Red UNITAS reivindica la transparencia de las ONG y teme un freno a los cooperantes y proyectos por efecto del DS 5673

Patricia Cusicanqui / Sumando Voces

Ante la reciente emisión del Decreto Supremo 5673, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Red UNITAS) recordó que las organizaciones de la sociedad civil (ONG) llevan más de tres décadas trabajando bajo estrictos mecanismos de rendición de cuentas. En ese marco, alertó que las nuevas disposiciones normativas podrían generar un efecto que restrinja la recepción de donaciones y las actividades de las instituciones.

En entrevista con la Red Erbol, la directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds Brun, sostuvo que lo deseable es que toda norma que se emita en este ámbito tenga por objeto facilitar y mejorar el ejercicio de libertad de asociación y no restringirlo. En ese sentido, manifestó la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil de que dicho decreto termine vulnerando esta garantía constitucional.

“Desde la sociedad civil, el principal debate sobre la trazabilidad financiera dispuesta en el decreto no es la transparencia en sí misma, porque ésta ya se da a través del registro y toda la información que las ONG vienen proporcionando desde 1990; lo que preocupa es saber hasta dónde puede llegar el Estado en el monitoreo de estos recursos sin afectar la libertad de asociación y la autonomía institucional”, dijo.

El 10 de agosto, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5673, que regula el registro de ONG y fundaciones nacionales y extranjeras que desarrollen actividades en territorio boliviano. La norma incorpora disposiciones sobre la trazabilidad financiera de los recursos administrados por estas entidades, es decir que el Ejecutivo realizará el monitoreo de la cooperación financiera y verificará el cumplimiento de sus objetivos. Los resultados de ese monitoreo podrán ser comunicados a la Unidad de Investigaciones Financieras. Los criterios de análisis deberán ser establecidos en una reglamentación específica.

Al respecto, Reynolds sostuvo que la «mirada susceptible» que se tiene sobre el manejo que hacen las ONG y fundaciones de sus recursos podría generar un “sobrecontrol” que limite el accionar de las organizaciones cuando éstas “tienen una historial de rendición de cuentas”.

“El riesgo es que se genere algo que, en los estándares internacionales sobre libertad de asociación, se conoce como efecto inhibidor, por el cual las organizaciones o los donantes podrían evitar determinadas actividades que son legítimas y reducir el financiamiento o abstenerse se trabajar en temas sensibles en materia de derechos humanos”.

Asimismo, manifestó que el reglamento deberá establecer a cargo de quién estará la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto, de modo que se evite cualquier discrecionalidad.

Apuntó que el decreto profundiza el espíritu de la Ley 351 de 2013. “La sociedad civil ha venido alertando que hay varios aspectos de la Ley 351 que se deben ajustar, por ejemplo, el alineamiento obligatorio a los planes de gobierno, lo cual se mantiene en esta nueva norma”.

La directora ejecutiva de la Red UNITAS —una organización de la sociedad civil conformada por 24 instituciones asociadas—  hizo hincapié en que, en muchos casos, son las ONG y las fundaciones las que trabajan con poblaciones a las que el Estado no llega.