Inaudito

“No hay gobierno que no pueda acabar con la delincuencia, si no lo hace es porque la delincuencia ya es parte del gobierno”. Comienzo esta columna con una frase lapidaria del Presidente Nayib Bukele.

Esta frase dio vueltas por mi cabeza al pensar en la “republiqueta del Chapare” donde el Estado parece no tener pisada. Pero ahora, creo que puede aplicarse  más a últimas noticias de la minería ilegal que sorprende y mucho.

En Potosi ( Cuenca del rio Tagoni, Pocoata) se “descubre” (valga el término) 500 personas en campamento, operando casi 200 volquetas y 100 retroexcavadoras en explotación ilegal de oro. Una comisión descubre un rio destrozado y cerros horadados en la búsqueda desesperada del vil metal, con un saqueo de 1,5 toneladas del metal amarillo.  Una operación muy grande, por donde se la vea, con daños ambientales irreversibles en aquella área.

En el norte de La Paz, también la minería ilegal aurifera, destruye la biodiversidad, contamina el agua y afecta gravemente la vida de pueblos originarios  por el uso indiscriminado de elementos químicos como el mercurio.

La AJAM parece no exigir requisitos ambientales a empresas consolidadas y legales y, peor aún, a “empresas” ilegales formadas por grupos irregulares que lindan con la delincuencia.

En el caso paceño, esto ya viene de muchos años atrás. En el caso potosino también, aunque parece haberse descubierto recién ¿Muy extraño, verdad?

Extenso territorio

Bolivia tiene 1.098.581 kilometros cuadrados de territorio para una poblacion de 11. 312.620 habitantes (censo 2024), lo que da un promedio de casi 11 habitantes por cada kilometro cuadrado.

Claro que de los 11 millones, una gran mayoría viven apretujados en las tres ciudades del eje y las otras capitales departamentales, por lo que existen, todavía, grandísimas extensiones vacías de habitantes ¿justificará esto el no poder notar operaciones ilegales en el territorio?

Claro que no. Dados los tiempos que corren, los satélites (incluyo al Tupac Katari), además de los drones, los helicópteros y aviones de nuestra Fuerza Aerea bien podrían vigilar el territorio para advertir operaciones ilegales, ántes de oxidarse en los hangares.

Pero dejando a un lado la candidez. En un mundo ya globalizado y dominado por redes sociales no puede taparse el sol con un dedo y, seguramente, lo de Potosí era un secreto a voces.

 Para movilizar tantas volquetas y retroexcavadoras varios caminos llegan al lugar y, se dice que hay cadenas para evitar el paso de vehículos extraños. Vaya y pase con una empresa como San Cristobal (totalmente legal, por cierto) pero no con “empresas” ilegales, sin licencias ambientales ni licencias de explotación ¿Quién controla todo esto?

Parafraseando a Bukele, lo que pasa es que la delincuencia y/o la ilegalidad ya es parte del gobierno, por eso los encargados de controlar la minería hacen de la vista gorda a cambio de algunas dádivas.

La AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) deberá concentrar mayores esfuerzos, en coordinación de otras entidades, para verificar denuncias en todo el territorio nacional y así poder controlar y desarticular actividades no autorizadas, atendiendo a las comunidades afectadas.

El respeto a los recursos naturales, el medio ambiente y el respeto a los habitantes de aquellos lugares es exigido por normativas de la AJAM (al menos en teoría) y debe respetarse. Más aún cuando el gobierno impulsa la política de Cero Corrupción. Lo contrario sería dar la razón a lo expresado por el presidente salvadoreño.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.