Aramayo explica que detrás de Mariaca existe una “arquitectura institucional” vinculada al encubrimiento de la delincuencia

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando desempeñaba funciones como fiscal departamental de Santa Cruz, no detuvo al narcotraficante Sebastián Marset, sino que le devolvió todos sus activos, lo que, desde su análisis, muestra toda una “arquitectura institucional” o sus estamentos vinculados con el encubrimiento a la delincuencia.

La autoridad se refirió a las acciones asumidas por el Gobierno del presidente, Rodrigo Paz, en la pasada semana, entre ellas, la captura de Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior, Martín Irusta, y el mayor de Policía Rubén Aparicio, quienes fueron imputados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias ilícitas y organización criminal.

Al respecto, consideró que es “indisimulable” e “incontrastable” lo que sostiene el Gobierno, cuando se refiere a lo que se hizo en los últimos 20 años de las gestiones de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce, quienes generaron un aislamiento “muy conveniente para no rendir cuentas, no compartir información y convertir el país en una especie de santuario para el narcoterrorismo, el crimen organizado internacional”.

Consideró que esto no se podía dar si no se podía actuar bajo el cobijo de la institucionalidad del Estado y, en ello, ha sido evidente un conjunto de actuaciones de diferentes entes del Estado boliviano, que han sido “hasta descarados”, en referencia a las actuaciones que tuvo Mariaca, cuando fungía como fiscal departamental de Santa Cruz.

“Él incluso no detiene a Marset, sino le devuelve todos sus activos, esto no se da si toda la arquitectura institucional completa o en sus estamentos de mayor decisión no están involucrados en estos ámbitos de confianza y encubrimiento”, afirmó a Radio Erbol.

La investigación a la exautoridad, explicó, no ha sido algo personalizado, no se ha focalizado en personas, sino en estas estructuras que en un primer momento fueron develadas con el arresto de Marset, las declaraciones incriminatorias que hizo y también en los 53 días se verifica que quienes estaban detrás de la intención de atentar contra el sistema democrático del país.

“En ese tiempo también surgieron un conjunto de contenidos que dieron cuenta de una arquitectura, de una estructura de narcoterrorismo que estaba yendo a desestabilizar nuestra democracia, ahí va surgiendo el señor Mariaca, no como el actor principal, sino toda una estructura en la que hay también mucha gente involucrada”, advirtió.

Aramayo dijo que el Gobierno lo viene diciendo de manera clara, que hay gente que ha estado financiando esa protesta, el narcoterrorismo contra el Estado ha sido evidente y continúa operando.

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“Hay gente que continúa operando en contra de la democracia y eso va a determinar que haya nuevas actuaciones, esta es la señal de que se va a realizar una limpieza total; ese es el trabajo que no va a ser de la noche a la mañana, pero es una decisión”, aseguró.

Consultado sobre una eventual demanda de extradición por parte de los Estados Unidos en contra del exfiscal general, informó que no hubo una conversación de manera tácita sobre ese tema, pero es evidente que las afirmaciones que se realizan en esta publicación del Departamento de Estado dan cuenta de una participación en flagrancia, en el ejercicio de sus funciones como Fiscal General del Estado, en el tiempo que era fiscal departamental de Santa Cruz.

El Departamento de Estado acusó a Mariaca de abusar de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia, lo que motivó que se le retire la visa.

Por lo tanto, manifestó que no debería extrañar que haya un proceso investigativo que se traduzca en una acusación y luego genere un diálogo sobre extradición. “Entonces, es un tema que no se descarta, ya hemos tenido temas de extradición reciente entre Bolivia y los EEUU”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que hay que analizar todos los casos, los argumentos que están por detrás y, naturalmente, que tenemos que priorizar nosotros como país aquellos aspectos que le puedan devolver institucionalidad, seguridad, la vigencia plena del Estado de derecho y, si en ese marco el pedido de extradición corresponde, entonces, naturalmente, lo vamos a analizar.

Para el ministro, la estructura delincuencial que se armó en 20 años no ha sido exclusiva de ese tiempo y se dio con el deterioro de la institucionalidad, la corrupción de la justicia, pero en este último tiempo “el haber hecho de este ámbito de la institucionalidad un santuario para la presencia de las estructuras del narcoterrorismo ha sido algo evidente”.

“No solo Mariaca es parte de esa estructura que viene desde tiempo atrás, si se analiza a fondo, la forma en la que se nombraron autoridades, (…) se fue enquistando una arquitectura de designaciones, nombramientos que, si bien han tenido ahora como principal líder al señor Mariaca y al resto de autoridades que son parte y que se irá conociendo en la fase investigativa, dentro hay una arquitectura que está enquistada, dentro y fuera de la institucionalidad judicial”.

No hay que ser ingenuos, sostuvo, esto no está solo en este ámbito institucional, sino que es una arquitectura que en las investigaciones que van a irse desarrollando se va a ir revelando de manera sustantiva.