El FMI no es “dolarcito”, es un programa y nos ocultan las reglas

Desde el oficialismo, tanto autoridades de Gobierno como legisladores, intentan instalar una idea que suena a manual de marketing y publicidad: que un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no lleva condicionamientos, que es como cualquier préstamo que un banco común le exigiría a un ciudadano cualquiera. Es falso, rotundamente falso.

El financiamiento del FMI no es un préstamo: es un programa. La propia página del organismo desmiente a las autoridades: “a diferencia de los bancos de desarrollo, el FMI no suministra préstamos para proyectos específicos. En cambio, el FMI proporciona respaldo financiero a los países afectados por crisis con el fin de crear el margen de maniobra necesario para implementar políticas que restablezcan la estabilidad económica y el crecimiento”.

Traducción: no hay dinero sin condiciones. Un programa del Fondo viene con condiciones, metas y plazos. El desembolso no es un cheque en blanco; se activa solo cuando el país cumple lo exigido. Y la receta, aunque la envuelvan en papel nuevo, es la misma de hace más de cuarenta años: ajuste fiscal, reducción del gasto público, eliminación de subsidios, privatización de empresas estatales, desregulación económica, achique del Estado a la figura de un simple árbitro, y privilegios fiscales y tributarios para la inversión extranjera.

Pongámoslo en términos domésticos. Usted, querido lector, va al FMI y le dicen: para que le preste plata, debe sacar a sus hijos del colegio privado y meterlos al fiscal; reducir las visitas médicas a lo estrictamente indispensable; poner su negocio como garantía, y mejor si lo cierra o lo vende; dejar el coche y pasarse al transporte público; olvidarse de las cenas casuales, del café con los amigos, de las parrilladas familiares; y, si puede, bajar el número de comidas al día.

El ejemplo resulta extremo, lo sé. Pero no es caricatura: es el paisaje real que deja un ajuste fiscal del Estado sobre la población. Hoy, eso sí, el FMI tiene la “bondad” de incluir las famosas redes de protección social —a diferencia de los programas de ajuste extremo de los 80 y 90—, pero la operación se reduce a más créditos para repartir pequeños bonos, migajas, y pare de contar.

Ahora, ¿qué banco en el mundo le impone semejantes requisitos? Ninguno. Una entidad financiera común pide básicamente dos cosas: capacidad de pago —demostrar ingresos para devolver el crédito— y garantías que cubran el incumplimiento. Los bancos ofrecen créditos de consumo con tasas altas, pero usted dispone de ese dinero como le venga en gana. Su equivalente estatal son los bonos soberanos en los mercados internacionales de capital: inversores compran deuda pública a cambio de intereses en un plazo determinado.

En Bolivia, además, tenemos créditos de vivienda de interés social para acceder a casa propia, y créditos productivos para emprender un negocio, con tasas preferenciales, inferiores a las de consumo. Esa es la lógica de los bancos de desarrollo como el BID, la CAF, el Banco Mundial o FONPLATA: financian proyectos, previa aprobación de su viabilidad.

Pero volvamos al FMI. Hoy ya sabemos, a grandes razgos, las condiciones crediticias de los recursos que desembolsaría. Lo que no sabemos —y esto es grave— es ni una coma de las condiciones, las metas o el cronograma. El 28 de agosto de 2026, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley Nº 723/2025-2026, que autoriza la modalidad Servicio Ampliado del Fondo (SAF), la más severa de todas, la que exige reformas profundas.

Y aquí está el problema mayúsculo: el proyecto de ley no incluye el acuerdo técnico que el gobierno de Rodrigo Paz firmó con el Fondo. No es que sea opaco, es directamente desconocido, cero transparencia.

El llamado de atención no puede ser más urgente: cada boliviano merece conocer al detalle ese “contrato” que el Ejecutivo suscribió y que la Asamblea, previsiblemente, aprobará sin leer. Porque quienes lo pagaremos —no solo el crédito, sino las consecuencias de lo que allí se firme— somos nosotros.

Y ahí no termina la factura. El economista y docente Omar Velasco Portillo ha informado que los $us 1.900 millones que proveería el FMI costarán, solo en intereses y comisiones, más de $us 621 millones: un tercio adicional de lo recibido, el 32%, un total de $us 2.521 millones. El costo financiero global alcanza el 6,3%, con una tasa de interés efectiva del 5,5%, la tercera más alta del país, solo superada por los bonos soberanos 2026 del propio gobierno de Paz —calificados ya como “bonos basura” por su tasa del 9,5%— y por la tasa de FONPLATA, del 6,9%.

Tampoco se trata de un desembolso único. El proyecto de ley establece plazos de desembolso a tres años (36 meses) y un repago a diez años “a partir de cada desembolso”. Es decir, atado, escalonado y caro.

La pregunta final no es si el FMI presta o no. La pregunta es si sabemos a qué nos estamos comprometiendo. Y hoy, la respuesta es clara: no lo sabemos. Y eso, en una democracia, no es un error: es una decisión política deliberada de primer nivel.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.