Diputados aprueba ley que prevé restitución de derechos a militares y policías dados de baja o sancionados por la crisis de 2019

El proyecto de ley para el “Restablecimiento Integral y Restitución de Derechos de Militares y Policías” fue aprobado en Diputados el miércoles. La norma plantea revisiones extraordinarias de procesos que derivaron en la baja o sanciones contra efectivos militares y policías como consecuencia de los hechos sucedidos durante la crisis de 2019.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, informó la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, después de que la propuesta fuera aprobada en grande y en detalle.

La propuesta está suscrita por los diputados Carlos Alarcón y Alejandro Reyes, ambos de la bancada de la alianza Unidad. Fue presentada el 19 de enero pasado.

En la parte justificativa del proyecto se indica que durante el gobierno del presidente Luis Arce (2020-2025) se dieron de baja a militares y policías sobre la base de una “acusación falsa” centrada en un “inexistente golpe de Estado” en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.

Esos procesos administrativos o disciplinarios —señalan— entrañaron una persecución política contra efectivos que “se pusieron al lado del pueblo boliviano” para defender el orden constitucional.

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En el caso de los policías, la propuesta dispone que el Tribunal Disciplinario Superior “realice la revisión extraordinaria” de todas las Resoluciones Sancionatorias Administrativas y Disciplinarias emitidas en contra del personal policial como consecuencia de los hechos ocurridos en 2019. La restitución —se lee en el proyecto— se iniciará a solicitud escrita y fundamentada del interesado.

En el caso de los militares, el proyecto de ley establece que la restitución de derechos se realizará mediante la revisión extraordinaria de las actuaciones disciplinarias y administrativas emitidas como consecuencia de los hechos de la crisis de 2019.

En el proyecto se establece que la restitución comprenderá la rehabilitación de calificaciones, fojas de concepto, informes de mando, puntajes de ascenso, registros de antigüedad y cualquier otro documento institucional “afectado por actos irregulares, aplicando mecanismos extraordinarios si fuera necesario”.