martes 11 de agosto de 2026

Urgente

Justicia determina detención domiciliaria para exdirectora jurídica de YPFB por el caso “gasolina basura”

La Fiscalía había solicitado seis meses de detención preventiva en Palmasola, pero la autoridad jurisdiccional determinó que la exfuncionaria cumpla la medida cautelar en su domicilio.
Una imagen referencial de las instalaciones de YPFB. Foto: Archivo
Una imagen referencial de las instalaciones de YPFB. Foto: Archivo
martes 11 de agosto de 2026

La exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán Antezana, imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso denominado “gasolina basura”, cumplirá detención domiciliaria mientras se desarrolla la investigación, determinó este martes el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de La Paz.

La Fiscalía había solicitado seis meses de detención preventiva en el penal de Palmasola para la exfuncionaria, quien fue trasladada a La Paz en el marco de las investigaciones. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó que cumpla la medida cautelar en su casa. “Detención domiciliaria en el domicilio que debe ser verificado por personal subalterno del juzgado”, manifestó el juez, según informó Unitel. 

Durán no tendrá custodia policial durante el cumplimiento de la medida. El juez dispuso que la exdirectora jurídica sea sometida a vigilancia mediante rastreo o posicionamiento georeferencial para verificar el cumplimiento de la detención domiciliaria.

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En la imputación, el Ministerio Público sostiene que Durán “es con probabilidad autora” del hecho investigado y señala que existen indicios de que “la imputada no se someterá al proceso y obstaculizará” la investigación.

La resolución fiscal también establece que la Gerencia Legal de YPFB se constituía en una unidad transversal de asesoramiento para contratos y que, por su posición jerárquica, Durán tenía un deber especial de diligencia respecto a los actos jurídicos sometidos a su conocimiento.

“La posición jerárquica de la imputada le imponía un deber especial de diligencia respecto de los actos jurídicos que fueran sometidos a su conocimiento, especialmente cuando éstos se encontraban relacionados con contratos de elevado impacto económico y con una actividad regulada de manera específica por disposiciones”, señala el documento de imputación.