¿Ajustes?, sin duda, pero a los políticos, no a la gente

En 50 años, nuestro PIBpc, que era comparable al del promedio de América Latina, ha caído a los tres últimos lugares en la región, y al último en América del Sur. En los últimos veinte años, de haber sido el corazón energético de Sudamérica, hoy enfrentamos una crisis económica y social extrema por falta de combustibles, que pronto podría ser de energía, en general, y que derivaría en la parálisis del aparato productivo, la falta de alimentos, el desempleo, y, eventualmente en un caos político, institucional y social terminal, ...que nos llevaría a ser el Haití sudamericano.

Estamos, efectivamente, ante una crisis que pronto podría considerarse como un desastre nacional o un estado de guerra.

¿Cómo llegamos a esto? Si, comparativamente, tenemos una gran dotación de recursos naturales, y gente trabajadora que se destaca en cualquier parte del mundo, la causa tiene que estar en las malas o equivocadas políticas aplicadas a lo largo de todo este tiempo. Implica que los “políticos” que nos gobernaron (o que no dejaron gobernar), en general, tienen la responsabilidad última de las malas decisiones que llevaron, a los gobernantes, a aplicar las malas políticas que hoy nos castigan.

Contra este telón de fondo, vivimos el acelerado deterioro de la credibilidad del gobierno, con un inusitado incremento relativo de las quejas y observaciones en, y desde, todos los ámbitos. El efecto combinado, es una creciente confusión que alimenta la politiquería, a la vez que hace cada vez menos visible el destino al cual las múltiples “soluciones”, que surgen de todo lado, nos llevarían.

Incluso los temas con alto consenso entre políticos y “opinadores”, no son soluciones viables para los problemas reales que debemos enfrentar y resolver. Así, por ejemplo, cerrar el acuerdo con el FMI para atraer inversión extranjera directa, IED, alarga la agonía, pero no es la mejor solución, ni inmediata ni a largo plazo.

Desde 2006, las políticas aplicadas (tipo de cambio fijo y subvaluado, financiarización de la economía, fidelización política del contrabando, etc.) han jibarizado la capacidad de demanda y de consumo interno al haber llevado la relación de importaciones respecto al consumo de los hogares, de algo más del 30% en 2005, a cerca del 60% en 2024. En consecuencia, la IED que pudiera llegar a corto plazo, estaría mayormente vinculada al extractivismo, por la falta de una demanda interna básica.

En todo caso, ninguna IED vendría sin una reforma constitucional que les garantice seguridad a sus inversiones en muchos aspectos, incluyendo temas que van desde las nacionalizaciones hasta la realidad de los mercados. Pero una reforma constitucional puede tomar uno o dos años, según sean los intereses en juego. Y desde la decisión de invertir hasta iniciar operaciones, bien pueden pasar también bastante más de un año. En síntesis, si la crisis que nos amenaza tiene un horizonte de dos a tres años hasta materializarse a plenitud, apostar por la IED no es una alternativa que ayude, efectivamente, a resolver nuestros problemas estructurales.

Sería ocioso repetir los argumentos, que hemos expuesto frecuentemente, en sentido de que salir de la crisis recurriendo a endeudamiento externo, equivale a saltar de la sartén para caer a las brasas: sin un aparato productivo capaz de generar valor, empleo digno e ingresos reales para los hogares y el Estado, una mayor deuda externa será, realmente, pasar la carga a las futuras generaciones.

Otro aspecto que insistimos en desmitificar, es el cuentapropismo obligado que, desde los 1980, el Banco Mundial (BM) promueve bajo el eufemismo de “emprendedurismo”: al sustituir el capitalismo industrial por el capitalismo rentista-financiero, se oculta la incapacidad estructural de la economía neoliberal para generar las oportunidades de empleo productivo que la sociedad necesita para asegurar el bienestar de los hogares. Así, en 20 años, la economía perdió casi un millón de empleos con productividad laboral superior a 25.000 dólares, y los ha sustituido por cuentapropistas forzados que, por su baja capacidad de agregar valor, tienen productividades menores a 2.000 dólares.

Efecto directo de esta migración hacia menores productividades, es la baja distribución primaria del ingreso (DPI) –la fracción del valor agregado que se destina a remunerar el trabajo. En las economías más sólidas, la DPI puede llegar a superar el 60%. En Bolivia, en el año 2000 era del 40%, al 2010 se redujo a 30% para luego estancarse alrededor del 32%. Si entre 2006 y 2016 se hubiera mantenido la DPI del 2000, los asalariados habrían recibido unos 180.000 millones de Bs adicionales: en el mismo periodo, las transferencias en bonos sumaron menos de 28.000 millones de Bs, apenas un 15% de las remuneraciones “confiscadas”. Los bonos son para la política, no soluciones para la gente.

Como caso extremo, el reciente estudio de Julio Prudencio sobre costos ocultos en la agricultura, muestra que la productividad laboral de casi un millón de productores de papa en el occidente del país, está entre 200 y 600 dólares por año, y la DPI es el 9%(¡!). Auto explotación y pobreza extrema.

Estos dos aspectos –las caídas en la productividad laboral y en la DPI– explican la persistencia de la pobreza y de la desigualdad. A pesar de haber tenido “medallas de oro” en tasas de crecimiento del PIB, los tradicionales indicadores fiscales o monetarios tienen poca relevancia para mostrar los negativos efectos sociales del “milagro económico” hasta 2016. Sin superar estas limitaciones, tiene muy poco sentido hablar de autonomías, desarrollo productivo y, menos, de reducir la pobreza.

Podríamos continuar con una muy larga lista de obstáculos al desarrollo que las (malas) políticas han acumulado: justicia pestilente, politiquería discursiva con “metas negociables”, ausencia de valores, institucionalidad corrupta, etc. Como todo parece tener el mismo peso, se suman los “problemas” que el gobierno debe solucionar: déficit, 50/50, tipo de cambio, combustibles, justicia, subsidios y subvenciones, competencias, país tranca, etc., etc. Cualquiera de los temas mencionados puede ser el “problema prioritario” a resolver, y que, cada quien, defiende (de acuerdo a sus intereses...).

Lo evidente es que, con muy contadas excepciones, está sobradamente demostrado que los políticos transforman, a conveniencia, temas para “vender problemas”, pero no son capaces de articularlos para concebir una ruta coherente que resuelva los problemas reales de la gente. Y la razón es simple: para los políticos (y ciertos académicos) –liberales, socialistas o indigenistas–, la preocupación está en ajustar las realidades a sus teorías o dogmas, de manera que se privilegia, conceptualmente, los medios que se supone llevan a los fines que, de todas maneras, están descritos más como alegorías que como metas definidas en cantidades, cualidades, plazos, y medios necesarios.

Ignorar –o pretender ignorar– esta realidad para construir una agenda política conveniente para los intereses de pocos, es criminal en las actuales condiciones. Ante la gravedad de la emergencia nacional, necesitamos, como nunca antes, tener claridad sobre las acciones a priorizar coon los muy limitados recursos disponibles. La claridad solo será posible en la medida que adoptemos un objetivo guía que nos permita separar el grano de la paja: “problema es un obstáculo que impide lograr un objetivo”; ergo, si no se tiene objetivos, ¡no se tiene problemas! (solo ch’ampa guerras).

Si la realidad nos impone que son los políticos quienes deben conducir el Estado, es evidente que, la primera condición para intentar superar la crisis, es que los políticos tengan, como su tarea central, lograr los objetivos que la sociedad busca.

Como anécdota aleccionadora, en 1960 el PIBpc boliviano era cuatro veces mayor que el chino; en los noventa nos superaron; 20 años después pusieron en órbita “nuestro satélite”; y, hoy, controlan sectores económicos globales. ¡Ese es el poder de objetivos claros!: en menos de dos generaciones, China no solo sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas –hecho inédito en la historia de la humanidad–, sino que alcanzó un indiscutible liderazgo mundial en desarrollo tecnológico. Para hacer posibles todos esos logros, China tuvo que ajustar su modelo de Estado y su sistema de gobierno.

El constitucionalista Gonzalo Hidalgo, coincide con que el centro de una reforma constitucional total, debe establecer el modelo de Estado y el sistema de gobierno que harían posible lograr los objetivos. El objetivo desafiante que propusimos para Bolivia en 2020 y luego lo sugerimos en las elecciones del 2025, es sacar a Bolivia de la pobreza: “en 2040, el PIBpc boliviano será comparable al promedio latinoamericano; la productividad laboral en la economía formal (60% de la PEA) será del orden de $60.000 y la del empleo por cuenta propia (no mayor al 40% de la Población Ocupada) será superior a $15.000; la remuneración al trabajo en la DPI superará el 50% del valor agregado.”

Si valoramos la necesidad de tomar medidas inmediatas para llegar a ese objetivo, amparados en los Arts. 7, 8, 9, 306, 316 y 317 de la CPE, un “grupo de tarea” –estrictamente técnico– podría, con el objetivo preciso recién enunciado y en un plazo no mayor a 45 días, identificar la secuencia de tareas inmediatas, en ámbitos relevantes, que nos permitirían eliminar los obstáculos específicos para iniciar el camino. La agenda de temas y prioridades generados en primera instancia, pasarían a un referendo consultivo que, si los aprueba, serían de ejecución inmediata.

Con el objetivo al 2040 como meta fija, las propuestas electorales en 2030 y 2035, necesariamente deberán estar centradas en alternativas que aseguren –o mejoren, en favor de la gente, las metas definidas y aprobadas por el referendo consultivo.

Desde INASET, ponemos a disposición propuestas específicas sobre diversos temas relevantes, que fueron puestas a la consideración de más de 200.000 personas de organizaciones sociales, laborales, empresariales y académicas, en casi todo el país desde 1990 (por qué nos callaron, sería tema de otra reflexión). En particular, varios ejercicios de análisis estructural realizados entre 1995 y 2020, identifican relaciones causa-efecto que, con sorprendente consistencia, predijeron muchas de las tendencias y comportamientos que son hoy dominantes. Serían un insumo muy útil para que el grupo de tareas identifique, evalúe, guíe y ajuste las secuencias de causas y efectos a seguir. Con gusto explicaremos los temas a quienes se interesen en discutirlos ([email protected]).

Efectivamente, hay urgencia por realizar profundos ajustes para enfrentar y superar la crisis, pero los ajustes –y las riendas necesarias para controlar los procesos, claramente los debemos aplicar primero a los políticos, no a la gente.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.