El magisterio gana sus batallas, Bolivia pierde su futuro

La confrontación entre el Gobierno y el magisterio boliviano por la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos vuelve a poner sobre la mesa un problema de décadas: la resistencia a modificar las estructuras del sistema educativo. Los maestros denuncian que transferir competencias a las gobernaciones puede debilitar la educación fiscal y abrir el camino a la privatización. El Gobierno plantea una reorganización, pero el debate se concentra en quién administra, no en qué educación reciben los estudiantes.

Desde 1958, los conflictos salariales y laborales consolidaron la capacidad de movilización y negociación del magisterio. Sin embargo, los cambios de gobierno y las reformas anunciadas no han logrado superar la confrontación ni construir políticas educativas de largo plazo.

La Reforma Educativa de 1994, aprobada mediante la Ley 1565 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, encontró una fuerte resistencia sindical. El magisterio cuestionó sus planteamientos y denunció una orientación neoliberal. Su aplicación enfrentó conflictos. En 2010, durante la administración de Evo Morales, se promulgó la Ley 070, que instauró el modelo educativo socio-comunitario productivo y estableció las Escuelas Superiores de Formación de Maestros como eje de la preparación docente.

La discusión actual también alcanza a la propuesta de incorporar profesionales universitarios a la enseñanza mediante programas de formación pedagógica especializada. Ingenieros, economistas, contadores y otros especialistas podrían enseñar materias relacionadas con sus conocimientos, siempre que acrediten competencias pedagógicas. El rechazo sindical se fundamenta en la existencia de maestros sin fuente laboral y en la defensa del escalafón. Son preocupaciones legítimas, pero ¿por qué excluir de las aulas el conocimiento especializado de otros profesionales?

No se propone sustituir a los maestros ni enseñar sin preparación pedagógica: dominar una disciplina y saber transmitirla son capacidades complementarias. Un ingeniero con formación pedagógica podría fortalecer Física o Matemáticas; un profesional en Informática aportaría conocimientos tecnológicos y un agrónomo, formación técnica productiva. Cerrar esas posibilidades por razones corporativas puede privar a los estudiantes de nuevas oportunidades de aprendizaje.

Los maestros tienen derecho a exigir salarios dignos, estabilidad y condiciones adecuadas. El problema aparece cuando la defensa de esos derechos ocupa casi todo el debate educativo. Las organizaciones sindicales demuestran capacidad para movilizarse contra decisiones gubernamentales, pero no siempre la misma determinación para exigir evaluaciones de desempeño, actualización profesional y compromisos verificables de mejora del aprendizaje.

Las dirigencias deben responder: ¿qué proponen para mejorar la comprensión lectora, el razonamiento matemático, la formación científica y las competencias digitales? ¿Cómo identificar y corregir deficiencias y reducir las diferencias entre escuelas urbanas y rurales? No basta con reclamar mayor presupuesto y más ítems. También corresponde discutir cómo se utilizan los recursos públicos y qué resultados obtiene la educación fiscal.

Bolivia no participa actualmente en PISA, evaluación de la OCDE que mide las competencias de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Tampoco tiene un sistema nacional consolidado para medir periódicamente los aprendizajes con indicadores comparables. Existen antecedentes de evaluaciones nacionales y participación en estudios regionales de la UNESCO, pero no han establecido una cultura permanente de medición y rendición de cuentas.

El Congreso Plurinacional de Educación de 2024 reconoció deficiencias en la formación docente y propuso fortalecer su evaluación. Según sus documentos, el 65% de los catedráticos de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros obtuvo calificaciones insuficientes en una primera prueba y el 79% en una segunda. Estos resultados corresponden a los evaluados, no al conjunto de maestros, pero evidencian la necesidad de revisar la preparación de quienes forman a los futuros docentes.

El perfil educativo 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo advierte que los aprendizajes están por debajo de los promedios regionales y que alrededor de siete de cada diez estudiantes concluyen la secundaria en el tiempo previsto. El país destina importantes recursos públicos a educación, pero no los convierte suficientemente en mejores resultados. La discusión no puede limitarse a cuánto se gasta, sino a qué se consigue.

La descentralización de los institutos tecnológicos debe evaluarse con criterios objetivos. Las gobernaciones podrían orientar la formación hacia las necesidades productivas regionales. Sin embargo, transferir responsabilidades sin garantizar financiamiento, equipamiento, infraestructura y estabilidad laboral solo trasladaría problemas. El Gobierno debe presentar estudios de costos y mecanismos de control, mientras los sindicatos deberían plantear alternativas en lugar de limitarse al rechazo.

El magisterio ha demostrado durante décadas que puede frenar, modificar o retrasar decisiones gubernamentales. En 2023, las movilizaciones contra la nueva malla curricular obligaron a negociar, aunque no suspendieron su aplicación. En noviembre de 2026, el rechazo a la descentralización logró detener temporalmente el anteproyecto y abrir mesas técnicas. Son victorias sindicales, pero no garantizan una mejora en la calidad educativa.

El país necesita maestros respetados, bien remunerados y preparados, y un sistema que evalúe su funcionamiento, reconozca el mérito e incorpore conocimientos para responder a los estudiantes. Defender la estabilidad laboral no significa defender la inmovilidad institucional; exigir presupuesto no exime de rendir cuentas; y proteger la educación pública no debería justificar el rechazo a cualquier reforma.

El Gobierno puede perder una negociación y el magisterio conseguir que una reforma sea modificada o archivada. Pero Bolivia pierde cuando sus niños y jóvenes terminan la escuela sin desarrollar capacidades para comprender, razonar, investigar e innovar. El magisterio puede ganar sus batallas sindicales, pero si la educación no mejora, el país seguirá perdiendo la batalla más importante: formar generaciones capaces de construir su futuro.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.