Rodrigo Paz cumplió un año en Bolivia con aciertos económicos y cuestionamientos políticos

Santa Cruz/ Sputnik

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplió el 8 de noviembre su primer año de gobierno con medidas para estabilizar la economía, pero con reformas aún pendientes en medio de cuestionamientos políticos y judiciales, mientras promete una recuperación económica para 2028.

Entre las medidas adoptadas figuran la eliminación de los subsidios a los combustibles y la flexibilización del tipo de cambio, mientras que aún quedan por concretar reformas anunciadas en sectores estratégicos, la reducción del gasto público y cambios en el sistema judicial.

Los economistas Cristian Aramayo, presidente de la Fundación Gobierno Abierto, y René Martínez, analista de presupuesto público de la Fundación Jubileo, reconocen avances económicos, pero cuestionan la demora en la aplicación de las reformas.

Por su parte, el diputado Edgar Zegarra, de la alianza opositora de derecha Libre, reprueba la gestión de Paz por la falta de soluciones a los problemas estructurales del país.

Paz llegó al poder tras ganar el inédito balotaje del 19 de octubre de 2025 con el 54,6 por ciento de los votos, después de casi dos décadas de gobiernos de izquierda encabezados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Su principal tarea ha sido ejecutar un criticado ajuste económico, con un financiamiento de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la intención de captar otros 5.000 millones de dólares de organismos internacionales.

"El Gobierno nacional, en su primer año, ha emitido muchas señales. Sí, está orientado levemente hacia una dirección correcta, pero lo que está fallando, y mucho, es la implementación de aquellos anuncios que ha realizado", evaluó Aramayo en entrevista con la Agencia Sputnik.

El economista indicó que el mandatario recibió una economía "totalmente devastada" y con una "bomba de tiempo" en materia inflacionaria: en 2025, la inflación cerró en el 20,4 por ciento y la economía se contrajo un 1,58 por ciento.

"En primer lugar, en lo que viene a ser control de la inflación, tiene una muy buena nota el Gobierno nacional, particularmente la gestión del Banco Central", resaltó.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia registró una inflación del 2,07 por ciento en octubre, mientras que la acumulada entre enero y ese mes alcanzó el 6,03 por ciento.

El Gobierno anunció en 2025 un paquete de reformas en sectores como hidrocarburos, inversión extranjera, energía y minería, pero varias de las iniciativas aún no se concretaron y algunos proyectos permanecen en trámite en la Asamblea Legislativa.

El Ejecutivo comenzó a retirar la subvención al diésel en agosto de 2026, cuando estableció un precio diferenciado para los grandes consumidores.

En septiembre, extendió la eliminación del subsidio a todos los usuarios y fijó inicialmente el litro en 17,95 bolivianos, frente a los 9,80 anteriores, mediante un mecanismo vinculado a los costos internacionales de importación.

Aramayo consideró que, si el Gobierno hubiera aplicado desde sus primeros meses de gestión medidas como la eliminación completa de los subsidios al diésel y la gasolina, la reforma de la legislación laboral, la reducción de impuestos y la flexibilización de las regulaciones para atraer inversiones, la situación económica del país podría ser muy diferente en la actualidad.

Por su parte, Martínez coincidió en que al Gobierno le llevó tiempo poner en marcha las transformaciones que requería el país, en un contexto marcado por el desabastecimiento de combustibles, la escasez de divisas y el aumento de los precios de los alimentos.

Según el economista, durante los primeros meses de gestión la población mantuvo expectativas de que las medidas de ajuste y recuperación de la producción se aplicarían rápidamente.

En junio de 2026, Bolivia comenzó a aplicar un régimen cambiario flexible, que sustituyó al sistema de tipo de cambio fijo vigente durante casi 15 años.

Bajo el nuevo esquema, el Banco Central de Bolivia (BCB) determina diariamente el tipo de cambio oficial del dólar a partir de las operaciones realizadas por las entidades bancarias.

"La flexibilización del tipo de cambio y la eliminación de la subvención a los hidrocarburos se han realizado. Existe el compromiso de bajar el gasto público, porque todavía no se lo ha hecho y es una tarea pendiente que Paz postergó en su primer año. Esperamos que en el siguiente año lo haga y esté en el acuerdo con el FMI", evaluó para esta agencia.

Martínez advirtió que el ajuste económico no será suficiente para reactivar la actividad productiva; según proyecciones de organismos internacionales, la economía boliviana se contraerá un 1,28 por ciento en 2026 y crecerá un 1,5 por ciento en 2027.

"De la crisis no solamente se va a salir haciendo el recorte o el ajuste, sino que se requiere también un planteamiento, una visión de desarrollo y políticas para los diferentes sectores. Para la economía real en general, para la parte productiva, pero también para los diferentes sectores", apuntó el economista.

En su criterio, Bolivia saldrá de la actual crisis cuando mejoren los niveles de producción de los sectores hidrocarburífero, minero, agropecuario e industrial, lo que permitiría incrementar las exportaciones.

En el caso del gas, advirtió que desarrollar nuevos proyectos puede llevar al menos siete años.

Martínez también recomendó a Paz evitar los cálculos políticos de cara a una eventual reelección en 2030 y concentrarse en las medidas económicas pendientes.

"No es momento para cálculos políticos. Es una situación muy compleja. A quien le hubiera tocado, sabía que tenía un desafío muy grande. Son medidas necesarias, pero impopulares las que tienen que hacerse sí o sí. Entonces, ahí la parte política debería estar a un lado", dijo.

Cuestionamientos políticos y judiciales

Desde la alianza opositora de derecha, el diputado Zegarra reprobó el primer año de gestión de Paz al considerar que no se priorizaron las medidas para estabilizar la economía ni las políticas sociales.

"El poder Ejecutivo y Legislativo han tenido un año de reprobación. Digo esto porque en realidad no se han hecho leyes que lleguen al estómago y al bolsillo de la gente. No hubo leyes sociales que vayan a paliar la crisis económica. No hubo leyes que vayan a solucionar el problema estructural de la justicia", criticó en entrevista con esta agencia.

El legislador también cuestionó la situación del sistema judicial, al que consideró afectado por la corrupción y la influencia de actividades ilícitas.

Como ejemplo, mencionó el caso del fiscal general Roger Mariaca, a quien EEUU le restringió el visado el 28 de septiembre por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.

También se refirió al caso del asesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, quien trabajó para varios presidentes de derecha en Sudamérica y se encuentra detenido en Bolivia en el marco de una investigación por un presunto intento de feminicidio de su pareja.

El caso puso bajo la lupa su amplia influencia en el Gobierno.

"Lo que se ha visto es mucho robo descarado y cínico de autoridades que están en el Poder Ejecutivo. Hay un pillaje único, hubo solamente cambio de ladrones en algunas instituciones y eso es lo que ha generado un malestar total en el país", cuestionó.

Zegarra también reconoció la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, a la que criticó por aprobar normas que consideró irrelevantes frente a las necesidades de la población.

"Hemos hecho leyes tan triviales que parece una burla al país; por ejemplo, en vez de ver la crisis de los bolivianos hemos declarado al chambergo (dulce típico), a la ratafía (licor dulce), a la chicha (bebida de maíz) patrimonios del país", lamentó.

Para 2027, el legislador propuso que las alianzas Unidad y Libre, ambas de derecha, y el oficialista Partido Demócrata Cristiano impulsen una agenda común para abordar los problemas estructurales del país en los ámbitos político, social, económico y judicial.

Gobierno destaca avances

Desde el Gobierno, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, destacó tres aspectos de la gestión de Paz: las medidas de ajuste económico, la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de las relaciones internacionales de Bolivia.

"Muchas decisiones difíciles han sido asumidas, porque había que ordenar la casa. En el ámbito económico se han tenido que tomar decisiones importantes", resumió Gálvez al canal estatal Bolivia TV.

El portavoz defendió la necesidad de "sincerar la economía" mediante la adopción de un tipo de cambio de referencia para el dólar, sujeto a la oferta y la demanda.

La situación económica también está condicionada por la caída de la producción de hidrocarburos.

Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, las reservas de gas natural descendieron a 3,7 billones de pies cúbicos en marzo, uno de sus niveles más bajos.

Bolivia importa el 86 por ciento del diésel y el 56 por ciento de la gasolina que consume, debido a su limitada producción interna de combustibles líquidos.

En materia de seguridad, el Gobierno destacó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, y su posterior expulsión a EEUU.

Gálvez también resaltó la reinserción internacional del país bajo la política de "Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia", y mencionó la visita oficial del presidente chileno, José Antonio Kast, así como la participación boliviana en el Foro Económico Mundial de Davos y en un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), celebrado en Panamá.

El portavoz también admitió que el Gobierno tiene numerosas tareas pendientes y señaló entre las más urgentes una reforma judicial que permita construir un nuevo sistema de justicia y brindar mayor seguridad a la población y a la comunidad internacional.