La agenda por producción y empleo que trazamos en 2010

La reciente propuesta empresarial presentada por la Fexpocruz, que plantea un pacto nacional por la producción y el empleo en cinco ejes, confirma la urgencia de transformar el modelo económico boliviano. Sin embargo, recordemos que, sobre la base de una propuesta planteada por la Fundación INASET y la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) originalmente en 2010, en 2020 volvimos a advertir que la salida del extractivismo para construir una economía de pleno empleo, requerían una agenda estructural mucho más amplia y profunda.

En el documento “Propuesta para la Reactivación Productiva con Empleo Digno”, INASET subrayó que, el desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, no son inevitables, sino el resultado de políticas concretas. Allí se planteaba que la creación agresiva de empleo productivo debía ser la primera condición para superar la pobreza y la desigualdad:

“El incremento del empleo digno y productivo, resulta necesariamente en mayor ingreso y mayor capacidad de consumo de los hogares y del conjunto de la economía, promoviendo un crecimiento económico socialmente sostenible” (Propuesta INASET/CGTFB, 2020).

La propuesta parte del concepto que, la creación de empleo productivo dignamente remunerado, debe ser premiada por el Estado. Uno de los aportes más innovadores de la propuesta, son las Empresas Privadas con Compromiso Social (EPCS), concebidas como resultado de un nuevo pacto entre empleados, empresarios y Estado.

Las EPCS son el centro de un modelo atrevido, caracterizado por:

• Garantiza estabilidad normativa durante 15 años (renovables), asegurando reglas claras para la inversión, con normativa laboral específica al margen de la actual Ley General del Trabajo, y dentro de un esquema caracterizado por la “desburocratización conceptual” de las relaciones Estado-Empresa.
• Reconoce una utilidad base libre de impuestos (UBLI), y la escala del IUE es inversamente proporcional a la participación de la remuneración al trabajo en la distribución primaria del ingreso (DPI): “a más equidad, menos impuestos”.
• Asegura plena transparencia contable y administrativa, con información accesible sobre la productividad, valor agregado y distribución del ingreso; avances positivos en estos indicadores conllevan incentivos adicionales de acuerdo a las características de los sectores y subsectores productivos.
• La participación laboral en los beneficios mediante mejoras en la DPI, conlleva, eventualmente, participación proporcional en pérdidas no fraudulentas convalidadas por el Estado.
• Compromiso explícito de aumentar la productividad y la participación de las remuneraciones en el valor agregado, con metas sectoriales quinquenales.
• Financiamiento público a programas integrales de capacitación laboral y de asistencia técnica, vinculados directamente a las mejoras en productividad y calidad, y reconocidos en la carrera laboral y salarial de los empleados y trabajadores.
• Traducir las experiencias de desburocratización conceptual de las relaciones Estado-empresa en acciones concretas de modernización del marco normativo para todo el sistema productivo.

Este modelo busca que las empresas que se adhieran al programa, no solo generen utilidades, sino que lo hagan en un marco de equidad social, fortaleciendo la distribución primaria del ingreso para consolidar un tejido productivo sostenible a partir de una, también robusta y creciente, capacidad de consumo.

La propuesta, por cierto, resulta de una visión integral. Mientras los cinco ejes empresariales actuales se centran en biotecnología, seguridad jurídica, política energética, infraestructura y descentralización, la propuesta de INASET ya había delineado medidas específicas para reactivar la industria manufacturera, incluyendo la reducción y eliminación de los impuestos que encarecen la producción nacional para el consumidor interno (IVA, ICE, IT), por un lado, y programas de compras públicas estratégicas por otro.

Hace dieciséis años, INASET anticipó que, sin un nuevo pacto social entre empleados, empresas y Estado (E3), cualquier reforma quedaría incompleta. Hoy, frente a los desafíos derivados de la multicrisis –económica, social y energética, las coincidencias entre las demandas empresariales y las propuestas de INASET confirman que el país necesita avanzar hacia una estrategia compartida de diversificación productiva, cuyo rasgo distintivo sea el pleno empleo, dignamente remunerado.

 La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.