Ratón y queso

Las noches en las que un país se acuesta con una institucionalidad y despierta preguntándose quién tiene realmente el poder. La noche del 30 de septiembre dejó esa sensación. Roger Mariaca, fiscal general del Estado, y Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, fueron aprehendidos en Viru Viru en un operativo cuyas circunstancias no habían sido esclarecidas oficialmente en las primeras horas. La propia Fiscalía cuestionó la actuación policial.

No escribo para declarar inocentes a Mariaca o Zeballos. Si existen indicios de delitos, deben ser investigados con toda la fuerza de la ley. Pero investigar no significa suspender la Constitución. El artículo 115.II de la CPE garantiza el debido proceso y la defensa; el artículo 116 protege la presunción de inocencia. Esas garantías existen precisamente para impedir que el poder convierta una sospecha en condena.

Y aparece la metáfora: ratón y queso.

El poder mira a la justicia como el ratón mira el queso. Sabe que debería guardar distancia, pero conoce el beneficio de acercar la mano. Por eso preocupa cualquier intento de subordinación del Ministerio Público. El artículo 225 de la Constitución establece que esta institución posee autonomía funcional, administrativa y financiera.

En estas horas también llegaron los “Uniteds”. Estados Unidos había impuesto restricciones de visa y formulado acusaciones contra autoridades bolivianas, entre ellas Mariaca. Puede controlar quién ingresa a su territorio y compartir información sobre posibles delitos. Pero una sanción migratoria estadounidense no es una sentencia boliviana. Una acusación extranjera tampoco sustituye una investigación ni una decisión judicial nacional.

Si Estados Unidos tiene pruebas, que las presente. Si Bolivia encuentra elementos suficientes, que investigue. Si corresponde una extradición, que se tramite conforme a los tratados y la ley. El ruido político nunca puede sustituir al expediente jurídico.

Lo ocurrido obliga a preguntar: ¿quién ordenó las aprehensiones?, ¿qué resolución las sustentó?, ¿qué delitos se atribuyen?, ¿qué autoridad jurisdiccional interviene? Preguntar eso no significa defender a una persona. Significa defender el Estado de Derecho.

Tampoco corresponde afirmar, sin documentos públicos, que el Ejecutivo “tomó” el Ministerio Público. Pero la presencia policial en dependencias fiscales, simultánea a la aprehensión de su máxima autoridad, exige una explicación inmediata. Una democracia no puede pedir confianza ciega cuando utiliza la fuerza del Estado.

La justicia no puede convertirse en botín político ni en instrumento diplomático. Hoy el nombre puede ser Mariaca; mañana, cualquier ciudadano. El debido proceso no es un tecnicismo: es la frontera entre justicia y abuso.

El Ministerio Público debe responder ante la ley. Sus fiscales también. Pero también la Policía, los ministros y el Ejecutivo. Nadie está por encima de la Constitución.

Cuando el ratón pone la mano sobre el queso, el problema ya no es solamente quién cayó esa noche. El verdadero problema es quién tendrá mañana el poder de decidir quién será el siguiente.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.