Identifican a 14 inmobiliarias con “cláusulas abusivas” en compra de terrenos; incluso hackearon el sistema del Gobierno

En Santa Cruz fueron identificadas al menos 14 empresas inmobiliarias que firmaron contratos de venta de terrenos con “cláusulas abusivas” y llegaron a mostrar su poder económico al hackear las páginas del Gobierno para borrar archivos registrados. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, evitó revelar los nombres para no entorpecer los procesos en curso.

Las irregularidades comenzaron desde el inicio, porque las empresas cambiaron los contratos certificados que no tenían “cláusulas abusivas” en el Viceministerio de Defensa del Consumidor. A sus clientes les hicieron firmar otros documentos que, por ejemplo, prevén el pago de un dólar por cada día de mora, prohíben transferir a un tercero la deuda o el terreno y redujeron de 90 a 60 días el plazo previsto para esperar el pago de la deuda.

Si bien no se puede ir más allá de lo administrativo, Defensa del Consumidor realiza un informe de lo encontrado en la revisión de los contratos y las irregularidades —como la modificación de los documentos—, para que el afectado pueda, con ese informe, iniciar un proceso penal ante la justicia. Teniendo en cuenta a los múltiples afectados, se perfila un delito de estafa múltiple.

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“Después de que Defensa del Consumidor emite todas las certificaciones y los dictámenes, posteriormente el afectado ya pasa a la justicia. Entonces, es en realidad un juez quien determina qué es lo que pasa al respecto, tanto del contrato como también del que compra y el que vende”, explicó en Fama, Poder y Ganas sobre los procesos y limitaciones.

Muchas personas denunciaron —incluso apoyadas por la activista María Galindo— irregularidades y abusos que cometen las empresas inmobiliarias al ajustar de forma unilateral los contratos de compraventa de terrenos en función de sus intereses. Uno de esos abusos está relacionado con la aplicación de un tipo de cambio de dólar flexible, pese a que firmaron el documento cuando este era fijo.

Se trata de empresas con mucho poder económico, ya que incluso hackearon los sistemas informáticos del Gobierno donde están registradas las denuncias y las irregularidades detectadas.

“Tienen seguramente un movimiento económico grande, a tal punto que ingresaron al sistema del Gobierno e hicieron cambios en él. Dieron de baja contratos y los modificaron, pero nunca se esperaron que se contara con un segundo servidor con la información original”, reveló Justiniano, quien junto a su colega de Economía, José Gabriel Espinoza, está encargado de ver este complejo tema.

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La denuncia fue presentada ante la Fiscalía y la Policía. “Ya está la Policía, dentro de lo que es cibercrimen, investigando, porque no solo queda un registro o una huella digital, sino que tenemos una copia total del sistema en otro servidor. Por lo tanto, tenemos identificado qué cambiaron, cómo violentaron y, bueno, son procesos que van a seguir su curso”, aseguró.

Una última reunión entre el Gobierno y la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) acordó mantener durante este mes los planes de pago para preservar la cadena de pagos del sector, además de impulsar procesos contra las empresas que modificaron contratos previamente autorizados por la actual Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor.

Justiniano evitó hablar sobre si se mantendrán o no los contratos con un dólar fijo o flexible, pero abrió la posibilidad de que aquellos documentos con “cláusulas abusivas” sean llevados a la justicia y declarados nulos, en tanto que los contratos que se ajustan a las normas legales vigentes deberían respetarse, ya que el Gobierno no puede intervenir en ellos.