Exportadores, forestales y senadores plantean vías para trasladar carga y evitar nuevas incautaciones basadas en IA en Chile

Empresarios exportadores y forestales, además de senadores, se encuentran ante la disyuntiva de buscar alternativas a los puertos de Chile, debido a que la Ley 20.000 se aplica en todos los puertos y establece que, ante una huella de sustancias controladas en las cargas, los productos de exportación deben ser incinerados.

Esta situación se da debido al caso de las 1.080 toneladas de madera incautadas en el puerto de Arica. Según los empresarios, el Instituto de Salud Pública (ISP) de ese país utilizó inteligencia artificial para elaborar un algoritmo que identifique las cargas que podrían estar contaminadas con sustancias controladas.

Con la aplicación de ese algoritmo, procedieron a incautar la madera de 23 empresas bolivianas, que se prevé sean incineradas, como dispone la Ley 20.000, que regula las acciones del ISP. A consecuencia de estas acciones, las empresas exportadoras de madera tuvieron que enfrentar pérdidas millonarias, mercados y despidos de decenas de trabajadores.

A raíz de esta política del vecino país, comenzaron a surgir propuestas de las organizaciones que aglomeran a los exportadores, ante el riesgo de que esa política se aplique a todos los productos que son exportados por los puertos chilenos, como Arica, Iquique, Antofagasta y Mejillones, entre ellos, la soya, café, minerales, productos manufacturados, entre otros.

Una de las propuestas fue planteada por el presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia, Oswaldo Barriga, quien sostuvo que, a raíz de los perjuicios provocados al sector, se debe definir una estrategia que les permita utilizar vías alternas a Arica. Entre ellos mencionó los puertos de Perú y las hidrovías, para que la carga pueda moverse no solamente por esa vía.

Bolivia, además de los puertos de Chile, moviliza su carga por los puertos peruanos de Ilo, Matarani y el Megapuerto de Chancay; a través de las salidas por el océano Atlántico e hidrovías, entre ellas, Paraguay-Paraná, Puerto Aguirre y Puerto Jennefer, Puerto Busch; y por los puertos de Argentina, Uruguay y Brasil.

A esa propuesta se sumó la Cámara Forestal de Bolivia, cuyo gerente general, Walter Rioja, recomendó a los afiliados no exportar madera por Arica, debido a las pérdidas económicas ocasionadas al sector.

“La incautación ha provocado que se paralice 30 millones de dólares, un efecto a la economía, si se sigue exportando por Arica, bueno esa va a ser una decisión de las empresas, pero viendo lo que hemos visto, no es conveniente, no se aconseja exportar por Arica, para ningún sector de la economía y está muy complicada la situación”, afirmó a Radio Fides.

Cuestionó la relación bilateral que se busca con el cambio de Gobierno, pero claramente, “si va a ser este tipo de relación la que que vamos a tener con Chile, quizá lo conveniente sea volver a como estábamos antes”.

Rioja consideró que un error cometido por las instituciones de ese país ha llevado al punto de “condenar a empresas, antes de emitir un juicio de valor, no les han dejado siquiera defenderse”.

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Esperemos que esto sirva como llamado de atención para todos los sectores de la economía boliviana que exportan por Arica, que analicen la posibilidad de exportar por otros puertos, para que algo similar no les pase a ellos. “Imagínense si esto se hubiese pasado a la soya, minerales, productos manufacturados, en un momento en el que no podemos permitirnos exportar un solo dólar”, advirtió.

Pero la preocupación no queda ahí. La comisión de senadores que viajó hasta el vecino país para verificar la situación de la madera incautada dio con mayores elementos, como la Ley 20.000, que regula las actividades del ISP. Con ello, toda la carga de exportación boliviana podría ser retenida, con la aplicación de ese algoritmo que identifica a los productos que son susceptibles de contener sustancias controladas.

El presidente de esa instancia legislativa, Nicanor Cochi, informó que, después de las primeras informaciones del fiscal de Arica sobre la cantidad de 108 toneladas de cocaína impregnadas que contenían las 1.080 toneladas de madera, la situación cambió.

Informó que le preguntó al fiscal y al delegado presidencial sobre las 108 toneladas de cocaína encontradas en la madera y la respuesta fue que “ha cambiado el panorama porque el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, manifestó que tenía trazas de cocaína, ketamina, o sea, un montón de sustancias”.

“No existe una prueba que nos puede mostrar, se lo he anticipado yo diciendo, muéstreme usted, por lo menos, de toneladas hablando, un quintal, una arroba media, un kilo, se quedaron quietos, y yo le dije ahí mismo, no existe tal impregnación, ustedes deben cambiar e rumbo de la investigación que están haciendo una, una acusación falsa a los empresarios bolivianos”, afirmó, en entrevista con Radio Fides.

Cochi sostuvo que están desesperados en desarmar las pruebas porque no tienen otra más prueba. “Si llegamos a un proceso internacional, apuesto que vamos a solicitar que se haga otra... Bueno, aquí el tema de la señal también está realmente terrible. El tema de la señal está realmente terrible.

El senador consideró que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, debería pedir una explicación al mandatario chileno, José Antonio Kast, quien se prevé que llegará el 18 de octubre al país. Al respecto, el entrevistado advirtió que no será bienvenido, porque hay mucha gente afectada por las decisiones asumidas por la Fiscalía de Arica, que provocó el cierre de empresas y trabajadores despedidos.

“Más allá de lo que esta puede pasar, para mí, los empresarios tienen que buscar ya otras salidas alternativas, porque han empezado a ofrecer otros puertos (…) para que la carga vaya por ahí, pero no cambiamos el tema, ¿no es cierto? Es el mismo tema, hablar de Chile es el mismo lugar de Chile, o sea, no va a haber que cambien, ¿no? La ley 20000 es en todo Chile”, advirtió.

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Cochi dijo que las empresas tienen que pensarlo bien y ver otras alternativas de salidas con sus cargas bolivianas, ya que Arica mantiene el Estado boliviano con un 75% de las cargas entre exportación e importación. Yo creo que el presidente boliviano debía mostrar esta preocupación.

La senadora Marcela Guerrero sostuvo que las noticias no son muy alentadoras. La comisión de seis senadores vio los procedimientos que se aplican en los puertos de Arica y Parinacota, que son estratégicos para Bolivia.

“Es increíble el daño que nos han hecho, porque en este momento puedo afirmar que nuestras empresas madereras del país están sufriendo una injusticia”, manifestó.

Jorge Moreira, gerente de Express Wood Capi, por su parte, dijo que lo que viven en estos momentos las empresas afectadas con las decisiones del vecino país es una pesadilla. En mi caso, desde marzo, desde mediados de marzo con este problema, y hay empresas que están tropezando este problema desde enero”, informó.

Sostuvo que no hay más contenedores en el puerto, por el bloqueo que ha habido a comienzos de mayo. Si hubiera habido paso, ahora habría 120 contenedores retenidos y no los 45 que se encuentran actualmente.

Estas acciones se basan en la inteligencia artificial y el algoritmo que han creado. Explicó que, si una empresa vende madera, por ejemplo, en Europa, y el comprador compra la madera a otro proveedor aquí en Bolivia, y el proveedor compra o vende a este vendedor, todos son narcotraficantes.

Es tan sencillo eso lo que hablan, que si yo, por ejemplo, le vendo a un comprador, en mi caso, digamos, de Europa, y este, mi comprador, le compra a otro proveedor aquí de Bolivia, el proveedor que también le compra o le vende a este vendedor, y yo somos narcotraficantes.

“Ellos han armado una red, que dicen tener una red de narcotraficantes, donde deberían haberse empezado por acusaciones y por investigaciones hasta en los países de destino. Ellos no hacen ninguna investigación, no hacen ninguna acusación, y lo que están haciendo es quemar madera”, manifestó.

Ahora, ¿qué pasa con la ley 20000 y la sutileza en la que dicen que las trazas son cuestionables como para que puedan quemar la madera? La ley 20.000 habla, si encuentran en algún lugar un kilo, dos kilos, una tonelada, lo que sea, y eso es lo que tienen que quemar.

En nuestro caso, no pueden demostrar moléculas ni partículas que existen, porque a eso se refieren las trazas que pueden haber llegado ahí de diferentes maneras, por los mismos contenedores, por el manejo, por el acullico, dijo.

Vamos a partir de que a nosotros nos han denunciado con inteligencia artificial, no con pruebas evidentes, no han sacado uno, dos, tres kilos, han encontrado cosas con inteligencia artificial, y lo manifiesta el bendito fiscal Carrera, sostuvo Moreira.

Con ese antecedente, advirtió que con la inteligencia artificial van a empezar a detectar que hay productos, que también van a contener droga, pueden ser soya, café, minerales, y se empiece a generar una suspensión de cargas por la aplicación de la Ley 20.000.

Por lo tanto, planteó que es momento para que el Gobierno, la Cancillería, haga algo, busque una solución lo más antes posible, inclusive antes de la llegada de Kast.