley de Hidrocarburos, reconfigurar, privatizar, vender o asociar al capital privado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el país tendrá que seguir endeudándose.

“Vamos a tener que seguir prestándonos plata para importar combustible y, algún día, no nos van a prestar y eso es como en Cuba, nadie le presta plata, entonces hay desabastecimiento crónico de energía y un país sin energía lo único que hace es deteriorar su economía”, aseguró.

Ríos hizo notar que el tiempo continúa pasando y “la Ley de Hidrocarburos no aparece”, cuando ya debió hacerse cinco o seis años atrás. “No la quiso hacer el MAS y este Gobierno ya tiene nueve meses de gestión y no pasa nada”. Sin embargo, insistió en que, si se aprueba una nueva norma y no se han quitado los subsidios, la ley no va a funcionar.

“Si no tomamos decisiones de quitar los subsidios y no aprobamos una nueva Ley de Hidrocarburos, el futuro es patéticamente horrible. Ya estamos en un momento horrible, las colas en los surtidores; eso no ocurre en ningún país, solo en Cuba y Venezuela, en Cuba en particular”, sostuvo.

El experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, afirmó que el 80% de la energía que consume Bolivia depende de los hidrocarburos. “El energético más consumido en Bolivia es el gas natural, seguido de diésel, gasolina, GLP y otros derivados”, dijo.

Planteó que, con una dependencia tan alta en términos de consumo, lo que el país no produce tiene que importarlo, porque los consumidores, entre ellos los choferes y las personas que utilizan GLP, “no pueden cambiar de la noche a la mañana la tecnología que usan para cocinar sus alimentos, o para transportarse de un lugar a otro, o si es una industria, su tecnología de producción”.

Velásquez sostuvo que Bolivia ya está en una crisis energética desde junio de 2023, porque dos de los principales energéticos que consume, como son el diésel y la gasolina, han registrado problemas de abastecimiento. “Desde junio del 2023 que las personas tenemos que hacer filas de horas en algunos lugares para cargar gasolina, o días incluso para cargar diésel”, señaló.

Sostuvo que uno de los objetivos de política pública más importantes en cualquier país del mundo es la seguridad energética. “La seguridad energética quiere decir que los habitantes de un país deben poder acceder de manera ininterrumpida a los energéticos que consumen y, además, a precios accesibles”, afirmó.

Desde su análisis, Bolivia enfrenta una situación crítica porque, desde el año 2003, ha desarrollado una doble dependencia del sector hidrocarburos. Por una parte, está la dependencia energética, pero también se desarrolló una dependencia fiscal.

Explicó que más de una tercera parte de los ingresos del Gobierno en general, a nivel central, departamental y municipal, provienen de los hidrocarburos en los últimos 20 años. “Y si vemos algunas regiones en particular, como, por ejemplo, Tarija, de cada $us 100 de presupuesto de la Gobernación, 80 son regalías e IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), vienen de hidrocarburos. Si vemos Santa Cruz, de cada $us 100 de presupuesto de la Gobernación de Santa Cruz, 60 son regalías e IDH. Entonces, hay una enorme dependencia fiscal”.

Por eso, consideró que para Bolivia no es tan sencillo como en otros países decir: “Cambiamos de fuente, dejamos los fósiles, dejamos atrás el gas o el petróleo y nos vamos por las fuentes renovables”.

Porque, según el especialista, si bien Bolivia tiene un importante potencial en energías renovables, ¿qué hacemos con la dependencia fiscal? ¿De dónde sacamos esos $us 60 de cada 100 que necesita el Gobierno de Santa Cruz, o esos $us 80 de cada 100 que necesita el Gobierno de Tarija? ¿Cómo financiamos el IDH? ¿Cómo financiamos la Renta Dignidad? Se ha generado una dependencia fiscal.

En esas circunstancias, propuso una transición energética que lleve al país a desarrollar otras fuentes, como las renovables, pero también una transición fiscal que permita diversificar las fuentes de ingreso fiscal para el país.

Velásquez planteó la necesidad de aprobar una Ley de Energía que sirva como un marco general, un paraguas amplio, del cual deben desprenderse dos leyes: la de hidrocarburos y la de electricidad, orientadas a cambiar esta situación, entendiendo que son sectores de largo plazo.

Por lo tanto, el cambio lo vamos a ver de acá a cinco años aproximadamente, si es que son leyes que están bien hechas y si es que logran realmente atraer inversión, y además si es que son respetadas en el país”, advirtió.

“Por lo tanto, lo recomendable es que los precios de la gasolina, el diésel y el gas se vinculen a los precios internacionales. Y desde nuestro punto de vista, esto es muy importante: a la par, el Gobierno tiene que implementar políticas sociales bien focalizadas para la población más vulnerable, que sin duda va a ver su economía afectada por este ajuste de precios”.

Subrayó que Bolivia tiene que dejar de utilizar los precios como un mecanismo de subvención, porque al final lo que terminan haciendo esos precios subsidiados es incentivar el contrabando y dejar sin energía, sin estos energéticos, a la población que los necesita.

Hoy en día, si se hacen bien las cosas, se generan buenas leyes y se garantiza un elemento fundamental: la seguridad jurídica, que, desde su punto de vista, está más allá de lo que se pueda establecer en una norma, el país podrá avanzar. “La seguridad jurídica la tenemos que dar todos, dejar de pedir, dejar de bloquear para que se abroguen leyes, por ejemplo. Hay que dar seguridad jurídica al inversionista, mostrar que el boliviano puede respetar leyes y que sabe cumplir acuerdos”.

Mientras se concreta esa transición energética y fiscal, el país va a tener que seguir importando cada vez más diésel y gasolina. “Ya estamos empezando a importar petróleo crudo para obtener GLP”, precisó.

Velásquez manifestó que en dos o tres años Bolivia también tendrá que empezar a importar una parte del gas natural que se consume, que en el mercado interno cuesta $us 1,30 la unidad energética. Si se tuviera que importar, se tendría que pagar entre $us 10 y 12 por esa unidad energética. “Entonces, eso genera un serio problema, tanto económico como también energético a mediano plazo”.

Pero en el mediano plazo, en los próximos cinco años, “es muy difícil que una ley o un Gobierno puedan cambiar esta crítica situación por varita mágica, por arte de magia. Es muy difícil, eso no se puede realmente realizar: que se cambie y se revierta de golpe esta situación de la noche a la mañana. Va a tomar un tiempo lograr revertir esta crítica situación”, dijo.

Mientras tanto, el experto en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, plantea que, ante la crisis energética que enfrenta el país, se pueden mejorar los ingresos de ese sector y propone medidas que deberían asumirse en el corto, mediano y largo plazo.

En el corto plazo, propone elevar la fiscalización y recaudación de la minería actual, invertir los excedentes de inmediato en energías alternativas, explotar metales críticos (zinc, indio, galio y bismuto), captar financiamiento de Europa para estudios rápidos, desarrollar baterías combinando minería tradicional y litio, mitigar la intermitencia de las energías eólica y solar e impulsar proyectos piloto de electromovilidad.

En el largo plazo, planteó la opción del hidrógeno verde: aprovechar la alta radiación solar del altiplano, producir hidrógeno verde para abastecer a todo el país y consolidar una matriz energética limpia e independiente.

En el corto plazo, sostuvo que hay que reformar la escala de las regalías: cada vez que suban las cotizaciones de los minerales, tiene que subir la regalía. “Ya lo hemos propuesto nosotros, tenemos una propuesta alternativa para esto, que sin poner en conflicto los costos de operación de los mineros, el Estado recaude mucho más, esa sería una medida urgente”, manifestó.

Otra acción que se puede hacer rápidamente es centralizar la comercialización de minerales en el país. Antes había el Banco Minero, que recogía toda la producción de minerales, vendía en nombre del Estado, recaudaba el dinero en dólares, lo depositaba en el Banco Central y pagaba a los mineros en bolivianos, afirmó.

Para ello, aclaró que hay que estabilizar la moneda. No tiene que haber diferencia entre el dólar de la calle y el tipo de cambio oficial, como sucede ahora. Con eso, el BCB podría tener unos $us 15.000 millones. Obviamente, tendría que pagar en bolivianos a los mineros, pero el BCB tendría dólares en una disponibilidad inmensa que le podría resolver grandemente los problemas que tiene ahora.

El otro punto que es crucial son los impuestos de los cooperativistas auríferos, que dejaron de serlo hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer es permitirles que se asocien con empresas privadas y darles algún tipo de personería jurídica de carácter empresarial, para que paguen los impuestos completos, puedan contratar personal y paguen las regalías correctas.

“En ese caso, tendríamos un aumento de los ingresos realmente significativo para el país, grandes ingresos netos entre regalías e impuestos. Estamos hablando de $us 2.000 millones”, dijo.

Para mejorar el control y evitar el contrabando de oro, se ha propuesto instalar plantas de tratamiento del concentrado de oro que extraen las cooperativas en varios lugares donde se encuentran estas empresas, y procesarlo en esas plantas sin utilizar mercurio, con tecnología moderna. Además, se les cobraría por el procesamiento y se les entregaría posteriormente su oro completo. De esa manera, el Estado recuperaría el control sobre la producción aurífera y el registro, y también estaría generando mayores ingresos.

Pero, para ello, tiene que haber cinco condiciones: una visión de hacia dónde se quiere llegar, un plan, recursos técnicos, económicos y operativos, talento humano y un programa de incentivos para que aquellos que sufran los cambios los acepten y apoyen.

Además, según el experto, tiene que haber reglas de carácter político entre el Gobierno y los líderes de estas organizaciones. Para eso, hay que poner en evidencia la realidad de las cooperativas y que el mundo entero sepa cómo funcionan de verdad, para que así le sea más fácil al Gobierno negociar con ellas, porque mientras el Ejecutivo esté en desventaja, como está ahora, se le impondrá cualquier cosa por parte de las cooperativas.

También se refirió a la seguridad jurídica. Al respecto, planteó que la consulta previa a las comunidades debe darse a partir de un plan elaborado por el Ministerio de Planificación, con información del Ministerio de Minería, que identifique dónde existen yacimientos mineros importantes en el país y dónde hay interferencia con las comunidades, para que sus habitantes decidan si quieren o no minería y se respete su decisión.

Si la comunidad quiere minería, se debe pedir como condición a las empresas apoyo para el desarrollo de una economía alternativa, a partir de los excedentes que libera la minería, haciendo que la comunidad se convierta en un actor aliado de la empresa, según explicó el experto.

Indicó que hay que darles seguridad, porque lo que ahuyenta la inversión externa no es el nivel de impuestos o regalías, que considera bajos, sino el temor a que se produzcan avasallamientos o nacionalizaciones; por ello, sostuvo que hay que garantizar que eso no vuelva a ocurrir.
Concluyó que, con las comunidades, por los avasallamientos, tiene que haber ese tipo de acuerdos y, después, con el Estado, para que no haya nacionalizaciones. “Tiene que ser un principio del Estado que no se nacionalicen estas inversiones”.

Puntos de vista

Héctor Córdova: Hay que recaudar más e invertir excedentes en proyectos de energías alternativas

Ante la crisis energética que se registra por la caída de la producción de gas natural y sus derivados, Héctor Córdova, analista en temas mineros de la Fundación Jubileo, planteó que la minería puede aportar mayores recursos al país y destinarlos a proyectos de energías alternativa.

Sostuvo que con la minería se pueden hacer dos cosas, en el corto y largo plazo. Las acciones inmediatas serían aumentar las recaudaciones e invertir esos excedentes, que pueden ser muy grandes, en la generación y proyección de energías alternativas.

Mencionó que en el país existen varias fuentes de energías de ese tipo, entre ellas, la solar y la térmica, como los baños termales que se encuentran en el occidente del país, con los cuales se puede generar “muy buena energía”.

Sin embargo, precisó que, de estas alternativas, la hidráulica es permanente, la térmica también, pero la eólica y la solar son intermitentes y esas necesitan almacenamiento; ahí sí puede entrar la minería con esto de las baterías, pero es a mediano plazo.

Otra de las alternativas, según el experto, es utilizar la minería en combinación con la explotación del litio y las baterías para la producción de hidrógeno verde. “El hidrógeno verde, ésa sí es una fuente de energía que cada vez es más popular en el mundo”, consideró.

Indicó que también, y gracias a la radiación solar que se tiene en el altiplano y a la cantidad y disponibilidad, en algunos lugares, se puede generar hidrógeno en una cantidad probablemente útil para todo el país, para la energía de todo el país. Eso sería a mediano y largo plazo.

Córdova consideró que hay varias opciones que se pueden realizar de forma inmediata y otras de forma mediata, aprovechando la transición energética y la electromovilidad.

“Hay que trabajar en los metales críticos. Bolivia tiene varios metales críticos que el mundo está necesitando: antimonio, wólfram, bismuto, zinc, indio y galio. Son varios metales críticos que los tenemos; algunos produciéndolos en pequeña escala, algunos ni siquiera los estamos explotando”, sostuvo.

Sugirió que se debe organizar un proceso para aumentar la producción de aquellos que ya se están produciendo e iniciar los estudios para la explotación de los que están todavía durmiendo. Para eso hay recursos y financiamiento de los países que demandan estos; uno de ellos es Europa, por ejemplo.

En ese caso, ese financiamiento ayudaría con los estudios, el aumento de la producción, que sería casi de inmediato. “Tendríamos resultados en muy corto plazo, sin tener que hacer las esperas de 15, 20 años; podríamos tener, en dos o tres años, los resultados satisfactorios”, dijo.

Raúl Velásquez: La producción de hidrocarburos líquidos a junio de este año tuvo una caída del orden del 63%

Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, sostuvo que el problema estructural y de fondo que enfrenta Bolivia se da porque la producción de hidrocarburos líquidos estuvo cayendo desde el año 2015 y, a junio de esta gestión, se acumuló una caída en la producción del orden del 63%.

“En 2015 producíamos 63.000 barriles por día de hidrocarburos líquidos y actualmente estamos produciendo 22.000 barriles por día de hidrocarburos líquidos, lo que significa que hubo una caída de un 63%. Como no producimos todo por esta caída en la producción, estamos obligados a importar”, explicó.

Ya en el 2015 esto era un problema: el 45% del diésel y cerca del 25% de la gasolina en el 2015 eran importados. Hoy en día, 10 años después, el 95% del diésel y el 60% de la gasolina son importados, afirmó.

Y los importamos a precio internacional, pero en Bolivia en estos últimos 20 años estuvo subvencionado en Bs 3,72 el litro hasta diciembre del año pasado. En enero de este año se hizo un ajuste parcial de precios de la gasolina y del diésel.

El diésel subió de Bs 3,72 a Bs 9,80 el litro; la gasolina, de Bs 3,74 a Bs 6,96 el litro en enero de 2026 con el Decreto Supremo 5516. Sin embargo, en julio de este año salió un decreto que los vuelve a fijar hasta fin de año, debido a la guerra entre los Estados Unidos e Irán, que iba a disparar el precio del petróleo. Por ello, manifestó que en ningún lugar del mundo se pueden fijar los precios, porque no se sabe lo que puede pasar.

Desde febrero hacia adelante, Bolivia está importando diésel, cuyo precio en el mercado regional promedia los Bs 14,50 por litro; sin embargo, en el país se comercializa a Bs 9,80. Esta diferencia vuelve a generar un incentivo para que delincuentes compren el diésel a ese precio en Bolivia y lo trasladen hasta la frontera con Perú, donde lo venden a Bs 16 por litro.

Del otro lado, según el experto, se tiene el gas natural, cuya producción también ha caído. Desde 2015 hasta junio de este año hay una caída acumulada del 55%. “Bolivia producía 60 millones de metros cúbicos por día; actualmente está produciendo 26 millones de metros cúbicos por día. Como producimos menos gas, hace que exportemos menos gas. Los volúmenes exportados de gas han caído en un 74% en estos 10 años”, indicó.

Por otro lado, el gas natural, ese que llega por tubería hasta los domicilios o que va por tubería hasta las industrias o a las termoeléctricas, también está subvencionado. El gas natural en el mercado interno está fijo desde hace 25 años en $us 1,30 el millón de BTU, en el mercado interno.

Si ese gas va a una termoeléctrica, paga $us 1,30 la unidad energética. Pero si ese mismo gas lo exportamos, paga $us 6 la unidad energética. Entonces, por cada unidad energética que va al mercado interno, el país deja de recibir cerca de $us 4,80 por concepto de regalía o IDH.

Advirtió que el precio subvencionado del gas natural hace que el país no sea atractivo para la exploración de empresas petroleras internacionales, por lo que es importante ajustar ese precio porque, por una parte, va a permitir la exploración de gas en el mercado interno. Y, por otro lado, va a permitir la competencia de las hidroeléctricas o plantas solares o eólicas con las termoeléctricas que generan electricidad con un gas natural subsidiado, según el especialista. Hoy en día, en promedio, el 70% de la electricidad es generada con termoeléctricas que funcionan con gas, pero con un gas subsidiado.

Álvaro Ríos: Manejo ideológico de la política energética por 20 años llevó al país a esta crisis

Para el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, el manejo ideológico de la política energética en los últimos 20 años, por parte de los dos gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), llevó al país y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a esta crisis energética.

“Merced o fruto de que durante 20 años se ha manejado, pues, la política energética con una ideología de no tener inversión privada, de querer dar a YPFB toda la responsabilidad, el país ha comenzado a importar cantidad de energía a partir del año 2015, en particular”, afirmó.

Como consecuencia, este 2026 se importa el 95% del diésel y el 70% de la gasolina, y ya se necesita importar GLP este 2026. Cada vez vamos a necesitar más cantidad de GLP para que se abastezca el mercado y tiene que venir de importación, porque no hay producción; el 2029, además, se tendrá que importar gas natural. Eso está clarísimo y no se puede revertir.

Además, se debe definir qué hacer con YPFB. El Gobierno necesita tomar decisiones fundamentales, precisó, a tiempo de describir a la empresa estatal como “una empresa corrupta, diezmada, sin plata, una empresa como YPFB que no tiene norte”.

“El Gobierno tiene que tomar decisiones sobre cómo va a quitar los subsidios, encarar una nueva Ley de Hidrocarburos y, con esas acciones, ojalá que nos dé nueva producción de aquí a cuatro años”, dijo.

Respecto a los reclamos sobre el incremento de costos de producción debido al cobro del gas natural al tipo de cambio flexible del dólar, por parte de los industriales, Ríos respondió que pueden reclamar lo que quieran, pero más caro le va a resultar a un industrial cuando no tenga gas natural para operar su caldero, turbina u horno.

“Creo que los industriales tienen que entender que el país está quebrado energéticamente y que no podemos importar esa cantidad de energía o, si no, que vayan y busquen gas natural, pero tienen que entender que no podemos seguir con subsidios en un país que importa casi toda su energía”, afirmó.

Consideró que esa extrema situación se puede ver en Cuba o en Venezuela, que son países que no tienen inversión, no tienen dólares para importar combustible para su actividad y la pobreza se va incrementando. Si algo parecido sucede en Bolivia, sostuvo que los bolivianos tendrán que salir por las fronteras. “Hay que tomar decisiones, hay que privatizar, hacer algo con YPFB y hacer algo con la Ley de Hidrocarburos”.