Cinco claves del caso radares: siete modificaciones contractuales, 11 equipos observados y millonario daño económico

El caso por la compra de 13 radares volvió a la palestra pública y a los estrados judiciales tras la aprehensión del exministro de Defensa Edmundo Novillo, quien posteriormente fue beneficiado con detención domiciliaria. El proceso se remonta a 2016, cuando Bolivia adquirió, durante el gobierno de Evo Morales, los 13 equipos. El proyecto pasó por tres administraciones presidenciales y cuatro gestiones ministeriales. La ejecución, que debía completarse en 31 meses, se prolongó durante casi ocho años. Una auditoría identificó observaciones técnicas en 11 equipos y motivó una denuncia penal contra 19 personas.

El contrato de compra fue suscrito el 23 de agosto de 2016 con la empresa francesa Thales Air Systems por 191.074.809 euros. Sin embargo, tras siete modificaciones contractuales, el proyecto terminó bajo investigación por un presunto daño económico superior a Bs 1.478 millones, debido a que la implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA) no llegó a concretarse.

Estas son las cinco claves para entender el caso:

1. Una inversión de más de 191 millones de euros

El proyecto SIDACTA fue contratado durante el gobierno de Morales mediante un acuerdo con la empresa francesa Thales Air Systems por 191.074.809 euros. La adquisición contemplaba 13 radares, centros de mando y control, sistemas de comunicación, software especializado, infraestructura, capacitación y transferencia tecnológica.

El objetivo era mejorar el control del espacio aéreo nacional, identificar aeronaves y fortalecer la capacidad estatal para detectar vuelos irregulares, incluidos aquellos vinculados con actividades ilícitas.

2. Tres gobiernos y cuatro exministros involucrados

El caso radares se originó durante el gobierno de Morales, en 2016, y tuvo actuaciones posteriores durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) y la administración de Luis Arce (2020-2025). En ese periodo, cuatro ministros de Defensa intervinieron en distintas etapas de la ejecución contractual.

Durante el gobierno de Morales, el exministro Reymi Ferreira firmó el contrato original y las dos primeras modificaciones. Le sucedió en el cargo Javier Zavaleta, también durante la administración de Morales, quien suscribió la tercera y cuarta modificaciones.

Durante el periodo de transición, Luis Fernando López asumió el Ministerio de Defensa y firmó la quinta modificación. En tanto, Edmundo Novillo, quien asumió esa cartera durante el gobierno de Arce, suscribió la sexta y séptima modificaciones.

Ferreira, Zavaleta, López y Novillo fueron incluidos en la denuncia penal presentada por el Gobierno en octubre de esta gestión por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes e incumplimiento de contratos.

3. Siete modificaciones al proyecto original

El contrato para la adquisición de los radares establecía un plazo de ejecución de 31 meses y fijaba mayo de 2019 como fecha prevista para la entrega. Sin embargo, de acuerdo con la auditoría y una nota de la Contraloría General del Estado, se suscribieron siete modificaciones contractuales. La entrega definitiva fue reprogramada para diciembre de 2024, pese a que inicialmente estaba prevista para mayo de 2019.

No obstante, el plazo volvió a incumplirse y la entrega definitiva no llegó a concretarse, lo que dejó un retraso de casi ocho años desde la firma del contrato original.

4. Once de los 13 radares presentaron observaciones

Entre los principales hallazgos técnicos, según la Contraloría General del Estado, se identificaron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: dos operaban sin observaciones, nueve presentaban observaciones y otros dos se encontraban fuera de servicio.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la auditoría interna identificó un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones. Por este motivo, el Gobierno presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público el pasado 15 de octubre.

5. Una denuncia contra 19 personas

El pasado 15 de octubre, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el procurador general del Estado, Hugo León Lafaye, presentaron una denuncia penal contra 19 personas por presuntas irregularidades en el proyecto.

El caso tuvo un nuevo episodio el 29 de octubre, cuando Edmundo Novillo, exministro de Defensa, fue aprehendido después de presentarse a declarar ante la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva. Sin embargo, durante su audiencia de medidas cautelares, realizada el 30 de octubre, la Justicia determinó su detención domiciliaria.

Novillo rechazó las acusaciones y afirmó ser inocente en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. También cuestionó el informe de auditoría y defendió las actuaciones realizadas durante su gestión respecto al proyecto.