Juan Del Granado presenta proyecto de ley para fortalecer la fiscalización parlamentaria

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, presentó este martes un proyecto de Ley de Fiscalización Parlamentaria que busca fortalecer el control de la gestión pública mediante mecanismos, procedimientos y sanciones para el ejercicio de esta atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La propuesta, que cuenta con el apoyo de los diputados Ruddy Pantaleón, Horacio Calisaya, Sergio Vásquez, Yazmín Guizada y Lily Zurita, busca establecer un marco jurídico integral para mejorar la atención de los requerimientos de información, hacer seguimiento a los resultados de la fiscalización y determinar responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones de autoridades, instituciones y entidades sujetas al control parlamentario.

Del Granado explicó que la iniciativa pretende superar las limitaciones actuales en el ejercicio de esta atribución constitucional, incorporando instrumentos que permitan no solo solicitar información, sino también verificar hechos, evaluar la gestión pública y hacer seguimiento a los resultados de las actuaciones fiscalizadoras.

“Con esta propuesta se busca consolidar una fiscalización permanente, objetiva, técnica, transparente y responsable, fortaleciendo la rendición de cuentas y el control democrático, sin afectar la separación de órganos ni las competencias constitucionalmente asignadas a otras instituciones del Estado”, explicó el legislador.

Entre los principales componentes del proyecto está la incorporación de un sistema integral de instrumentos de fiscalización, que contempla investigaciones parlamentarias, inspecciones, auditorías legislativas, peticiones de informe escrito y oral, interpelaciones y mecanismos de rendición de cuentas. Estos instrumentos podrán aplicarse de manera independiente o concurrente, según la naturaleza y gravedad de los asuntos examinados.

La propuesta también plantea fortalecer la participación ciudadana mediante denuncias, audiencias públicas, plataformas ciudadanas de fiscalización y observatorios sociales, con el propósito de facilitar el control social sobre la gestión pública. Sin embargo, la decisión sobre el inicio y desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras permanecerá en las instancias legislativas.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un Sistema de Fiscalización Parlamentaria Permanente, destinado al monitoreo continuo de la gestión pública mediante registros digitales, indicadores de cumplimiento, evaluaciones periódicas de políticas públicas e informes de carácter público.

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Garantías y límites del control parlamentario

La iniciativa establece garantías para las autoridades sujetas a fiscalización, entre ellas el derecho a conocer los hechos observados, presentar descargos y pruebas, y recibir pronunciamientos debidamente fundamentados. Para ello, incorpora el debido proceso, la objetividad y la proporcionalidad como principios que deben orientar las actuaciones parlamentarias.

El proyecto también delimita el alcance de la fiscalización para evitar que esta sustituya las competencias constitucionales y legales de otros órganos e instituciones del Estado. De esa manera, busca preservar la separación de órganos, la independencia funcional y las atribuciones jurisdiccionales, electorales y constitucionales que corresponden a las instancias competentes.

Del Granado sostuvo que la fiscalización parlamentaria es una herramienta fundamental para el control democrático del poder público y la exigencia de rendición de cuentas. Por ello, consideró necesario contar con procedimientos claros y mecanismos efectivos para su aplicación.