En medio del rechazo y las dudas, el Gobierno busca la aprobación de la Ley de Inversiones en la Asamblea Legislativa

Con un anticipado rechazo de la bancada parlamentaria de Libre, por parte del senador José Antonio Ormachea al proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y las dudas sobre su aprobación por el Gabinete Ministerial, por el jefe nacional de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, el Gobierno intentará aprobar la primera ley del paquete de 10 normas anunciado por el presidente, Rodrigo Paz.

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó de la remisión a la Asamblea Legislativa del documento que cuenta con 103 artículos, para su respectivo tratamiento en las cámaras de Diputados y Senadores.

Dijo que el proyecto de ley busca naturalizar la inversión, brindar estabilidad y confianza bajo el principio de buena fe, y ordenar la normativa a través de una nueva Agencia Nacional de Inversiones.

Precisó que se hizo un análisis profundo de la CPE y que se concluyó que, sin la necesidad de modificarla, se permite “otorgar seguridad jurídica, igualdad ante la ley, y un escenario de previsibilidad y estabilidad para los inversionistas y un principio fundamental, un trato de buena fe desde el Estado hacia el inversionista”.

Horas después, sin tener un conocimiento pleno del proyecto de ley, Ormachea anunció que no se aprobará el documento y, en contrapartida, planteó que primero debe aprobarse una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE).

El argumento esgrimido por el asambleísta es que la CPE prohíbe que haya arbitrajes internacionales del país para la resolución de controversias, mientras que el proyecto de ley del Gobierno “propone explícitamente que se habiliten los arbitrajes internacionales”.

Al respecto, advirtió: “nosotros no vamos a ir en contra de la Constitución Política del Estado, por más que estemos, por supuesto de acuerdo con que se aperturen los arbitrajes, pero para eso se requiere una reforma constitucional”.

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Sostuvo que no se puede tratar de cambiar la “ley fundamental” a través de una Ley de Inversiones, debido a que la CPE manifiesta expresamente que “los arbitrajes internacionales, se resuelven en Bolivia, no de manera internacional; por lo tanto, primero hay que cambiar la Constitución como lo ha dicho Tuto Quiroga y después se tiene que empezar a pensar en un paquete normativo de estas características”.

Insistió en que la solución no está en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, sino en modificar la CPE. Ormachea también cuestionó que, en el documento, se proponga la creación de una Agencia Nacional de Inversiones.

Desde su perspectiva, el Gobierno nacional no cambia el esquema impuesto por el Movimiento al Socialismo (MAS), que buscaba que todas las inversiones “pasen primero por un grupo de políticos, para determinar cuáles pueden ingresar al país y cuáles no, para determinar qué inversiones tienen beneficios tributarios, facilidades regulatorias y cuáles no”.

Lo que deberían haber hecho es definir qué empresas y qué rubros cuentan con facilidades regulatorias, incentivos fiscales a partir de ahora, porque la política tributaria del país la determina la Asamblea Legislativa, no una agencia ni una entidad estatal.

Para Ormachea, el proyecto de ley no refleja una lógica de libre mercado, por lo tanto, no muestra una lógica económica clara de cambio, que es lo que se debe hacer en el país; por el contrario, es una lógica de concentración de las decisiones en pocas manos, de estatismo, porque el Estado va a decir qué inversiones pueden entrar y qué inversiones no pueden entrar.

“Es una lógica nuevamente del masismo, porque pareciera realmente una normativa redactada por Arce Catacora o por Evo Morales, que dicen: yo, mi grupo de amigos y mi grupo de políticos vamos a determinar qué inversiones, quiénes pueden recibir beneficios regulatorios, quiénes van a recibir beneficios tributarios, en qué áreas, en qué rubros”, afirmó. Advirtió que, debido a esa lógica, se abre una puerta gigante para una posible corrupción.

Doria Medina, por su parte, se pronunció a través de su cuenta de Facebook sobre el tema. “Hoy el Ejecutivo entregó la primera ley del cambio de modelo, la ley de inversiones. El proyecto viajó directamente del Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa, porque no se aprobó en el Gabinete. O sea que no es seguro de que todos los ministros estén de acuerdo”, escribió.

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¿Querrán lo mismo de los parlamentarios? ¿Qué aprueben por instrucción superior y no por convencimiento propio? Si así fuese, habría que impedirlo. No nos oponemos a que intenten persuadir directamente a los parlamentarios, es parte de la democracia. Pero no debe ser con pegas y coimas, sino solo con argumentos, sostiene la publicación del exaliado del Gobierno.

Esperamos que el proyecto de ley de inversiones sea imaginativo, inteligente y defienda los intereses nacionales. Lo discutiremos abiertamente con el pueblo boliviano, concluyó.

El presidente de Senado, Diego Ávila, por su parte, defendió el proceso de elaboración del proyecto de ley. “Yo entiendo que esta norma tiene muchísimo tiempo de trabajo en el Ejecutivo, ha pasado el Conape y una serie de instancias que tiene el Ejecutivo”, informó.

Además, dijo que conoce que en ese proceso se ha tenido una amplia discusión, no solo con actores del Poder Ejecutivo, sino que se ha trabajado con la presencia de expertos nacionales e internacionales, se ha consultado con el sistema financiero; ha tenido una serie de actividades de consenso ya en el Ejecutivo.

Dijo que lo que viene para adelante es el trabajo en el Legislativo, donde las puertas también están abiertas para generar los consensos necesarios y que el documento llegó a la Asamblea cumpliendo todos los requisitos legales establecidos.

También se refirió al procedimiento para considerar un proyecto de ley en cualquiera de las dos cámaras, en este caso a la de Diputados, que derivará el documento a la Comisión de Economía y Finanzas, que realizará el análisis de la normativa, en el tiempo establecido por su Reglamento General.

Anunció que la comisión convocará a los proyectistas para entrar en el detalle del análisis del proyecto de ley, para después emitir un informe que irá al plenario de la Cámara de Diputados, donde se procederá al tratamiento artículo por artículo, el debate y la votación que aprobará el documento. Después pasará a la Cámara de Senadores, que remitirá a las comisiones para generar este espacio de discusión e ir a la plenaria en grande y detalle.