Conflictos sociales asedian al Gobierno, maestros, estudiantes, mineros y trabajadores en salud están movilizados

Maestros, estudiantes de los Institutos Técnicos y Tecnológicos (ITT), trabajadores en salud y cooperativistas mineros se encuentran movilizados en varios departamentos del país, en contra de la descentralización de la educación, el Bono de Riesgo y el nuevo Código de Minería, y amenazan con un nuevo escenario de conflictos, a pesar de la vigencia del estado de excepción.

Después de varios meses de relativa calma, durante los últimos cinco meses, en los que todavía estuvo vigente el estado de excepción, que fue ampliado por la Asamblea Legislativa hasta diciembre de 2026, los problemas sociales volvieron a surgir, después de los más de 50 días de bloqueo de carreteras que tuvo que enfrentar la población boliviana.

Este martes se cumplieron las 48 horas del paro de actividades de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, en contra de la descentralización de la educación, la transferencia de los ITT a las gobernaciones y en defensa de la educación fiscal y gratuita. Los profesores se movilizaron en varios departamentos y advirtieron con radicalizar las protestas.

Los dirigentes advierten el riesgo de que, a partir de esa decisión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, se vayan transfiriendo responsabilidades a los municipios y, de manera indirecta, los padres de familia tengan que hacerse cargo de pagar los servicios y el mantenimiento de la infraestructura escolar, debido a las limitaciones presupuestarias de los gobiernos departamentales y municipales.

Las protestas de este sector tienden a radicalizarse, después de que este martes fuerzas de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) intervinieron el Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo y arrestaron a 35 personas, entre estudiantes y maestros, que se encuentran en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mientras los profesores realizan una vigilia exigiendo su pronta liberación.

Los trabajadores en salud también se encuentran movilizados desde la pasada semana, en demanda del pago del Bono de Riesgo, que debía haberse hecho efectivo en julio por el Ministerio de Salud. La pasada semana, la Confederación de Trabajadores de Salud Pública cumplió un paro de 24 horas, en demanda del pago de ese bono, cuando falta poco para concluir la gestión.

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Este martes, desde Santa Cruz, Robert Hurtado, de la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, informó que se decidió declarar un paro de 48 horas en todos los hospitales de ese departamento, en demanda del pago de ese bono.

El dirigente dijo que se había declarado un cuarto intermedio en las protestas; sin embargo, la vicegobernadora, Paula Aguirre, inició una acción popular para evitar nuevos paros de ese sector.

Informó que se esperará esta semana para ver si la ministra de Salud, Marcela Flores, responderá a la demanda, aunque aclaró que está pendiente una reunión con la confederación para tratar este tema y que se esperarán los resultados.

“Por eso es que los dirigentes de ciudad y provincia han decidido que esperemos hasta el próximo lunes, que nos reunamos para confirmar si no nos pagan hasta el lunes que viene”, informó a Bolivisión.

Dijo que, en caso de no hacerse efectivo el pago de ese beneficio, los trabajadores paralizarán sus actividades por 48 horas en todos los hospitales de Santa Cruz y no descartó que la medida sea asumida a nivel nacional.

Sin embargo, los trabajadores de salud en Tarija ratificaron hoy el paro de 48 horas, para el miércoles y jueves de esta semana, en reclamo por el incumplimiento en el pago del bono.

El secretario ejecutivo del sector, Armando Jerez, informó que las medidas de presión se radicalizarán ante la falta de una fecha definitiva para el desembolso, pese a los anuncios realizados por autoridades nacionales sobre un posible pago en esta semana, informó a Plus TLT.

Informó que el paro contempla el repliegue de los 14 sindicatos provinciales y sectoriales que conforman la federación departamental a la ciudad de Tarija, para concentrar las movilizaciones y exigir una solución definitiva a su demanda.

Anunció que las comunicaciones respectivas fueron remitidas al Ministerio de Trabajo y a la Defensoría del Pueblo, con el propósito de respaldar legalmente la medida y garantizar el seguimiento institucional durante las jornadas de protesta.

Jerez aseguró que, durante los dos días de paro, está garantizada la atención en los servicios de emergencia y que la medida de protesta solo afectará a la consulta externa.

Además de estos dos conflictos, está el de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), en contra del anteproyecto del nuevo Código Minero, redactado por el Ministerio de Minería a espaldas de esa organización.

A mediados de julio, debía llevarse adelante la Cumbre Minera Nacional para debatir la nueva norma. Sin embargo, horas antes de su inauguración, el ministro del área, Marco Antonio Calderón, cambió la modalidad de trabajo y convocó a reuniones con sectores y organizaciones de forma aislada, entre ellos, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), lo que provocó la molestia de Fencomin.

A casi cuatro meses de ese proceso, en el que no participó Fencomin, Calderón anunció el inicio de la socialización del documento en todos los departamentos e inició ese proceso en Potosí, provocando la molestia y la reacción de los cooperativistas mineros, que se declararon en estado de emergencia y pidieron que el presidente Paz suspenda ese proceso, bajo amenaza de iniciar movilizaciones.

Este martes, 10 de noviembre, fecha en la que se celebraron los 216 años de la Gesta Libertaria de 1810 del departamento de Potosí, los afiliados a Fencomin protagonizaron una marcha de protesta exigiendo la renuncia de Calderón y en rechazo del anteproyecto de ley, porque no tomó en cuenta a Potosí, que es el principal productor de minerales en el país.

La molestia de los mineros se hizo notar cuando se impusieron ante las fuerzas de la UTOP e ingresaron a la plaza de armas para pedir la renuncia de la autoridad y...

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Richard Caricari, expresó su molestia por las restricciones impuestas por la UTOP, cuando se trataba de una protesta pacífica para mostrar su rechazo a las medidas que está adoptando el Gobierno a través de su Ministerio de Minería.

Caricari pidió el lunes al presidente del Estado que paralice la socialización de este Código Minero y convoque a los tres actores que están en la Constitución Política: las cooperativas, la minería asalariada y la minería privada. Los tres actores seamos convocados para que podamos trabajar este Código Minero.

Mientras que el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Oscar Chavarría, denunció que no fueron invitados a la redacción del documento y que la cumbre fue una “reunión de amiguitos”.

“Desde aquí decirle: renuncie, señor ministro, y, señor presidente, ponga a otro al cargo, porque este es el inicio de una lucha que va en defensa del sistema cooperativo y va en contra de un Código Minero que usted está imponiendo”.