En Entel detectan daño económico de más de Bs 52 millones en gestión de Óscar Coca; Transparencia activa proceso penal

En la telefónica estatal Entel se detectó un presunto daño económico de más de Bs 52 millones en la compra de 50.000 equipos de decodificación con la mitad de la capacidad requerida. Su expresidente Óscar Coca y otras exautoridades están identificados como denunciados en un informe de la Contraloría General del Estado.

Los equipos fueron adquiridos de la empresa COMTEC S.R.L., que los entregó con una memoria RAM de 512 megabytes, cuando el contrato establecía que debían tener 1 gigabyte. Una revisión de la documentación de la empresa determinó que esta fue una de las 52 contrataciones adjudicadas a esa firma.

Denuncia penal

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que fue presentada la denuncia penal respectiva contra las personas involucradas en este presunto daño económico al Estado, determinado por la Contraloría General del Estado, instancia encargada de vigilar que los recursos y bienes públicos se utilicen de manera correcta, legal y transparente.

Coca ejerció la presidencia de la empresa estatal Entel durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Ahora es, junto con el resto de gerentes, subgerentes nacionales y miembros de la comisión calificadora de la propuesta, uno de los denunciados por el presunto daño económico de más de Bs 52 millones en contra del Estado.

“Esto ha sido reportado a través de un informe emitido por la Contraloría General del Estado y ha motivado que el Viceministerio de Transparencia promueva la acción penal que se encuentra ya a cargo del Ministerio Público, acción penal que cuenta con un inicio de investigación y que está descrita en todos estos documentos que forman parte del cuaderno de investigación”, explicó.

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García informó que, en otro caso, el exgerente de Entel Elio Affid Montes Chávez y Marcelo Sebastián Dabdoub, exasesor estratégico, fueron condenados a ocho años de cárcel por los delitos de conducta antieconómica y negociaciones incompatibles.

Los exfuncionarios, junto con otros exejecutivos de su entorno de confianza, realizaron y autorizaron una serie de “gastos suntuosos” que generaron un daño patrimonial a la empresa por un total de Bs 1.758.278, de acuerdo con la investigación que concluyó con una sentencia condenatoria.